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Estado de Derecho e Institucionalidad

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Art. 176.-“ Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo”.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cumple un papel constitucional determinante en la calidad de la justicia en El Salvador.
El Decreto Legislativo no. 412 aprobado por la Asamblea Legislativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, en la medida que agrega una sanción y limitación para la crítica política que no está justificada en la Constitución.
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del ÓrganoLegislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poderdel Estado.
La nueva situación de inestabilidad institucional es, en realidad, la continuación de una serie de atentados contra la justicia constitucional, ahora en el campo judicial.
La Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizados por la legislatura 2003-2006 y 2009-2012, ante lo cual varios diputados manifestaron que no harían caso de los fallos, y presentaron un recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia.
El 14 de octubre del 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección del abogado Salomón Padilla como Magistrado y Presidente de la Corte Suprema de Juscticia, porque su “afiliación partidaria y sus fuertes vínculos de confianza” con el partido FMLN vulneran la Constitución.
Uno de los retos de Centroamérica es impulsar la consolidación del proceso de integración centroamericana, el cual permita el desarrollo social, cultural, económico y político como región, maximizar las oportunidades y crear una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
En el presente documento, se harán algunas valoraciones sobre dos situaciones coincidentes que se han presentado en la actual coyuntura y que impactan en el Estado de derecho, en medio de una campaña electoral para las elecciones presidenciales.
El 18 de septiembre de 2012, termina el periodo de elección del Fiscal General de la República y la Asamblea Legislativa debe designar a su sucesor, luego de que, en marzo, la Asamblea decidó hacer un nombramiento anticipado que fue declarado como inconstitucional.

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