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La inminente y compleja tarea de regular el daño moral en El Salvador: aspectos a tener en cuenta

La Constitución de El Salvador reconoce desde 1983 el derecho a indemnización por daños de carácter moral, de acuerdo con una ley; sin embargo, todavía no ha sido emitida la legislación que permita viabilizar el mencionado derecho. Este vacío normativo fue declarado inconstitucional el 23 de enero de 2015, cuando la Sala de lo Constitucional pronunció la sentencia en el proceso 53-2012, ordenando al legislador que regule esta materia antes del 31 de diciembre de 2015, pero cundo faltan menos de tres meses para que se cumpla ese plazo judicial, la Asamblea Legislativa todavía no ha discutido ninguna propuesta. En este Análisis Legal e Institucional reseñamos la motivación de la sentencia referida, presentamos los elementos que se deberían incluir en el contexto del ordenamiento jurídico salvadoreño y llamamos a emprender la tarea cuanto antes, pues el tema es complejo y no debe perderse de vista que una mala legislación no solo impediría los beneficios previstos en cuanto a la protección de derechos jurídicamente protegidos, sino que puede acarrear problemas inesperados en su aplicación.

Areas de Investigación:

ISSN: 
2311-4479
Lugar Publicacion: 
Antiguo Cuscatlán, El Salvado
Año de publicación: 
2015
No de Páginas: 
12
Documento de descarga: 
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Discute sobre la relación entre los derechos a la presunción de inocencia, al honor y a la propia imagen de los imputados en un delito con la práctica de las autoridades de exhibirlos ante los medios de comunicación, dando lugar a posibles vulneraciones a los mencionados derechos.
El Salvador sufre dos problemas macroeconómicos significativos: el deterioro de las finanzas del Estado y el bajo crecimiento económico. Ambos problemas tienen muchas causas, y por ello, no es razonable encontrar soluciones enfocadas en un solo factor, como es el gasto en pensiones1 ; pero es peor todavía tratar de hacerlo a pesar de que se vulneren derechos constitucionales. Históricamente, las finanzas públicas salvadoreñas han mostrado un desequilibrio recurrente entre ingresos y gastos, reflejado por ejemplo en el déficit fiscal, el cual, si bien en algunos periodos se ha logrado controlar manteniéndolo por debajo del 2% del PIB, como ocurrió durante los años noventa, en otros se ha acentuado, como ha sucedido de 2009 a la fecha. Este deterioro se ha traducido en una reiterada falta de liquidez y en un nivel de endeudamiento alto y creciente.
Análisis de la sentencia de inconstitucionalidad 65-2012 del 29 de julio de 2015 que declaró inconstitucionales algunos artículos de la Ley de Telecomunicaciones relacionados con el mecanismo de asignacion de las frecuencias del espectro radioeléctrico y ordenó a la Asamblea Legislativa reforma dicha ley para cumplir con los mandatos de la sentencia.
Este Análisis Legal busca responder algunas preguntas sobre la necesaria regulaicón del daño moral en El Salvador, por ej. ¿Cuál es el fundamento del daño moral? ¿Conviene una ley especial o una reforma al Código Civil? ¿Cuáles elementos configuran el daño moral? ¿Las personas jurídicas pueden sufrirlo? ¿Es solo extracontractual o también se puede derivar de contratos? ¿Es autónomo o derivado de otras pretensiones? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para reclamarlos? ¿Cómo se prueban los daños de este tipo? ¿Cómo se cuantifican?
Este Análisis Legal busca responder algunas preguntas sobre la necesaria regulaicón del daño moral en El Salvador, por ej. ¿Cuál es el fundamento del daño moral? ¿Conviene una ley especial o una reforma al Código Civil? ¿Cuáles elementos configuran el daño moral? ¿Las personas jurídicas pueden sufrirlo? ¿Es solo extracontractual o también se puede derivar de contratos? ¿Es autónomo o derivado de otras pretensiones? ¿Cuál es el procedimiento a seguir para reclamarlos? ¿Cómo se prueban los daños de este tipo? ¿Cómo se cuantifican?
El desarrollo de las tecnologías de la información ha resultado en la creación de espacios para los negocios y también para el crimen, pero nuestro ordenamiento jurídico se ha quedado atrás al no regularlos. La proliferación de los delitos informáticos o ciberdelitos es innegable y ha llegado hasta nuestras fronteras. El Salvador, al no contar con una tipificación de los delitos informáticos, se encuentra en una situación de inseguridad jurídica. El Código Penal vigente (1998) incluye algunos delitos que contemplan las tecnologías de información y comunicación (TIC) como medio para realizar la conducta típica, pero no regula los delitos informáticos propiamente.
Consideraciones sobre atentados a Sala de lo Constitucional
Análisis legal sobre decreto legislativo de aprobación de bonos por US $ 900 millones es inconstitucional por haber violado art. 143 CN. y art. 148 CN.
El informe ARTÍCULO XIII: Control Estatal de los Medios de Comunicación, es la tercera versión de esta colección de investigaciones que se inició en 2013. Es el resultado de un esfuerzo conjunto y coordinado entre organizaciones miembros de la Alianza Regional para mostrar el estado actual de la libertad de expresión en las Américas. FUSADES y APES son los miembros de El Salvador de dicha red.En esta emisión se consideró relevante abordar las nuevas modalidades de control ilegítimos que ejerce el Estado sobre los medios de comunicación, problemática que se está extendiendo de manera preocupante en la región.

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