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Pensiones nuevamente al debate

Autor: 
DEC
Fecha: 
Mié, 09/18/2019



La Asamblea Legislativa ha recibido ocho propuestas para modificar aspectos del Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), el tema nuevamente ha cobrado vigor en el debate nacional, lo cual es comprensible, por la enorme trascendencia que tiene en la vida de las personas. Sin embargo, el asunto de las pensiones es muy complejo, se presta  a confusiones y existe desinformación. Es necesario que la discusión sea sana, respetuosa, informada e inclusiva, basada en evidencia y análisis claros, evitando el riesgo de adoptar medidas que no sean realistas financieramente. 

En 2017 se realizó la más reciente reforma al SAP, es esencial señalar que se mantuvo la propiedad individual del ahorro, ya que el proyecto gubernamental propendía a la confiscación de este ahorro, mediante el establecimiento de un “sistema  mixto”; este cambio fue sustancial y efectuado en un contexto fiscal delicado. Respecto a esta reforma, se formulan planteamientos que no son ciertos y distorsionan la realidad; un nuevo debate debe partir de una profunda comprensión de los aspectos incorporados con este cambio de reglas al SAP, ya que se modificaron varios de sus parámetros fundamentales en unos casos; en otros, se dejaron las bases para que se vayan ajustando a futuro. 

Entre los planteamientos distorsionadores se menciona que la reforma “no tocó nada sobre aspectos trascendentales que habrían dado sostenibilidad y seguridad a largo plazo al sistema de pensiones”. Por el contrario, la reforma  modificó parámetros importantes para la sustentabilidad del pago de las pensiones de los afiliados al SAP, es decir, se fortaleció la sostenibilidad financiera del sistema, que consiste en que los ingresos sean capaces de cubrir los gastos en el corto, mediano y largo plazo, incorporando varias medidas –creación de la cuenta de garantía solidaria, cambio de fórmula de cálculo de las pensiones, aumento de cotizaciones, creación de oportunidades para mejorar la rentabilidad del ahorro, reglas para crear el Comité Actuarial, entre otras-. Se lograron pensiones estables y vitalicias para todos. Además, debido al deterioro fiscal que imperaba cuando se aprobó esta reforma, se introdujo un alivio fiscal al gasto público en pensiones; solo en 2018, el ahorro para el Estado alcanzó US$194.4 millones, y, en términos de valor presente se estima un ahorro del orden de US$6,000 millones.

La reforma de 2017 tuvo avances importantes, no obstante, persisten retos: i) la baja cobertura de la previsión social (el 24.3% de la PEA cotizaba al SAP a junio de 2019) esto es reflejo de que en el mercado laboral predomina la informalidad, y es un desafío de país; ii) ciertos segmentos de afiliados no están satisfechos con el monto de su pensión, por ser inferiores a sus expectativas, ya que las pensiones actuales están impactadas negativamente por la  baja tasa de interés que pagó el Gobierno a los fondos de pensiones por las inversiones en Certificados de Inversión Previsional (CIP), se estima que el impacto por invertir a tasas inferiores a las de mercado ronda US$3,700 millones a junio de 2019; iii) aumentar la rentabilidad del ahorro previsional.

Cualquier planteamiento para reformar el SAP, debería ser ampliamente debatido con los actores sociales claves –trabajadores, empleadores, sector público, academia, entre otros- y que se realicen los estudios técnicos actuariales que demuestren la sostenibilidad financiera en el largo plazo del sistema de pensiones con las medidas que se estén considerando.

*: Editorial publicado en la Revista El Economista, edición septiembre-octubre 2019, www.eleconomista.net 

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