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¿Qué se debe esperar en el Presupuesto General para 2016?

Se evalúa el Presupuesto General del Estado aprobado en 2015, y se contrasta con las proyecciones más recientes, destacando que fue un presupuesto incompleto, con un faltante de US$664 millones, por sobrestimación de ingresos y subestimación de gastos. La consecuencia de este procedimiento es la recurrente utilización de deuda de corto plazo abriendo la compuerta un en endeudamiento incontrolable; en cuatro ocasiones desde 2002 se ha emitido deuda de largo plazo para pagar Letes. Se sugieren parámetros a cumplir en el presupuesto 2016 y medidas complementarias para restablecer un proceso presupuestario apegado a la ley y a la sostenbilidad fiscal.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEC
Investigadores: 
José Andrés Oliva, Carolina Alas de Franco, Álvaro Trigueros Argüello, Luz María Serpas de Portillo
Año de publicación: 
2015
No de Páginas: 
4
Ubicacion Fisica: 
DEC
Documento de descarga: 
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Reiteradamente los presupuestos se han presentado a la Asamblea Legislativa mostrando una serie de fallas que se han ido agravando cada vez más. Los ingresos sobrestimados y los gastos subestimados u omitidos han sido de los errores más crasos en los presupuestos aprobados; resultando en equilibrios presupuestarios ficticios que permitieron aprobarlos rápidamente con mayoría simple. En la práctica, esto se ha traducido en gastos ineludibles y predecibles que no cuentan con financiamiento, por lo que se recurre a la emisión de deuda de corto plazo para financiar en forma permanente el gasto corriente
Esta Posición Institucional resume un documento más amplio en el que se discute sobre la conveniencia e implicaciones de establecer una ley de responsabilidad fiscal para el país y cuáles podrían ser los elementos fundamentales a considerar, con el propósito de contribuir al debate, aportando elementos que sean útiles en la discusión de un marco regulatorio de esta naturaleza.
El documento discute sobre la conveniencia e implicaciones de establecer una ley de responsabilidad fiscal para el país y cuáles podrían ser los elementos fundamentales a considerar, con el propósito de contribuir al debate, aportando elementos que sean útiles en la discusión de un marco regulatorio de esta naturaleza.
Uno de los mayores desafíos económicos en El Salvador, como en muchos países en desarrollo, es la insuficiente generación de empleo formal, ya que la informalidad es alta entre los ocupados. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) 2013, solo el 31.1% de hombres y 27.6% de mujeres en edad de trabajar se encontraban afiliados a algún tipo de seguridad social. Además, se estima que cada año el país necesitaría crear más de 60,000 empleos para absorber la nueva fuerza de trabajo, pero la realidad es aún muy distante. Por ejemplo, en febrero de 2015, cotizaron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social 795,411 trabajadores, es decir, 8,369 cotizantes más que en febrero de 2014; a pesar de este aumento, los empleos generados hasta febrero de 2015 son solo el 27% de los 30,527 que se lograron aumentar al mismo mes de 2014.
Hasta 1998, en El Salvador funcionaba un sistema de pensiones basado en un régimen financiero de reparto, denominado Sistema Público de Pensiones (SPP), en el cual los beneficios que recibían los afiliados eran generosos al compararlos con los aportes que habían realizado y existía un manejo deficiente de las inversiones de estos fondos. Por tales razones, en 1996 la Asamblea Legislativa, por medio del Decreto 927 “Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones” creó un nuevo sistema, en el cual las pensiones se financian con el ahorro que se acumula en las cuentas individuales de ahorro para pensiones que pertenecen a los afiliados, y es administrado por las administradoras de fondos de pensiones (AFP).
En los últimos años han sido cada vez más evidentes los problemas de liquidez del gobierno, en la medida que las finanzas públicas se han ido debilitando, sobre todo a partir de 2008 con el ensanchamiento de la brecha fiscal y el rápido crecimiento de la deuda.
En el presente, varias instituciones públicas están relacionadas directa o indirectamente con las actividades de seguridad y justicia en sus distintas fases: prevención, vigilancia, investigación y acusación, administración de justicia, y ejecución de sentencia; así como con la administración del sistema carcelario y actividades de rehabilitación. Esto resulta en un sistema complejo, 4 Entre otros estudios, el informe de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Paz Social (2007) contempla recomendaciones para una política de seguridad ciudadana. En Pleitez (2006) se presentan propuestas para desarrollar una política integral de seguridad ciudadana. En ENADE 2015, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) presentó la Estrategia de Seguridad Ciudadana que incluye los principales hallazgos y recomendaciones de un estudio encomendado por la ANEP, el cual estuvo liderado por Rudolph W. Giuliani. en el que no siempre hay una asignación precisa de responsabilidades, ni están defnidos claramente los vínculos entre las instituciones, lo que hace que haya duplicidad de funciones
Se señalan las debilidades del Presupuesto General del Estado de 2015, y requisitos que debe cumplir el presupuesto 2016 para estar acorde con la legislación y ser constitucional.
Se compara la carga tributaria de El Salvador con el resto de países de América Latina.
Se analizan las deficiencias del Presupueto 2015 y se proponen cambios para aprobación de presupuesto 2016.

Páginas

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