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Modernización del Estado

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La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) a través del Departamento de Estudios Políticos (DEP) celebró la segunda edición del Foro Internacional de Análisis Político (FIAP) y la cuarta reunión del Consejo Asesor Externo (CAE). En esta ocasión la conferencia magistral estuvo a cargo del destacado académico y ex Ministro de Relaciones Exteriores de México, Dr. Jorge Castañeda quien disertó sobre el tema “Clase media, crecimiento económico y debilidad institucional: una visión en América Latina”
El estudio de los planes de gobierno contribuye a fortalecer el voto informado y fomenta la rendición de cuentas ciudadana en todo proceso electoral. El plan de gobierno es el documento que recoge las promesas y aspiraciones de los candidatos a cargos de elección popular. Esta herramienta permite que los ciudadanos conozcan los planteamientos y soluciones que los presidenciables plantean para resolver los principales problemas nacionales.
El Departamento de Estudios Políticos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), celebraron durante la semana del 23 al 27 de septiembre la actividad denominada “Diálogos con los candidatos a la Presidencia de la República”. A la convocatoria respondieron los cinco aspirantes y uno a uno conversó con un panel de ocho expertos en las áreas económica, social, institucional y de seguridad pública.
Durante tres años consecutivos, el Departamento de Estudios Políticos (DEP) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), ha celebrado diferentes conversatorios con los miembros del Consejo Asesor Externo (CAE) sobre diversos aspectos del ámbito político latinoamericano. Esta contribución académica ha sido posible gracias al incondicional apoyo de los integrantes del CAE, todos distinguidos politólogos internacionalmente reconocidos y representantes de importantes universidades, centros de pensamiento y organizaciones de apoyo a la democracia de distintos países de América Latina, Estados Unidos y Europa.
Los organismos electorales constituyen uno de los pilares fundamentales de la institucionalidad democrática. Su poder de decisión y la relevancia de las diferentes funciones que se les atribuyen, le otorgan a este tipo de autoridades un protagonismo de primer orden en la vigilancia y en el establecimiento de las condiciones de equidad que requiere toda contienda electoral.
El 11 de marzo de 2012, se llevaron a cabo elecciones legislativas y municipales en El Salvador con dos cambios importantes en la dinámica electoral. En primer lugar, debido a un fallo de la Sala de lo Constitucional en julio de 2010, se estableció en los comicios legislativos un sistema de listas cerradas y desbloqueadas que permitió el voto por persona, luego de casi 50 años de permanencia del sistema de listas cerradas y bloqueadas donde solo se votaba por la bandera del partido de preferencia.
Sartori define a los partidos como “cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que presenta y puede sacar en elecciones candidatos a cargos públicos”.
Las fórmulas electorales corresponden a uno de los elementos que los diferentes sistemas electorales utilizan para el cálculo del número de diputados que corresponden a los diferentes partidos políticos, o en su caso, a los grupos de candidatos independientes que participan en elecciones. En el caso salvadoreño, la fórmula electoral aplicable es la denominada “Hare”, y se basa en el sistema de cocientes y residuos para la elección de diputados.
La regulación del financiamiento político en el mundo es una tarea inconclusa. Así lo reconocen quienes estudian los casos de política comparada y actualizan, cada cierto tiempo, los cambios en las respectivas legislaciones. Este es, en palabras del politólogo Daniel Zovatto, un tema condenado a la sucesión de distintas reformas legales, de ahí la importancia de tener en cuenta su carácter fluctuante y coyuntural1 . Lo relevante, en todo caso, es la existencia de un eficaz subsistema legal que promueva la transparencia de los recursos que administran los partidos políticos, sancione sus incumplimientos y garantice el mayor grado de equidad en la competencia electoral.

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