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Ley de Acceso a la información Pública (versión comentada)

En una democracia los funcionarios públicos, aun los más altos, son mandatarios, y el mandante es el pueblo, titular de la soberanía, principio y fin del Estado. El derecho a conocer la información pública, aquella en poder de las entidades estatales, es un corolario de esta premisa básica de la soberanía popular. Los ciudadanos son los titulares de la res pública y son los que en última instancia toman las decisiones de la conducción de un país a través de elecciones periódicas, por lo tanto, tienen derecho de conocer la información que se deriva de la gestión gubernamental.

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El Estado existe para servir a las personas que le habitan. Este es el principio básico en el que se fundamenta nuestra Constitución (Art.1 Cn.). Este mismo principio inspira el derecho de acceso a la información pública. Las actividades de las instituciones gubernamentales y la administración de los recursos públicos, se hacen en beneficio del pueblo salvadoreño, titular de la soberanía, principio y fin del Estado. Por ende, la información que se genera a partir de la gestión gubernamental debe estar a disposición de la ciudadanía.
La Ley de Probidad tiene un grave vicio de inconstitucionalidad, al suprimir lo relativo al juicio civil por enriquecimiento ilícito que ordena el art. 240 Cn., cuyo fin es restituir al Estado los bienes o recursos que puedan haber sido sustraídos ilícitamente, y que puedan haber ingresado al patrimonio personal de un determinado servidor público. Es también inconstitucional, por ser una ley que transgrede el art. 144 inciso 2º Cn., al modificar o derogar lo acordado en tratados vigentes en El Salvador.
Se señalan las debilidades del Presupuesto General del Estado de 2015, y requisitos que debe cumplir el presupuesto 2016 para estar acorde con la legislación y ser constitucional.
Se compara la carga tributaria de El Salvador con el resto de países de América Latina.
El desarrollo de las tecnologías de la información ha resultado en la creación de espacios para los negocios y también para el crimen, pero nuestro ordenamiento jurídico se ha quedado atrás al no regularlos. La proliferación de los delitos informáticos o ciberdelitos es innegable y ha llegado hasta nuestras fronteras. El Salvador, al no contar con una tipificación de los delitos informáticos, se encuentra en una situación de inseguridad jurídica. El Código Penal vigente (1998) incluye algunos delitos que contemplan las tecnologías de información y comunicación (TIC) como medio para realizar la conducta típica, pero no regula los delitos informáticos propiamente.
Esta constituye la segunda entrega de un estudio sobre los límites al derecho de acceso a la información pública. La primera parte consistió en un análisis desde el derecho constitucional, principalmente a partir de la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, desde la garantía en el marco regional de los derechos humanos a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y desde las recomendaciones de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información, de 2010. El presente número se delimitará en conocer la legislación salvadoreña sobre causales de reserva de información y se considerará cómo se está aplicando a partir de casos concretos y de una revisión de los índices de información reservada del Órgano Judicial, Asamblea Legislativa y algunas entidades del Órgano Ejecutivo. Finalmente, se hacen algunas propuestas de reforma legal que podrían coadyuvar a una mejor aplicación de las limitaciones al acceso a la información.
El estudio sobre los límites al derecho de acceso a la información pública se ha dividido en dos partes. En esta primera entrega, se presenta un análisis teórico sobre la regulación constitucional del derecho de acceso a la información pública y las recomendaciones que sobre el tema han hecho los entes regionales como la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La probidad pública es la honradez, integridad y rectitud en el actuar de los servidores públicos en cuanto al manejo de los recursos del Estado. Durante muchos años, FUSADES ha criticado los defectos de la actual Ley Sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP), pues se trata de un texto jurídico obsoleto e ineficaz para servir a su propósito.
El Presidente de la República tenia como plazo hasta el 5 de marzo del 2012 para realizar el nombramiento de los comisionados integrantes del Instituto de Acceso a al Información Pública, lo cual no ha realizado, así como tampoco a hecho la designación presupuestaria que le corresponde por ley.
En una democracia los funcionarios públicos, aun los más altos, son mandatarios, y el mandante es el pueblo, titular de la soberanía, principio y fin del Estado. El derecho a conocer la información pública, aquella en poder de las entidades estatales, es un corolario de esta premisa básica de la soberanía popular.

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19A | Javier Castro

Director Estudios Legales

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