En la presentación de este Informe de Coyuntura Legal e Institucional se abordaron las acciones antidemocráticas y contrarias al Estado de Derecho, promovidas desde el Órgano Ejecutivo, actividades cuyo riesgo puede extenderse más allá de la situación de pandemia de COVID-19.

Puede leer el documento completo utilizando este enlace.

En el eje de Estado de derecho, el segundo semestre de 2020 se caracteriza por la continuación de acciones antidemocráticas y contrarias al Estado de derecho realizadas por el Órgano Ejecutivo. En diversos informes internacionales, publicados en el segundo semestre de 2020 e inicios de 2021, se señalan violaciones a derechos fundamentales en la respuesta estatal al COVID-19 y riesgos para la democracia que se extiendan más allá de la pandemia.

El presidente de la república ha iniciado un proceso para reformar la Constitución, el cual le ha delegado al vicepresidente de la república. La iniciativa proviene, entonces, de un Gobierno que está totalmente deslegitimado para emprender un esfuerzo de esta naturaleza, pues es quien ha violado sistemáticamente la Ley Suprema, ha irrespetado la institucionalidad democrática, ha exhibido una conducta autoritaria y que, además, no tiene facultades jurídicas para intervenir en la reforma de la Constitución. Hechos como la propuesta de aumentar la duración del periodo presidencial; crear una mesa para estudiar reformas al sistema político, a pesar de que es una cláusula pétrea; y convocar a la Fuerza Armada a participar en la reforma, generan gran preocupación de que este proyecto pueda terminar en transformaciones para acumular poder, debilitar las instituciones de control y el sistema de frenos y contrapesos.

En paralelo, los cuerpos de seguridad actúan cada vez menos sujetos a la Constitución y la incumplen abiertamente, desnaturalizando la esencia de su función institucional. Es bien sabido que su rol no puede orientarse a fines políticos y no puede estar fuera del orden constitucional, tal como ha sucedido. La PNC ha desconocido varias veces su deber de colaboración con la FGR y obstruyó, de manera frontal, el trabajo de los fiscales que allanaban el Ministerio de Salud bajo investigación por delitos de corrupción. La Fuerza Armada, a pesar de su naturaleza apolítica y no deliberante, tiene cada vez más un rol político, negándose a cumplir resoluciones judiciales, como ocurrió con el juez de la causa de la “Masacre El Mozote”, y participando en el proceso de reforma constitucional impulsado, sin facultades para ello, desde la Presidencia de la República.

Algunos mecanismos de frenos y contrapesos han actuado. La Sala de lo Constitucional se encuentra resolviendo casos sobre lo ocurrido en el semestre anterior y ha emitido algunas sentencias valiosas, como la inconstitucionalidad del sustento jurídico de la militarización de la Asamblea Legislativa ocurrida el 9 de febrero de 2020, aunque estas deben ser mucho más oportunas y buscar la manera de hacerlas cumplir. La Asamblea Legislativa ha creado varias comisiones especiales de investigación, pero algunas resoluciones de estas, como la de la destitución del director de la PNC, no han sido acatadas.

El año 2021 es vital para la democracia: primero habrá comicios legislativos y municipales, y luego, a los nuevos diputados les corresponderá elegir a los titulares de varias instituciones de control, como es el caso de 5 magistrados de la CSJ, los miembros del CNJ y el FGR. El 2021 es de gran importancia para el principio de separación de poderes que, a través del sistema de frenos y contrapesos, busca limitar las violaciones a derechos y los abusos de poder, tales como los que se han advertido durante el 2020 y que han puesto bajo riesgo el orden democrático.

El eje de Transparencia desarrolla los principales acontecimientos en materia de acceso a la información, lucha contra la corrupción y libertad de expresión. En enero de 2021 se dieron a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, correspondientes al 2020. El Salvador obtuvo una puntuación de 36 y se ubicó en la posición 104 de 180. El país se encuentra estancado y reprobado, por lo que es necesario fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate de la corrupción. El semestre se caracterizó porque varias instituciones gubernamentales han realizado acciones tendientes a debilitar la transparencia. Por un lado, algunas entidades reservaron información sin base en la LAIP, o continúan negando la entrega de datos relacionados con la emergencia por COVID-19. Asimismo, se ha cuestionado la veracidad de la información oficial de la pandemia y la falta de actualización de la misma. Por otro lado, es preocupante que desde el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) existan retrocesos. Durante el primer semestre de 2020, se reconoció la firmeza con la que actuó el IAIP en defensa del derecho de acceso a la información; sin embargo, en el transcurso del segundo semestre, los comisionados nombrados por la actual Presidencia de la República han tomado decisiones que ponen en riesgo los avances alcanzados para el fortalecimiento de la transparencia en el país en los últimos años.

Otro aspecto que implicó retrocesos para el derecho de acceso a la información, fue la aprobación de reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), que constituyen un exceso de facultades reglamentarias y que se realizaron de manera inconsulta, lo que llevó a varias organizaciones de la sociedad civil a interponer demandas de inconstitucionalidad. Durante el semestre se realizaron elecciones de comisionados del IAIP.

Uno de los temas que se abordan en el eje es el rol de la Corte de Cuentas de la República (CCR) en materia de control del uso de los recursos públicos. La CCR, que se ha caracterizado en el pasado por ser una institución inefectiva, pasiva y sin independencia, ha dado señales claras de cumplir con sus atribuciones de controlar el uso de fondos públicos, tal como ha sucedido en la fiscalización de la gestión de las instituciones durante la pandemia, pese a la resistencia de algunas de ellas y de acciones realizadas por el Órgano Ejecutivo para obstaculizar el trabajo de la CCR. Por su parte, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) se encuentra investigando casos de posibles vulneraciones a la ética pública, muchos de ellos relacionados con la pandemia, y se espera que los procesos en curso se resuelvan pronto y se aplique la ley con rigor.

