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Los partidos políticos son entidades indispensables para la vida en democracia. Aunque la idea sea repetida constantemente, su reiteración tiene una razón muy válida: evitar que el sistema de partidos se debilite. Como se ha comprobado en diversas experiencias foráneas, la fragilidad de los partidos políticos conduce al populismo y a la ineficacia de las instituciones, ambos enemigos del desarrollo.
El nuevo mecanismo para elegir a los diputados en las próximas elecciones sigue siendo objeto de debate debido a las múltiples variables en juego. El nuevo esquema de elección, que se espera fortalecerá la libertad del voto y el vínculo entre representante y representado, obliga a hacerse las siguientes preguntas: ¿cuántos candidatos deberán postularse en cada lista?; ¿deberá completarse la planilla y postularse tantos candidatos como escaños tiene el departamento?; o bien, ¿quedará a discreción de los partidos?
El 24 de marzo de 2011, el presidente Funes vetó el decreto legislativo 635, el cual regula la forma de elección y asignación de diputaciones. Desde sus inicios, la constitucionalidad del proyecto de ley fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil. No obstante, a pesar de los diversos estudios dedicados a construir un proyecto que fortaleciera la democracia electoral, de señalar de forma técnica las fallas del proyecto, y de publicar campos pagados sobre el tema en los periódicos de mayor circulación, se hizo caso omiso de tales pronunciamientos.
El pasado 11 de enero, diputados de las fracciones del FMLN, de GANA y del PCN llegaron a diversos consensos sobre próximas reformas electorales. Si bien algunas medidas permiten significativos avances en materia electoral, tales como colocar las fotografías de los candidatos en las papeletas y definir una metodología simple de voto único, se ha llegado a acuerdos que contrastan con la Constitución y evaden la sentencia misma de la Sala de lo Constitucional acerca del sistema de listas.
Esta agenda obliga al Tribunal Supremo Electoral, en adelante TSE, a conocer todos aquellos aspectos que puedan influir en la celebración de las próximas elecciones. Por esta razón, la Sala de lo Constitucional ha expresado, en varias ocasiones, su interés de dictar sentencia en todos aquellos procesos legales de naturaleza electoral que se encuentran en estudio y que puedan afectar, además de las atribuciones propias del TSE, el proceso electoral per se.
Este estudio es una apreciación de la gestión del presidente Mauricio Funes durante el último año de su mandato, con un apartado especial en el que se presenta una evaluación general del quinquenio 2009-2014. Su objetivo principal es otorgar a los ciudadanos los elementos necesarios para que sean ellos y no la institución, los que realicen su propio análisis y la valoración del estilo en el ejercicio del poder. Se trata de un documento técnico, de carácter académico, que consigna datos, cifras, citas, sucesos, eventos, noticias y entrevistas.
El 26 de septiembre de 2010, Venezuela realizó elecciones para elegir a los diputados que conformarán la Asamblea Nacional a partir del cinco de enero de 2011 por el período de cinco años, comicions en los cuales se dejó entrever las falencias que presenta un sistema electoral distorsionado.
Entre los aspectos positivos destacan, la agilidad del sistema de transmisión y publicación de actas, el respeto a los resultados preliminares por parte de los candidatos y de sus partidos políticos y el hecho que no se registraran incidentes de violenciatrascendentales. No obstante la valoración positiva del sistema de transmisión, no se mostró información alguna sobre la totalidad de votos y la cantidad de votos nulos, impugnados y abstenciones.
La elección de las autoridades municipales regionales, provinciales y distritales de Perú y el Referéndum 2010 sobre la devolución de aportes del ex Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) que se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2010, constituyen un referente coyuntural que nos permitirá observar el beneficio de transitar de un sistema de mayoría simple a uno en el que la proporcionalidad permite una distribución de poder más equitativa.
El 31 de julio de 2014 finaliza el período del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuyo período abarcó el quinquenio 2009-2014. La elección del próximo TSE guarda una relevancia política especial por dos componentes a desarrollar en los siguientes apartados.

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