Descarga el Informe de Coyuntura Económica. Noviembre 2020
En 2020 hubo un importante retroceso en el bienestar social impulsado por la pandemia, la incertidumbre que causa la polarización política, y el deterioro en las finanzas públicas.
El retroceso en el bienestar social se observa en:
- Se estima un incremento de la pobreza de 31% a 41% de la población; algunos hogares bajaron de estrato de ingreso medio a pobreza.
- A septiembre de 2020 se perdieron 50.8 mil empleos formales (cotizantes al ISSS) respecto al año anterior, y un estimado de 127 mil empleos informales.
- En la encuesta de confianza de los consumidores, el índice de las condiciones actuales pasó de 115 en febrero de 2020 a 76.3 en octubre.
La pandemia del COVID-19 y la polarización política llevaron al país a una recesión profunda:
- El índice de percepción de clima de inversión de FUSADES, al tercer trimestre, llega a –46.4; 62% de las empresas mencionaron el COVID-19 como factor negativo del clima de inversión, y 27% por la incertidumbre política y económica.
- La posibilidad de amortiguar el impacto con teletrabajo era limitada; para el comercio era de 27%, pero para industria y construcción era de 6.8% y 1.7%, agudizando el impacto de la cuarentena.
- Las pérdidas acumuladas del PIB de 2020 a 2025 rondarán entre US$10,000 y US$15,000 millones (entre dos a tres años de presupuesto público).
Debido a lo anterior, El Salvador había sido el país más golpeado por la pandemia:
- En agosto de 2020, la variación del índice mensual de actividad económica (IMAE) de El Salvador, era de –9.1%, seguido por –7.3% en Costa Rica, –5.8% en Honduras, –0.8% y –0.7% en Nicaragua y Guatemala.
- A septiembre, los cotizantes a la seguridad social en El Salvador habían caído –5.9%, en Costa Rica –3.7% y en Nicaragua –1.7% a octubre.
- Acumulado a septiembre, las exportaciones de bienes de El Salvador se habían reducido –21.1%, Costa Rica –1.3%, y Guatemala –0.3% y en Honduras 0.2%. Nicaragua a agosto, 8.6%.
Sin embargo, con la reapertura, la economía se recupera lentamente:
- El índice mensual de ventas de FUSADES, en mayo, llegó a –86.3, pero en octubre fue de –42.1.
- Las exportaciones punto a punto, habían caído US$337.8 millones en mayo, pero en octubre ya habían crecido US$15.7 millones.
- Las remesas familiares punto a punto, en abril cayeron US$287.3 millones, pero en octubre aumentaron US$88.7 millones.
- Se espera que en 2020 un crecimiento del PIB entre –8.7% y –5.7%, y para 2021 un rango entre –0.6% y 4%.
Con la pandemia y la polarización, hubo un acelerado deterioro de las finanzas públicas:
- A septiembre de 2019 el déficit fiscal llegó a US$382.1 millones, pero en septiembre de este año es de US$2,257.6 millones.
- Mientras los ingresos disminuyeron US$343.9 millones, el gasto público aumentó US$1,571.2 millones en el mismo período.
De aprobarse el Proyecto de Presupuesto 2021 habría un deterioro aún mayor de las finanzas públicas.
- El proyecto de presupuesto contempla un déficit de US$1,640 millones, pero no incluye US$1,337 millones en préstamos de la emergencia, y viola el artículo 227 de la Constitución al omitir gastos y sobrestimar ingresos por un total de US$1,285.4 millones.
- La suma de estos tres componentes implica un déficit fiscal de US$4,262.9 millones, o 16.8% del PIB.
- Con esto la deuda pública alcanzaría 104.5% del PIB, y el costo de intereses en 2021, superior a los US$1,350 millones, es tan alto, que pone en riesgo el gasto social.
Las consecuencias sociales de una crisis de deuda son enormes:
- Con una deuda pública arriba del 100% en 2007-2013, poca transparencia y bajo crecimiento, Grecia perdió 26.5% del PIB, y el desempleo abierto superó el 25%.
- Para 2001, Argentina destinaba el 23.4% de los ingresos tributarios a pago de intereses por deuda pública, ese año incurrió en impago de deuda. Entre 2000 y 2002 el PIB de Argentina se redujo 14.8%. La población bajo la línea de pobreza pasó de 25.9% en 1998 a 57.5% en 2002.
El Salvador puede recuperar el camino a la estabilidad económica y social logrando un consenso sobre la necesidad de austeridad en el sector público, y una estrategia de progreso económico y social.