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Transparencia y rendición de cuentas del Estado

Transparencia y rendición de cuentas del Estado

La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, CLPC, de la Asamblea Legislativa se encuentra estudiando dos proyectos de ley referidos a la regulación de medios de comunicación, el proyecto de Ley de Radiodifusión Comunitaria y el proyecto de Ley de Medios de Comunicación Públicos. A solicitud de esa Comisión y con el objeto de contribuir al debate de dichos proyectos, el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, presentó en abril de 2014 sus comentarios a dichas propuestas normativas, por medio de una carta dirigida a los diputados que las estudiarán1 . Considerando que es importante que estas propuestas sean conocidas y discutidas ampliamente, dedicamos este número del Análisis Legal e Institucional para examinar el contenido de estas propuestas legislativas.
Este documento es un esfuerzo de los departamentos que conforman el centro de pensamiento de FUSADES (Estudios Económicos, Sociales, Legales y Políticos) por presentar el panorama de la realidad que encontrará el próximo Presidente de la República electo en 2014.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cumplirá 3 años de vigencia en mayo de este año. El tiempo transcurrido ha mostrado que el cambio de una cultura del secretismo a una cultura de transparencia, no es fácil. Sin embargo, la sociedad civil salvadoreña ha impulsado esta transición, al adquirir mayor conciencia sobre los beneficios que esta ley le aporta, ya sea para servir un interés particular o para conocer con detalle cómo se desempeña la Administración Pública.
El DEP y la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), celebraron durante la semana del 23 al 27 de septiembre la actividad denominada “Diálogos con los candidatos a la Presidencia de la República”. A la convocatoria respondieron los cinco aspirantes y uno a uno conversó con un panel de ocho expertos en las áreas económica, social, institucional y de seguridad pública. En esta memoria se documentan las participaciones de cada uno de los candidatos a la Presidencia de la República.
Las personas tienen derecho a acceder a la información pública. Este derecho fundamental consiste en la facultad de cualquier persona de solicitar la información bajo control del Estado, con el deber correlativo de este de garantizar su entrega oportuna o fundamentar la imposibilidad de acceso, con base en una causa prevista por la ley y compatible con la Constitución.
La Asamblea Legislativa tiene la obligación legal de proveer los datos solicitados al Instituto de Acceso a la Información Pública, como es la lista de asesores legislativos y de los grupos parlamentarios.
Un gobierno abierto se sustenta en tres pilares básicos: la transparencia, la colaboración y la participación, presente boletín presenta un análisis del desarrollo de cada uno de estos pilares en El Salvador.
La Ley de Acceso a la Información Pública manda a crear nuevas instituciones para asegurar su cumplimiento; en especial, crea al Instituto de Acceso a la Información Pública, como ente de derecho público, cuya función principal es velar por la correcta y completa aplicación de la ley.
La Asamblea Legislativa aprobó nuevas reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, las cuales se encuentran encaminadas a anular el goce efectivo y garantía del derecho humano de acceso a la información pública, incorporando causales de reserva de información discrecionales a la administración pública.
El adecuado uso y control de los fondos públicos es un tema al que FUSADES ha dado seguimiento desde hace varios años y la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha sido objeto de estudio por su relevancia en esta materia. De conformidad con el art. 195 de la Constitución (Cn.) y con el art. 1 de su ley, la CCR es un ente con carácter autónomo, encargado de “la fiscalización de la hacienda pública en general y de la ejecución del presupuesto en particular”. Es uno de los pilares en los que debería asentarse nuestro Estado democrático de derecho, en la medida que le compete controlar el buen uso de los fondos públicos, tanto desde la legalidad de su ejecución como desde su eficiencia1 e implementar los controles para evitar la corrupción. Por todo lo anterior, resulta indispensable 1. Fusades, Departamento de Estudios Legales, Las Instituciones Democráticas en El Salvador II: Valoración de Rendimientos y Plan de Fortalecimiento, Antiguo Cuscatlán, 2008, Pág. 243. fortalecer el proceso de elección de sus magistrados y su buen funcionamiento.

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