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Un presupuesto 2018 incompleto y con vicios: una oportunidad perdida

Autor: 
DEC
Fecha: 
Mar, 02/27/2018


El 29 de septiembre de 2017 se presentó el proyecto de presupuesto 2018 (PP2018) a la Asamblea Legislativa.  Las expectativas de lograr un presupuesto transparente y completo eran altas; ya que tenía que cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y con la sentencia de la Sala de lo Constitucional (SC).  

La sentencia indicaba que los presupuestos debían basarse en proyecciones realistas de ingresos, e incluir todos los gastos.  Se ordenó dos grupos de medidas: uno para corregir la subestimación de: la deuda previsional, pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, devoluciones de IVA y renta; mientras que el otro, abarcaba acciones para racionalizar el gasto excesivo, injustificado y oneroso en varios rubros.

Se suponía que el proyecto de presupuesto dejaría de tener los vicios que habían presentado los anteriores, ya que había mecanismos que incentivarían al Ejecutivo a cumplir con la ley; entre ellos, una declaración jurada y la posibilidad de interpelación.

No obstante, esta esperanza se desvaneció rápidamente cuando se observó que el PP2018 continuaba subestimando la devolución de impuestos y pago de pensiones del IPSFA.  Además, se contemplaba la creación de 3,628 nuevas contrataciones, mientras se suprimían otras, y varias instituciones registraban incrementos en rubros que la SC ordenó racionalizar.

Si el Ejecutivo no estaba dispuesto a cumplir con la legislación, todavía se contaba con el filtro de la Asamblea Legislativa.  La aprobación del presupuesto requería de mayoría calificada, lo que hacía esperar una negociación más responsable; sin embargo, este filtro no funcionó, el presupuesto de 2018 se aprobó el 5 de enero de este año, sin corregir sus fallas, y manteniendo el monto del gasto; peor aun, las modificaciones realizadas aumentaron la subestimación de varios rubros. 

Se redujo la necesidad de financiamiento con bonos en US$204 millones; de ese monto, US$151 millones fue por proyecciones más optimistas de la recaudación (US$86 millones), y transferencias recibidas de empresas públicas (US$65 millones).  Si estos ingresos adicionales no se materializan, tampoco se concretizará la menor necesidad de financiamiento.

Se liberaron fondos en forma ficticia con recortes de US$40 millones en las devoluciones de impuestos; estos rubros ya estaban subestimados en el PP2018, y con las negociaciones la situación se agravó. Al comparar con los cambios legislativos realizados al PP2017, se observa que en los de 2018, hay menos organizaciones privadas y municipalidades favorecidas, y el monto que reciben es menor; sin embargo, las reasignaciones de 2018 se concentran en el sector cafetalero y los excombatientes.

Las modificaciones al PP2018 aumentaron el monto del gasto que no tiene financiamiento.  Las estimaciones apuntan a que se necesitarán cerca de US$158 millones adicionales en el transcurso de 2018.

Con la sentencia de la SC se creó una oportunidad para tener un presupuesto que fuera completo y transparente.  Sin embargo, prevalecieron los criterios políticos sobre los técnicos, y las partes no quisieron compartir el costo del ajuste en un año preelectoral.  La aprobación del P2018, por tanto, no desvanece la necesidad de continuar con las negociaciones, para corregir el rumbo de las finanzas públicas.  

Editorial publicado en la Revista El Economista edición Centroamérica febrero marzo 2018 www.eleconomista.net 

 

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