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia se encuentra elaborando un anteproyecto de Ley de Probidad desde hace varios meses, y todavía no cuenta con una versión definitiva que pueda ser aprobada por la Corte en Pleno, para luego darle iniciativa de ley. Debido a la suspensión de plazos procesales establecidos en función de la pandemia por COVID-19, la actividad sancionatoria de la Sección de Probidad estuvo suspendida, pero han avanzado con 10 verificaciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios que ya estarían listas para ser conocidas por la Corte en Pleno. La Fiscalía General de la República (FGR) ha avanzado con algunas investigaciones relacionadas con posibles actos de corrupción vinculados a contratos y compras para hacer frente al COVID-19, durante las cuales ha realizado allanamientos en distintas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud, durante el cual los efectivos de la Policía Nacional Civil, en lugar de colaborar con la FGR, trataron de impedir el acceso a las instalaciones de dicho ministerio, situación que también se aborda en el Eje de Estado de derecho.

En la parte final del eje de Transparencia se ha dedicado un espacio considerable a la situación de la libertad de expresión y de prensa en el país, debido a un incremento en las agresiones en contra de periodistas, que tanto las instituciones como medios nacionales denuncian, así como también múltiples instituciones internacionales, que se muestran preocupadas por el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador; sobre todo, cuando, según el informe presentado por la Asociación de Periodistas de El Salvador, el 29 de enero de 2021, la mayoría de las agresiones en contra de periodistas y comunicadores provienen de funcionarios del Ejecutivo. Esto genera mucha preocupación, ya que la libertad de expresión y de prensa son libertades fundamentales que merecen especial protección y, sobre todo, respeto de parte de las autoridades y funcionarios.

El eje de Clima de Negocios y Seguridad Ciudadana aborda que, al cierre de 2020, el mundo entero sigue enfrentando una situación incierta, desafiante, cambiante y aún sin tener una solución permanente ante los desafíos que el COVID-19 ha generado. La pandemia ha traído consigo cambios importantes a nivel mundial, y El Salvador no ha sido la excepción, y en particular el clima de inversión ha sido sumamente diezmado por diversas razones, como el entorno económico que causó en sí mismo la pandemia, pero agudizado por la preocupante incertidumbre jurídica y por los atentados contra el Estado de derecho.

De acuerdo con la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, al cuarto trimestre de 2020, se refleja que la percepción sobre el clima de inversión continúa siendo negativa, principalmente a causa de la incertidumbre (26.6%), la emergencia del COVID-19 (25.3%), la baja actividad económica (11.0%) y las políticas económicas erradas (5.2%). Es importante notar que, durante los primeros tres trimestres de 2020, cerca del 60% consideraba que la pandemia había sido lo que más ha afectado al clima de inversión, pero en el último semestre esto se ha reducido, cobrando más relevancia la incertidumbre, especialmente en sus subcomponentes de incertidumbre política y de clima electoral. Cabe señalar que, al igual que en el segundo trimestre de 2020, la delincuencia e inseguridad no se consideraron dentro de los principales obstáculos para el cuarto trimestre del año.

En este sentido, es importante generar confianza, seguridad jurídica y estabilidad política para mejorar el clima de inversión y, de esa forma, generar mayores oportunidades de empleo para los salvadoreños; así, por ejemplo, el Estado debe procurar transparentar sus actuaciones, especialmente en las compras públicas y en el manejo presupuestario durante la pandemia.

Por otra parte, los problemas ocasionados por la pandemia durante todo 2020 dejaron en evidencia la necesidad de promover el gobierno electrónico y una agenda digital de país. En ese sentido, El Salvador se encuentra en
un momento importante, donde hay una oportunidad para ello; sin embargo, si bien han existido avances en la aprobación de marcos legislativos, continúa el reto de coordinar con otras instituciones, principalmente con el Órgano Ejecutivo, para implementar una verdadera agenda de país, que habilite a la Administración Pública a incorporar las nuevas tecnologías, para mejorar la calidad de los servicios, reducir trámites, generar eficiencia y promover la transparencia. Asimismo, se requiere de una adecuada Ley de Protección de Datos Personales, con una autoridad garante que sea independiente y técnica, que brinde certeza para los ciudadanos en la implementación de la agenda digital.

Al cierre de 2020, continúa la falta de voluntad política para aprobar un nuevo marco normativo que regule de manera integral al servicio público, ya que la discusión del proyecto de Ley de Servicio Público no presentó avances,
preocupando la falta de interés por privilegiar la meritocracia en las contrataciones de servidores públicos y que se dé un salto de calidad en la Administración Pública.

En materia de seguridad ciudadana, ha continuado la reducción en los homicidios y personas desaparecidas, en comparación con los datos presentados en informes anteriores. Por otra parte, persisten problemas como el de las extorsiones y el control que las pandillas ejercen en gran parte del territorio. Genera preocupación las serias dudas planteadas por expertos nacionales e internacionales, y algunos medios de prensa, al señalar que detrás de la reducción de homicidios pueda haber pactos ilícitos, por lo que la FGR debe acelerar la investigación que ha iniciado para determinar si hay actuaciones ilegales. En este sentido es importante destacar que el país requiere de políticas públicas apegadas a derecho, y estrategias integrales para combatir la inseguridad.