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Independencia judicial y rendición de cuentas en la administración de justicia

La independencia judicial es un presupuesto básico de democracia y el Estado de derecho, como medio de garantizar la autonomía de los jueces y la adminitración de una justicia imparcial a los particulares. Dicha independencia debe ser definida como la capacidad de los jueces de interpretar la ley, emitida por la Asamblea Legislativa, de conformidad a su leal saber y entender, siempre de conformidad a la recta razón y libre de todo tipo de presiones externas.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEL
Autor Institucional: 
FUSADES
Editorial: 
FUSADES
Lugar Publicacion: 
Antiguo Cuscatlán, SV
Año de publicación: 
2008
No de Páginas: 
2
Documento de descarga: 
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Art. 176.-“ Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo”.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cumple un papel constitucional determinante en la calidad de la justicia en El Salvador.
La Asamblea Legislativa ha iniciado un proceso para reformar la Ley de Procedimientos Constitucionales, en la cual se incluye una convocatoria pública para que la población manifieste su opinión sobre la reforma.
El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado.
En los últimos dos años, la Sala de lo Constitucional ha emitido abundante y detallada jurisprudencia sobre las elecciones de segundo grado, las cuales son aplicables a la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El Decreto Legislativo no. 412 aprobado por la Asamblea Legislativa, constituye un atentado a la libertad de expresión, en la medida que agrega una sanción y limitación para la crítica política que no está justificada en la Constitución.
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del ÓrganoLegislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poderdel Estado.
La nueva situación de inestabilidad institucional es, en realidad, la continuación de una serie de atentados contra la justicia constitucional, ahora en el campo judicial.
La Sala de lo Constitucional declaró la inconstitucionalidad de los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia realizados por la legislatura 2003-2006 y 2009-2012, ante lo cual varios diputados manifestaron que no harían caso de los fallos, y presentaron un recurso ante la Corte Centroamericana de Justicia.
El 14 de octubre del 2013, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la elección del abogado Salomón Padilla como Magistrado y Presidente de la Corte Suprema de Juscticia, porque su “afiliación partidaria y sus fuertes vínculos de confianza” con el partido FMLN vulneran la Constitución.

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