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Venezuela: la necesaria defensa internacional de la democracia. Consecuencias para la política migratoria y las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y El Salvador

El documento toma como base, por una parte, los normas establecidas en la Carta Democrática Interamericana (CDI), y de manera complementaria las cartas del Secretario General de los Estados Americanos (OEA) al presidente Maduro, antes y después de celebradas las elecciones legislativas de diciembre de 2015, en las que los partidos que integran la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) alcanzaron la mayoría de los escaños; además de los tres informes del Secretario Almagro sobre la crisis venezolana; y algunos datos sobre los salvadoreños acogidos a diferentes programas migratorios así como los efectos en el empleo y en la economía si disminuyen las remesas y si se establecen restricciones al comercio entre ambas naciones.

Areas de Investigación:

Programa / Departamento: 
DEP
Investigadores: 
Luisa Solano, Mónica Tobar
Autor Personal: 
Luis Mario Rodríguez R.
ISSN: 
2077-9534
Lugar Publicacion: 
San Salvador
Año de publicación: 
2017
No de Páginas: 
32
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Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
Para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del paísfuncione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad.
En diciembre de 2008 la Sala de lo Constitucional de la CSJ, admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de una reforma al art. 191 Pn, aprobada en 2004, que exime de responsabilidad penal a periodistas, propietarios, directores y editores de medios de comunicación por “los conceptos desfavorables difundidos”.
El 2 de julio de 2009 venció el período de tres años para el que fue electo el anterior Procurador General de la República y no obstante haber terminado ese lapso, la Asamblea Legislativa no eligió al nuevo funcionario sino hasta 196 días después, el 14 de enero de 2010, nombrando a Sonia Elizabeth Cortez de Madriz.
Ante los índices de criminalidad que agobian a la sociedad salvadoreña, principalmente por la actividad delincuencial de las pandillas o “maras”, el día 3 de noviembre de 2009, el Órgano Ejecutivo ha anunciado hacer uso de la FAES para reforzar el combate a la criminalidad; no obstante,aun no se conoce el Decreto Ejecutivo respectivo.
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"El presente boletín es un esfuerzo de iniciar un debate a nivel nacional sobre el futuro de las profesiones jurídicas en El Salvador, a la luz de los problemas actuales, los cuales no han sido debidamente atendidos. "
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