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La democracia y el costo de su consolidación en El Salvador. Consideraciones para una evaluación integral

Entre 1994, la primera elección desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, y el proceso electoral que se celebró el 1º de marzo de 2015, El Salvador ha invertido $190,816,278, lo que representa un gasto promedio por elección de $15,901,356*. Otro costo que interviene en la celebración de los procesos electorales es el pago de la deuda política. El artículo 210 de la Constitución de la República lo reconoce como una vía de financiamiento para los partidos políticos junto a la posibilidad de aportes privados que regula la legislación secundaria. Respecto del financiamiento público, la Ley de Partidos Políticos establece en el artículo 52 que éstos “tendrán derecho a recibir del Estado, una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, para diputados al Parlamento Centroamericano y Asamblea Legislativa, y para concejos municipales”2. Desde 1994 hasta el 23 de marzo de 2015 el Ministerio de Hacienda ha pagado $102,598,023 en concepto de financiamiento público para los partidos políticos para cada una de las elecciones celebradas.

Areas de Investigación:

Investigadores: 
Luis Mario Rodríguez, Luisa Solano
Autor Institucional: 
Fusades
ISSN: 
2219-2514
Año de publicación: 
2015
No de Páginas: 
10
Ubicacion Fisica: 
Elecciones, democracia, presupuesto, costo, El Salvador,
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FUSADES respalda la integración ciudadana de los Organismos Electorales Temporales (OET). Sin embargo manifiesta su preocupación por la practicidad de la medida ordenada por la Sala de lo Constitucional (SCN) que mandó prohibir la participación de todos aquellos que presenten una vinculación material o formal con los partidos políticos sin especificar las situaciones concretas que deberían inhabilitar a un ciudadano para formar parte de los OET a diferencia de otros sistemas en América latina en los que, como se demuestra en la presente posición institucional, se describen claramente las causas que impedirían a alguien su participación como parte de las mesas electorales.
En el contexto de los comicios presidenciales de El Salvador en 2014, el presente boletín identifica los desafíos que deben atenderse para revestir de legitimidad la contienda política de 2014, así como los sucesivos eventos comiciales.
Entre 1994, la primera elección desde que se firmó el Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992, y el proceso electoral que se celebró el 1º de marzo de 2015, El Salvador ha invertido $190,816,278, lo que representa un gasto promedio por elección de $15,901,356*.
El 24 de enero de 2013, con 82 votos en la Asamblea Legislativa, fue aprobado el mecanismo del voto desde el exterior, mediante el cual los salvadoreños tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al sufragio para elecciones presidenciales.
El 10 de enero de 2013, la Asamblea aprobó el Decreto Legislativo (DL) N° 254 que regula, con carácter permanente, el mecanismo para elegir a diputados en las próximas elecciones a partir de 2015. La normativa mantiene el mismo contenido que el decreto transitorio 9401, el cual inserta la figura del “voto por persona” y desarrolla las diferentes formas de votar, así como el procedimiento para contar los votos.
El jueves 14 de febrero de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto legislativo N° 307 (DL 307) que contenía un proyecto de Ley de Partidos Políticos con varias fallas importantes. Las principales fallas identificadas tienen que ver con la falta de idoneidad en el ente encargado de velar por la aplicación de la ley -en cuanto a recursos humanos y financieros e independencia partidaria se refiere- y los mecanismos de control y fiscalización de las finanzas y gastos de los partidos políticos.
Una reforma fundamental en la Constitución de la República producto de los acuerdos, fue la designación del TSE como la más alta autoridad en materia electoral, concediéndole a los partidos políticos el derecho de vigilar la elaboración, la organización, la publicación y la actualización del Registro Electoral y permitiéndoles ejercer vigilancia sobre todo el proceso electoral.
Para el año 2012, el Tribunal Supremo Electoral ampliará el voto residencial de 21 a 185 municipios; esto representa un 70% de los municipios y el 47.30% del padrón electoral. Serán entonces más de dos millones de electores los beneficiados con esta modalidad que viene implementándose desde el año 2006. Si bien el avance es alentador, debe recordarse que El Salvador es el único país latinoamericano que no cuenta con acercamiento de urnas como herramienta para incentivar la participación de los votantes.
Los "Boletines de Estudios Políticos" de 2013 son investigaciones cortas, en los que se abordó la crisis institucional más seria desde la firma del Acuerdo de Paz y la legitimidad e integridad del proceso electoral salvadoreño.
Más de 10 meses han pasado desde que la Sala de lo Constitucional abriera una oportunidad histórica de reformar el sistema político en el país. Con miras a los comicios de 2012, el componente electoral ha sido constantemente discutido, a fin de mejorar la manera en que la población elige a sus diputados. Sin embargo, a menos de un año de realizarse las elecciones legislativas, aún no se aprueba la normativa que regulará la forma de votar y de asignar los escaños en los próximos comicios.

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