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Seguridad Jurídica

Seguridad jurídica

El 23 de mayo de 2013, se aprobó por unanimidad la Ley de Asocios Público Privados en la Asamblea Legislativa, pero dicha ley requiere de algunas reformas para superar las deficiencias con las que se aprobó y así garantizar que sea una ley funcional, competitiva y atractiva para promover inversiones en este tipo de proyectos.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, CLPC, de la Asamblea Legislativa se encuentra estudiando dos proyectos de ley referidos a la regulación de medios de comunicación, el proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria y el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos. A solicitud de esa Comisión y con el objeto de contribuir al debate de dichos proyectos, el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, presentó en abril de 2014 sus comentarios a dichas propuestas normativas, por medio de una carta dirigida a los diputados que las estudiarán1 . Considerando que es importante que estas propuestas sean conocidas y discutidas ampliamente, dedicamos este número del Análisis Legal e Institucional para examinar el contenido de estas propuestas legislativas.
Este documento es un esfuerzo de los departamentos que conforman el centro de pensamiento de FUSADES (Estudios Económicos, Sociales, Legales y Políticos) por presentar el panorama de la realidad que encontrará el próximo Presidente de la República electo en 2014.
El DEP y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), celebraron durante la semana del 23 al 27 de septiembre la actividad denominada “Diálogos con los candidatos a la Presidencia de la República”. A la convocatoria respondieron los cinco aspirantes y uno a uno conversó con un panel de ocho expertos en las áreas económica, social, institucional y de seguridad pública. En esta memoria se documentan las participaciones de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República.
"El presente boletín desarrolla las oportunidades que se le presentan al país para constituir herramientas en prodel desarrollo, haciendo un especial énfasis en el paquete de leyes proinversión que está actualmente en la Asamblea Legislativa. "
La creación de una ley que regule la acción de extinción de dominio sobre bienes de procedencia y destinación ilícita es una propuesta que lleva varios años en la Asamblea Legislativa. Recientemente, el tema ha tomado impulso cuando el Órgano Ejecutivo presentó una nueva propuesta en noviembre de 2012 y actualmente se está estudiando en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
En mayo de 2013, el partido FMLN presentó una propuesta de reforma a la Ley de Asocios Público Privados, con cambios importantes que modifican sustancialmente la ley y la alejan del fin que busca la misma.
La Sala de lo Constitucional modificó las condiciones actuales del régimen de concesiones en materia de energía eléctrica, mediante una inadecuada interpretación de algunas normas constitucionales, ampliando la participación de la Asamblea Legislativa en el proceso, en temas que antes eran competencia de la SIGET.
El servicio civil es el recurso humano que utiliza el Estado para cumplir efectivamente las funciones que la Constitución y las leyes le han encomendado. De esa forma, el Estado puede garantizar los derechos de los ciudadanos y viabilizar la satisfacción de sus necesidades creando valor público en todo el ciclo de las políticas públicas, garantizando las libertades individuales, fomentando el crecimiento económico y social, o juzgando y ejecutando lo juzgado de forma pronta y justa, entre otros. Por lo que, un Estado al servicio de los ciudadanos requiere contar con una función pública profesionalizada y fundamentada en la idoneidad y el mérito.
La decisión de titular este boletín “Un fallo sin fundamentos” obedece a dos razones: La primera, porque la competencia que la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) se autoatribuyó para convertirse en instancia revisora de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de nuestro país carece de fundamento legal; y la segunda, porque en sí mismo, el fallo pronunciado carece de motivación que justifique las bases de su competencia, de su supuesto carácter “supraconstitucional”, así como para explicar los motivos de fondo de la decisión pronunciada.

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