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Independencia judicial y rendición de cuentas en la administración de justicia

La independencia judicial es un presupuesto básico de democracia y el Estado de derecho, como medio de garantizar la autonomía de los jueces y la adminitración de una justicia imparcial a los particulares. Dicha independencia debe ser definida como la capacidad de los jueces de interpretar la ley, emitida por la Asamblea Legislativa, de conformidad a su leal saber y entender, siempre de conformidad a la recta razón y libre de todo tipo de presiones externas.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEL
Autor Institucional: 
FUSADES
Editorial: 
FUSADES
Lugar Publicacion: 
Antiguo Cuscatlán, SV
Año de publicación: 
2008
No de Páginas: 
2
Documento de descarga: 
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Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado.
Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
En diciembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la CSJ, admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de una reforma al art. 191 Pn, aprobada en 2004, que exime de responsabilidad penal a periodistas, propietarios, directores y editores de medios de comunicación por “los conceptos desfavorables difundidos”.
El 2 de julio de 2009 venció el período de tres años para el que fue electo el anterior Procurador General de la República y no obstante haber terminado ese lapso, la Asamblea Legislativa no eligió al nuevo funcionario sino hasta 196 días después, el 14 de enero de 2010, nombrando a Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lanzó en mayo de 2008 el primer observatorio legislativo de esta naturaleza en el país, el cual formó parte del proyecto "Fortaleciendo el Diálogo y las Instituciones Democráticas en El Salvador", llevado a cabo con el apoyo del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas, UNDEF.
Ante los índices de criminalidad que agobian a la sociedad salvadoreña, principalmente por la actividad delincuencial de las pandillas o “maras”, el día 3 de noviembre de 2009, el Órgano Ejecutivo ha anunciado hacer uso de la FAES para reforzar el combate a la criminalidad; no obstante,aun no se conoce el Decreto Ejecutivo respectivo.
"El presente boletín es un esfuerzo de iniciar un debate a nivel nacional sobre el futuro de las profesiones jurídicas en El Salvador, a la luz de los problemas actuales, los cuales no han sido debidamente atendidos. "
En el presente boletín se desarrolla un análisis del proceso de reforma constitucional, y un estudio de las cláusulas pétreas, cuál es su alcance y cuáles han sido algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre sus implicaciones.

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