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Modernización del Estado

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Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador.
Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador.
Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador.
Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador.
Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador.
Se acerca otra contienda electoral, ahora de diputados y alcaldes, y con ella se avanza hacia un nuevo debate ciudadano sobre quiénes son los mejores representantes de los partidos o candidatos no partidarios que deberían acceder a la Asamblea Legislativa y a los gobiernos locales.
En los últimos cinco años, a través de sus resoluciones, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha reconfigurado el diseño de varios de los elementos del sistema electoral y, en general, parte de la “arquitectura” del sistema político salvadoreño.
La sentencia de la Sala de lo Constitucional 48-2014 amplió la libertad del voto a los ciudadanos, de tal forma que a partir de las elecciones legislativas de 2015, los electores podrán elegir, si así lo disponen, candidatos no partidarios y de diferentes partidos, de manera conjunta o por separado, con la única limitante de no sobrepasar el número de escaños que le correspondan a la circunscripción electoral de que se trate.
A más de dos décadas del Acuerdo de Paz, en sectores de la sociedad civil salvadoreña persiste el deseo de replantear el sistema electoral, especialmente en lo que a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa se refiere. El fallo 61- 2009 que prohibió las listas cerradas y bloqueadas en las elecciones legislativas –es decir, prohibió el voto por una bandera que guardaba detrás un orden de las candidaturas en listas preestablecidas por el partido político– y su implementación en los comicios de 2012 con la posibilidad de elegir personalmente a los candidatos de mayor preferencia, reactivó un debate vinculado estrechamente a la forma de la candidatura y al tipo de lista que impulsó la sentencia de la Sala de lo Constitucional: La oportunidad de crear distritos electorales en El Salvador.
El próximo 31 de julio finaliza el período del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuyo período abarcó el quinquenio 2009-2014. La elección del próximo TSE guarda una relevancia política especial por dos componentes a desarrollar en los siguientes apartados: los requisitos jurídicos de dicha elección luego de un fallo de la Sala de lo Constitucional que ordena la despartidización de la entidad de tal forma que se garantice una justicia electoral independiente, y los retos futuros que derivan de una agenda de reforma electoral que se encuentra en proceso y que exige de funcionarios eficaces. En ese orden de ideas, se estructura el siguiente análisis.

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