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Eficacia de los mecanismos de protección del Derecho a la Información en El Salvador

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El 28 de septiembre de cada año, se celebra el “Día Mundial del Saber”, festejo que nos recuerda que el acceso a la información es un derecho inherente a la persona humana.  Sin información es imposible resolver los retos de cada día. Necesitamos información para todo lo que hacemos en nuestras vidas personales y profesionales. ¿Qué ruta tomo para ir al trabajo? ¿Cómo hago para aplicar a una beca? ¿Subirá o bajará mañana el precio de la gasolina, compro hoy o compro mañana?   ¿Dónde exactamente pasará la nueva carretera cerca de mi propiedad?  ¿Para qué quiere el Gobierno quiere aumentar el número de empleados públicos?


El ejercicio y la protección del “derecho a saber” o derecho humano a obtener información se concreta de forma distinta en el ámbito de cada país. En El Salvador, desde la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), su ejercicio se concreta en el derecho a obtener información en poder de la Administración Pública y de los entes privados que manejen fondos públicos.  Por tratarse de un derecho fundamental, el Estado tiene la obligación de respetarlo y crear las garantías para su defensa.


Los mecanismos de protección son de variada naturaleza.  La LAIP establece varias acciones para hacer efectivo el derecho: la vía administrativa directa y los recursos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). En forma complementaria, también regula la vía judicial, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como un mecanismo de uso exclusivo de los particulares y la protección reforzada que ofrece la vía judicial ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, regulada en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Constitucionales.


En la vía administrativa, el IAIP impone multas por violaciones al derecho, ordena que se entregue la información y/o desclasifica información denegada por haber sido clasificada como reservada o confidencial por alguna institución pública. En sede judicial, la Sala de lo Constitucional declara la violación al derecho de acceso a la información o de un derecho conexo, así como la existencia de responsabilidad por parte del funcionario infractor, pero no cuantifica el monto debido, siendo necesario acudir posteriormente a un proceso judicial de daños y perjuicios para hacer efectivo el resarcimiento patrimonial.  Hasta la fecha de cierre de este análisis, la Sala de lo Contencioso no ha admitido casos en que los demandantes sean particulares, por lo que su funcionamiento no se incluye.


En este análisis, se examina el funcionamiento actual de los mecanismos legales y constitucionales de protección, con el propósito de establecer si el sistema de garantías para tan importante derecho está funcionando adecuadamente o si hay mejoras posibles que deben implementarse.

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