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El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó la más reciente edición del Informe de Coyuntura Legal e Institucional, correspondiente al segundo semestre de 2018

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EJE DE ESTADO DE DERECHO

El semestre ha estado marcado por las elecciones de funcionarios. 

La elección de magistrados tuvo mejoras con respecto a procesos previos, pero en general, cumplió solo de manera parcial las disposiciones jurídicas aplicables y los estándares recomendados para la elección de altas cortes. Además de que se eligió con cuatro meses de desfase, todavía existen regulaciones incompletas y prácticas incorrectas que deben corregirse, aspectos sobre los que ya existen, incluso con iniciativa de ley, propuestas de reforma. El retraso en la elección tuvo consecuencias, como el aumento significativo de expedientes activos en la Sala de lo Constitucional y el funcionamiento anormal de Corte Plena.  

La Asamblea Legislativa también eligió al Fiscal General de la República mediante un proceso que tuvo incluso menos calidad que el de la elección de magistrados de la CSJ. Careció de mecanismos claros de evaluación, tuvo poca o ninguna fundamentación sobre el cumplimiento de requisitos como la desvinculación formal y material de los partidos políticos, lo cual es un incumplimiento a la jurisprudencia constitucional vigente sobre este tema y la deliberación fue a escondidas de la población.  

El proceso de elecciones presidenciales de 2018 se ha desarrollado con normalidad jurídica, si acaso distorsionadas por algunas actuaciones de campaña al margen de la ley.  Las instituciones realizaron su trabajo y los resultados fueron presentados a tiempo.  

El Eje de Estado de derecho también cubre otros aspectos importantes, como indicadores internacionales sobre este tema; aspectos sobre el respeto a los derechos fundamentales en el marco del combate a la delincuencia; las relaciones entre los órganos del Estado a partir del estado de cumplimiento de sentencias como la que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y mediante los vetos y observaciones realizados por la Presidencia de la República; el trabajo de las Salas de la CSJ, con detalles del número de expedientes pendientes, el trabajo en el control disciplinario de abogados, notarios y jueces; y el análisis de otros temas importantes para el sistema electoral. 

EJE DE TRANSPARENCIA

En el Eje de Transparencia se analizan los resultados y posicionamientos de nuestro país en indicadores nacionales e internacionales para verificar los eventuales avances o retrocesos en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Entre los indicadores más relevantes se incluye el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual nuestro país muestra una leve mejora tanto en el puntaje como en la posición obtenida.  

Por otra parte, también se evalúa el funcionamiento del conjunto de instituciones que promueven la transparencia y que luchan contra la corrupción. Por otra parte, en este semestre ha sido de mucha importancia la renovación de las personas a cargo de varias instituciones de control. Se pudo constatar que las elecciones de estos funcionarios, además de afectar el Estado de derecho, también han tenido un impacto importante en el funcionamiento de las instituciones objeto de análisis en este eje, por ejemplo: 1)la elección atrasada de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se tradujo en una interrupción en el conocimiento de casos de probidad por Corte Plena; 2) la elección de un nuevo Fiscal General de la República, quien debe continuar impulsando procesos de corrupción de gran relevancia, se dio mediante un proceso carente  de transparencia por parte de la Asamblea Legislativa;  y 3) la elección de nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) con poca participación de los sectores convocados, implica una gran responsabilidad para que el Presidente de la República elija con base en la idoneidad de los candidatos.

Como tema transversal a casi todo el eje, se analizan las fallas que han existido en materia de control de los fondos públicos, en cuya fiscalización deberían participar casi todas las instituciones de control, algunas de forma más directa que otras, como la CCR y la FGR.  Las fallas existentes han resultado en el enjuiciamiento penal de los 2 últimos expresidentes de la República, debido a casos de corrupción que han implicado el desvío de más de US$700 millones.  Para finalizar, se presentan algunos hallazgos relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión en el país, incluyendo la renovación de las concesiones del espectro radioeléctrico regulado.

