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El proyecto de presupuesto y la reforma al fideicomiso nos alejan de la solución

Autor: 
DEC
Fecha: 
Vie, 10/21/2016

El Proyecto de Presupuesto (PDP) 2017 y la reforma al fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP) van de la mano. Al no pagar el servicio de la deuda con el Fondo de Pensiones de los Trabajadores, se abre un cupo artificial de gasto en otras áreas, creando un espejismo de disponibilidad en el presupuesto, que provoca que la gestión pública no presente el ajuste requerido y que el fideicomiso continúe al infinito. 

Con la reforma al fideicomiso, no se paga el servicio de la deuda con los trabajadores, ni la amortización de capital, ni aproximadamente US$120 millones en intereses de 2017 por el saldo en Certificados de Inversión Previsional (CIPS) anteriores. Sin pago de intereses, no se retribuye la rentabilidad a los cotizantes por su ahorro. Este monto está relacionado, en parte, con la decisión de la misma Asamblea Legislativa, de elevar paulatinamente la tasa de interés aplicándola solo para adelante y no para atrás, debido a la orden de la sentencia de Sala de lo Constitucional, que revertía el subsidio que los trabajadores otorgan, prestándole al Estado a una tasa baja; sin embargo, ahora no se recibirán esos recursos.   

Los hechos indican que los incentivos políticos de corto plazo motivan a actuar irresponsablemente, presentando un presupuesto sobre la base de un espejismo, y empujan el gasto, sin orden ni disciplina. Por ejemplo, a pesar de la apretada situación económica y fiscal, aún se continúa aumentando el monto global de las remuneraciones, con un ascenso en el PDP, de US$69.5 millones o en alrededor de US$100 millones más que lo que se ejecutó en 2015. 

Por otra parte, la falta de actitud responsable, ha llevado a que con rápido endeudamiento se desplacen recursos de áreas prioritarias. Tomando en cuenta el tamaño de la deuda, relacionado en parte con el abultado saldo de LETES, los intereses en 2016 alcanzarán US$730 millones, superando el presupuesto de salud, o los recursos destinados a seguridad, tomando el ramo de justicia y el órgano judicial juntos. 

A pesar del llamado reiterativo, el PDP 2017 es incompleto. Se estarían sobrestimando los ingresos durante seis años consecutivos, en más de US$1,200 millones.  Además, se omite en su totalidad el subsidio a la electricidad, no se incluyen las devoluciones de impuestos, no se incluye el pago mencionado de servicio de la deuda a los trabajadores, ni el total del pago de pensiones del IPSFA. 

En conclusión, se está perdiendo una oportunidad más en un momento crítico; el presupuesto 2017 y la reforma al FOP son contrarios a la solución, porque no enrumban el gasto por un sendero realista, y sin legalidad emplean subterfugios para evadir responsabilidades. A su vez, ambas medidas distancian y tensionan más las posiciones, menoscabando la confianza para arribar a pactos y acuerdos, necesarios para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

 

*Editorial publicado en la Revista El Economista, edición octubre-noviembre 2016, www.eleconomista.net 

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