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Transparencia y rendición de cuentas del Estado

Transparencia y rendición de cuentas del Estado

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), nace de un esfuerzo colectivo desde la sociedad civil salvadoreña, con el fin de garantizar un derecho humano fundamental: el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la información en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, completa y veraz.
La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública trae consigo múltiples obligaciones para las instituciones públicas, las cuales deben prepararse para que al término de un año de la vigencia se instaure un sistema de acceso a la información capaz de satisfacer las necesidades ciudadanas.
El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene toda persona de acceder la información en poder de las instituciones públicas, sin necesidad de legitimación o justificación alguna.
El Presidente de la República tenia como plazo hasta el 5 de marzo del 2012 para realizar el nombramiento de los comisionados integrantes del Instituto de Acceso a al Información Pública, lo cual no ha realizado, así como tampoco a hecho la designación presupuestaria que le corresponde por ley.
Fusades ha impulsado el tema de la transparencia como un componente esencial para la consolidación de la democracia salvadoreña, con el fin de garantizar que exista un efectivo control social a lo público y conlleve la rendición de cuentas del estado.
La nueva Ley de Ética Gubernamental (LEG) aprobada el 12 de octubre de 2011 por la Asamblea Legislativa, es un avance positivo y necesario de cara a la transparencia y probidad que os ciudadanos demandan de los funcionarios del Estado.
La Asamblea Legislativa aprobó nuevas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, las cuales se encuentran encaminadas a anular el goce efectivo y garantía del derecho humano de acceso a la información pública, incorporando causales de reserva de información discrecionales a la administración pública.
El día 3 de marzo de 2011, por unanimidad de los diputados presentes, se aprobó finalmente la Ley de Acceso a la Información Pública, esta ley entró en vigencia el pasado 8 de mayo de 2011, 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.
La Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró que los arts. 2 y 6 de la Ley de Presupuesto 2010 y 45 de LOAFI violaban la reserva de ley y el principio de especialidad del presupuesto establecido en la Cn. y declaró como una obligación del Estado la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.
La Ley de Acceso a la Información Pública manda a crear nuevas instituciones para asegurar su cumplimiento; en especial, crea al Instituto de Acceso a la Información Pública, como ente de derecho público, cuya función principal es velar por la correcta y completa aplicación de la ley.

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