EJE DE CLIMA DE NEGOCIOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

Durante el segundo semestre de 2018, tal como ya se ha advertido en informes anteriores, el clima de negocios y la seguridad ciudadana continúan enfrentando retos importantes que requieren de acciones concretas y de un impulso renovado de políticas públicas, orientadas a dar un giro que permita atender la situación actual. Si bien se han tenido avances importantes, como la aplicación de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y el ingreso al Centro de Desarrollo de la OCDE, aún existen desafíos por superar, como la delincuencia, la incertidumbre política, la falta de seguridad jurídica ante algunas decisiones inconsultas tomadas por el Gobierno, la excesiva tramitología y los bajos niveles de competitividad.

La incertidumbre política/económica fue señalada en este semestre como el factor que más afecta a la ciudadanía y al clima de negocios en el país, superando a la inseguridad ciudadana, el cual pasó a ser el segundo factor que más afecta. No obstante, la inseguridad sigue perjudicando a los salvadoreños, debido a las altas tasas de homicidios, a pesar de haber reducido en más de un 15% en comparación con el cierre del año 2017. Por otra parte, es positivo mencionar que en este semestre hubo una importante reducción del hacinamiento carcelario, existiendo a la fecha una sobrepoblación del 26%, gracias a que en 2018 se reportan 13,309 nuevos espacios en todo El Salvador.

Por otra parte, cabe destacar algunas de las razones por las que se estima que existe incertidumbre en el país, se debe a ciertas acciones que llevó a cabo el Ejecutivo de forma repentina y a espaldas de la población. Un ejemplo, fue de la decisión del Gobierno de poner fin a la relación comercial de más de 10 años con Taiwán, sin notificación ni consulta. Esto ha generado preocupación e incertidumbre jurídica ante el cambio abrupto de las reglas del juego y afectación a los sectores que se beneficiaban de dicho TLC. Por otra parte, también preocupa la forma en la que el Gobierno está llevando a cabo el proceso de licitación del Puerto de La Unión, bajo secretismo y falta de transparencia, sin garantizar un proceso competitivo que permita que el puerto se concesione a un operador de reconocida trayectoria a nivel internacional. El Gobierno debe trabajar con reglas claras y en total transparencia, a fin de ganarse la confianza de los salvadoreños, que se ha ido deteriorando de acuerdo a indicadores nacionales e internacionales. 

No obstante los retos que siguen pendientes, en este semestre se han dado aspectos positivos, como por ejemplo, la reciente incorporación de El Salvador al Centro de Desarrollo de la OCDE. Este es un paso importante, ya que traza el inicio de una ruta de largo plazo para el país, que permitirá identificar, con el apoyo de los expertos de la OCDE, las áreas que están limitando el desarrollo de El Salvador y determinar qué acciones deben tomarse en el corto, mediano y largo plazo. Con el ingreso al Centro de Desarrollo de la OCDE, se iniciará el Estudio Multidimensional de País, el cual dará insumos para la construcción de una agenda de país con una visión que vaya más allá de un gobierno de turno. Este es un esfuerzo importante para El Salvador, por lo que deberá ser retomado por el gobierno entrante. 

Finalmente, cabe señalar que existe una ventana de oportunidad en el tema de la función pública, ya que hay un anteproyecto de Ley del Servicio Público en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa. Es momento ideal para que se inicie una discusión técnica y se escuche a expertos en el tema, representantes de sindicatos, gremiales y academia, a fin de mejorar aspectos puntuales del anteproyecto y garantizar que se apruebe una ley que supere las deficiencias que tiene la actual Ley del Servicio Civil, la cual se encuentra desfasada y ya no responde a las necesidades actuales. Contar con una buena ley es solo un primer paso, pero es lo suficientemente robusto para que sirva de plataforma y se logre fortalecer el servicio civil, garantizando que los salvadoreños contarán con servicios públicos de calidad y, a su vez, que los funcionarios contarán con la capacitación adecuada para mejorar la prestación del servicio y se logrará dignificar al buen servidor público. 

 

 Antiguo Cuscatlán, 20 de febrero de 2019





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