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Estado de la Transparencia en Instituciones de control clave: CCR, TSE Y CSJ

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El Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, considera oportuno y necesario hacer una reflexión sobre el estado de la transparencia de instituciones de control claves para asegurar el buen funcionamiento del Estado. 

La Corte de Cuentas de la República (CCR) tiene por función fiscalizar el uso de los fondos públicos, pero lamentablemente esta institución politizada ha demostrado una falta de eficacia que ha abierto las puertas a la corrupción. Desde el 31 de julio pasado, la CCR se encuentra en acefalía pues la Asamblea Legislativa aún no ha electo a los funcionarios para el cargo de Presidente de la Corte y los dos magistrados de la Cámara de Segunda Instancia. Si bien preocupa el retraso de la elección, que se ha vuelto práctica común en elecciones de segundo grado, causa mayor alarma la intención de realizar repartos, eligiendo por cuotas partidarias y no en base a la experiencia de los candidatos.

Las elecciones de segundo grado que lleva a cabo la Asamblea Legislativa, incluida la de la CCR, deben guiarse por los principios de transparencia del proceso y de idoneidad e independencia de los funcionarios electos y cumplir con la amplia jurisprudencia sentada al respecto por la Sala de lo Constitucional. El presente proceso es el primero de una serie de elecciones de segundo grado que deberá realizar la próxima Asamblea Legislativa (2018-2021), de instituciones que también son clave: antes del 16 de julio de 2018 deberán elegir 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos integrarán la Sala de lo Constitucional y antes del 6 de enero de 2019 deberán elegir al Fiscal General de la República. Sin duda, contar con funcionarios idóneos para liderar estas instituciones es esencial para su buen desempeño.

Las próximas elecciones de diputados y concejos municipales a celebrarse en marzo de 2018 también deben regirse por el principio de transparencia, para lograr credibilidad y mayor participación en las urnas; para esto, se requiere dotar de recursos suficientes al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Asimismo, es imperativo que se cumplan las obligaciones de transparencia que los partidos políticos tienen con la ciudadanía, tanto de sus finanzas como de sus procesos internos.

A partir de 2015, gracias a una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la apertura de las declaraciones patrimoniales, así como la elaboración y entrega de las auditorías a las mismas mediante resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), se han iniciado 10 juicios civiles por enriquecimiento ilícito: 2 ordenados en 2015, 7 ordenados en 2016 que incluían a dos expresidentes de la República, pero al octavo mes de 2017 solo  se ha ordenado 1, a pesar que la Sección de Probidad ha realizado 10 informes que ha remitido a la Comisión de Ética y Probidad y 5 ya han sido conocidos por Corte Plena. La reserva de información adoptada en junio de 2017 por Corte Plena, en referencia a las investigaciones en curso de la Sección de Probidad, es una manifestación de un preocupante cambio de actitud de esta instancia, lo cual fue enfatizado por las declaraciones de un magistrado de la CSJ que señalaba el riesgo de que la Sección de Probidad vuelva a la inactividad que históricamente había tenido, al evidenciarse un decaimiento en el trabajo de dicha instancia. Es importante que la CSJ dote de mayores recursos a la Sección de Probidad, y que tramite con diligencia y celeridad las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito, respetando el debido proceso y el derecho de acceso a la información pública. 

El Salvador necesita funcionarios independientes que respondan a las necesidades de la ciudadanía, capaces de liderar instituciones sometidas al imperio de la ley y comprometidos con la transparencia y el combate a la corrupción, para esto se requiere procesos eleccionarios en los que se premie la capacidad y el buen desempeño. Hacemos un llamado a la ciudadanía para exigir elecciones transparentes e instituciones fuertes: la evolución hacia un Estado abierto, ético y transparente depende de todos los salvadoreños y salvadoreñas.

 

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