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Estado de Derecho e Institucionalidad

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El 1 de julio del presente año entraran en funciones cinco nuevos magistrados de la CSJ y sus suplentes respectivos, estando el proceso de selección de los candidatos encaminado. La elección del gremio de abogados eligió ya la mitad de lista de 30 candidatos, por su parte el CNJ, ya eligió la otra mitad, lo que ha causado mucho asombro y preocupación, ya que consejales actuales del CNJ aparecen como candidatos.
El proceso de elección de Magistrados vigente en nuestro país, fue el resultado de reformas constitucionales aprobadas como consecuencia de los Acuerdos de Paz en 1992, en teoría el modelo fue bien diseñado, lamentablemente los hechos nos han demostrados que los resultados no han sido los esperados.
El 24 de marzo de 2010 se aprobó con dispensa de trámite un paquete de reformas a la Ley Orgánica del Registro Nacional de las Personas Naturales. El decreto modifica las disposiciones relacionadas con el nombramiento de la Junta Directiva del RNPN, afectando la independencia del ente.
De conformidad con el art. 195 de la Constitución, la Corte de Cuentas de la República es un organismo independiente del Órgano Ejecutivo que tiene a su cargo la fiscalización de la Hacienda Pública.
En el Art. 131 numeral 19 de la Constitución se establece que corresponde a la Asamblea Legislativa elegir por votación nominal y pública a los Magistrados de la CSJ.
El 1 de abril de 2011, nueve magistrados de la CSJ, denunciaron ante la FGR, a cuatro de sus colegas integrantes de la Sala de lo Constitucional, por considerar que estos han cometido delito durante la tramitación del proceso de amparo de referencia 288-2008, por desconocer resoluciones de Corte Plena.
El 17 de julio de 1998, en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, fue adoptado el texto del “Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional” con el voto favorable de 120 Estados participantes.
El art. 86 de la Cn. norma el principio de legalidad que rige a la administración pública, el cual establece: “Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley”.
El CNJ es uno de los grandes avances jurídicos e institucionales de nuestro país. Su función es nada menos la preparación y selección de las personas que tendrán la capacidad de juzgar a los salvadoreños, decidir sobre la vida, la libertad y demás derechos, por ende no puede haber labor que necesite mejores cualidades éticas para su ejercicio.
La independencia judicial es un presupuesto básico de democracia y el Estado de derecho, como medio de garantizar la autonomía de los jueces y la adminitración de una justicia imparcial a los particulares.

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