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Inconstitucionalidad en Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública

El 7 de septiembre de 2011, que se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, que el Presidente había emitido el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo no fueron tomados en cuenta, en su elaboración, los mecanismos de participación ciudadana que prevé la constitución para el desarrollo de esta normativa complementaria.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEL
Autor Institucional: 
FUSADES
Editorial: 
FUSADES
Lugar Publicacion: 
Antiguo Cuscatlán, SV
Año de publicación: 
2011
No de Páginas: 
2
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El 7 de septiembre de 2011, que se tuvo conocimiento a través de los medios de comunicación, que el Presidente había emitido el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Luego de la aprobación de la LAIP, tras más de 2 años de discutirse en la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República devolvió con 7 observaciones la normativa. Ahora la Asamblea Legislativa debe decidir si acepta o rechaza, total o parcialmente dichas observaciones.
La Asamblea Legislativa tiene la obligación legal de proveer los datos solicitados al Instituto de Acceso a la Información Pública, como es la lista de asesores legislativos y de los grupos parlamentarios.
El presente Anteproyecto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nace de un esfuerzo conjunto del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional Sección El Salvador, IIDC, y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, contando con el auspicio financiero del Programa de Transparencia y Gobernabilidad, TAG.
El Presupuesto General de la Nación aprobado para el año 2014 otorga la facultad al Ministerio de Hacienda para realizar transferencias directamente a organismos de distintos ramos, lo que permite aumentar partidas como la de “gastos imprevistos” utilizada a discreción de Casa Presidencial.
La Constitución de la República no contiene una disposición que garantice de manera expresa el derecho de acceso a la información, pero existe una base constitucional que permite reclamar este derecho.
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), nace de un esfuerzo colectivo desde la sociedad civil salvadoreña, con el fin de garantizar un derecho humano fundamental: el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a la información en poder de las instituciones públicas, de manera oportuna, completa y veraz.
La vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública trae consigo múltiples obligaciones para las instituciones públicas, las cuales deben prepararse para que al término de un año de la vigencia se instaure un sistema de acceso a la información capaz de satisfacer las necesidades ciudadanas.
El derecho de acceso a la información pública es la facultad que tiene toda persona de acceder la información en poder de las instituciones públicas, sin necesidad de legitimación o justificación alguna.
El Presidente de la República tenia como plazo hasta el 5 de marzo del 2012 para realizar el nombramiento de los comisionados integrantes del Instituto de Acceso a al Información Pública, lo cual no ha realizado, así como tampoco a hecho la designación presupuestaria que le corresponde por ley.

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