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Estado de Derecho e Institucionalidad

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Uno de los retos de Centroamérica es impulsar la consolidación del proceso de integración centroamericana, el cual permita el desarrollo social, cultural, económico y político como región, maximizar las oportunidades y crear una región de paz, libertad, democracia y desarrollo.
En el presente documento, se harán algunas valoraciones sobre dos situaciones coincidentes que se han presentado en la actual coyuntura y que impactan en el Estado de derecho, en medio de una campaña electoral para las elecciones presidenciales.
El 18 de septiembre de 2012, termina el periodo de elección del Fiscal General de la República y la Asamblea Legislativa debe designar a su sucesor, luego de que, en marzo, la Asamblea decidó hacer un nombramiento anticipado que fue declarado como inconstitucional.
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del ÓrganoLegislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poderdel Estado.
Los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República nombrados para 2011-2014, cesarán en sus funciones en junio y julio próximos, por lo que la Asamblea Legislativa se encuentra actualmente preparando una nueva elección.
La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales, en la cual se incluye una convocatoria pública para que la población manifieste su opinión sobre la reforma.
El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado.
En los últimos dos años, la Sala de lo Constitucional ha emitido abundante y detallada jurisprudencia sobre las elecciones de segundo grado, las cuales son aplicables a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Decreto Legislativo no. 412 aprobado por la Asamblea Legislativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, en la medida que agrega una sanción y limitación para la crítica política que no está justificada en la Constitución.
La independencia judicial es un presupuesto básico de democracia y el Estado de derecho, como medio de garantizar la autonomía de los jueces y la adminitración de una justicia imparcial a los particulares.

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