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Estado de Derecho e Institucionalidad

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El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado.
En los últimos dos años, la Sala de lo Constitucional ha emitido abundante y detallada jurisprudencia sobre las elecciones de segundo grado, las cuales son aplicables a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Decreto Legislativo no. 412 aprobado por la Asamblea Legislativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, en la medida que agrega una sanción y limitación para la crítica política que no está justificada en la Constitución.
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del ÓrganoLegislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poderdel Estado.
La nueva situación de inestabilidad institucional es, en realidad, la continuación de una serie de atentados contra la justicia constitucional, ahora en el campo judicial.
Recientemente ha habido leyes que se han aprobado por la Asamblea Legislativa con dispensa de trámites, y de manera sorpresiva e inconsulta. La regulación de la dispensa de trámites en el proceso de formación de ley aparece contenida en el art. 76 RIAL.
El art. 248 de la Cn. en sus incisos primero y segundo, regula la reforma constitucional de la siguiente forma. “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los diputados electos. Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de dos tercios de los diputados electos.”
En el Art.131 numeral 19 de la Constitución se establece que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública al Fiscal General de la República.
El 17 de julio de 2009, tomaron posesión de sus cargos cuatro nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional. A partir de ahí se implementaron algunas políticas administrativas relacionadas con transparencia y eficacia.

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