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Educación

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Las políticas de reforma educativa iniciadas en los años noventa han producido avances importantes, pero persiste un rezago importante en el acceso a la educación preescolar y la secundaria (7°-12° grado). También persiste el reto de mejorar la calidad y la igualdad de oportunidades que los adolescentes tienen para entrar y permanecer en la escuela hasta completar la secundaria. Por otra parte, el incremento de la cobertura en la escuela primaria ha hecho más evidente la urgencia de avanzar en la reforma de la educación secundaria.
En el contexto de la transición democrática, en la sociedad ha crecido la incertidumbre acerca de cuál es el rumbo de la política educativa. En estas circunstancias, se anunció la revisión del Plan Nacional de Educación 2021 (Plan 2021); y, posteriormente, se presentó el Plan Social Educativo (PSE): “Vamos a la Escuela” 2009-2014 del Ministerio de Educación (MINED). Este último, sirvió de insumo para definir las políticas públicas para este sector del Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 (PQD) elaborado por la Secretaría Técnica de la Presidencia. El PSE y el PQD definen la política educativa vigente, pero al examinar sus contenidos se encuentran coincidencias y diferencias interesantes.
Para cumplir con las metas educativas nacionales e internacionales de mediano y largo plazo, se requiere voluntad política, un plan de educación con amplio respaldo social e invertir más recursos de una manera más eficiente. Más allá de la voluntad, la capacidad que tienen los gobiernos para satisfacer los requerimientos financieros de la educación depende, en última instancia, del dinamismo de la economía y la sostenibilidad fiscal.
La educación constituye un elemento esencial para combatir la pobreza, generar oportunidades de desarrollo y posibilitar que todas las personas tengan la vida que desean. Recientemente se ha discutido un proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos, el cual merece un análisis desde la perspectiva jurídica, ya que ante un fenómeno de esta categoría surge el debate sobre la necesidad de nuevas normas o la urgencia de nuevos programas de trabajo.
En los últimos años ha sido notorio el incremento de la criminalidad y la inseguridad; y, esta situación puede repercutir negativamente en el sistema educativo. La gravedad y prevalencia de la epidemia de violencia en el país es comprobable al observar que la tasa de homicidios aumentó de aproximadamente 51.9 a 70.6 por cada cien mil habitantes de 2008 a 2009. Los casos de violencia que afectaron a las escuelas durante el primer trimestre de 2010, son señales de alarma para impedir que la inseguridad entre en las instituciones educativas. Durante este período, se reportaron al menos 58 casos de violencia que afectaron el ámbito escolar. Lo alarmante es que, a pocos meses de haber iniciado el año escolar, ya se cuentan cinco docentes y veintiséis estudiantes asesinados. Estos últimos representan más del doble del número acumulado de homicidios a escolares que fue reportado al mes de junio de 2009, indicando una correlación positiva con el aumento de la violencia en el país.
"El presente boletín es un esfuerzo de iniciar un debate a nivel nacional sobre el futuro de las profesiones jurídicas en El Salvador, a la luz de los problemas actuales, los cuales no han sido debidamente atendidos. "
Es el objetivo de este informe el de reflexionar sobre cómo la educación ha sido un motor para el crecimiento económico a nivel mundial, estudiar los retos que confronta la educación Salvadoreña, y el establecer recomendaciones de políticas públicas para la nación que se pueden deducir a partir de las experiencias globales en esta área.
En este informe se explica cuál es la visión de Fusades acerca de la educación y se hace un recuento de las políticas públicas que la fundación ha propuesto para este sector desde 1985. Posteriormente se reflexiona sobre los principales avances y desafíos de la educación salvadoreña en la actualidad y se señala cuáles son las nuevas prioridades de atención. Al final se presenta una serie de recomendaciones de políticas públicas agrupadas por área de acción, las cuales indican hacia donde deben orientarse los esfuerzos de reforma educativa en los próximos cinco años.
En la primera parte de este estudio, se examinó el contenido y la estructura de la nueva “Ley de protección integral de la niñez y la adolescencia”.

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