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Informe de Coyuntura Legal e Institucional del 2° semestre de 2016

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El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentará una nueva entrega del Informe de Coyuntura Legal e Institucional, correspondiente al segundo semestre de 2016, este jueves 23 de febrero de 2017.  

El informe se divide en 3 capítulos, en los cuales se analizan los temas más relevantes ocurridos durante el semestre en materia de Estado de derecho, transparencia, seguridad y clima de negocios.  Entre los hallazgos que más destacan, se mencionan los siguientes:

Estado de Derecho:

En el segundo semestre, han continuado los ataques contra la independencia de la Sala de lo Constitucional, llegando al punto que los magistrados han denunciado amenazas contra su integridad.  Esto provocó la reacción de la sociedad civil y de funcionarios internacionales que exigen que cesen cuanto antes, así como una pronta investigación. 

Ha habido nueva jurisprudencia constitucional sobre temas relevantes, como sobre la independencia de los funcionarios que deben controlar el poder político mediante la inconstitucionalidad de la elección de un magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia, así como también respecto de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que si bien no se comparten algunos de los criterios de la misma, teniendo carácter definitivo, impone importantes retos legislativos y de política pública para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto, mantener la armonía social y potenciar los progresos democráticos alcanzados desde el Acuerdo de Paz.    

Cabe señalar también el atraso de la Asamblea Legislativa para elegir a los miembros del CNJ, al titular de la PDDH y a los magistrados de la CCR. 

El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project muestra que El Salvador ha disminuido su ranking en 8 puestos en relación con 2015, y que el factor que perdió más terreno es el respeto a los derechos fundamentales. Precisamente sobre esta materia se estima que hay aspectos que deben observarse y atenderse, como los desplazamientos forzados, una situación que reconoció la PDDH en agosto de 2016; posibles abusos en los operativos de las fuerzas de seguridad, sobre lo cual la FGR ha iniciado procesos penales; y el hacinamiento carcelario, el cual ha sido declarado por la Sala de lo Constitucional como un estado de cosas inconstitucional. 

El informe establece el estado de los temas electorales pendientes de ser regulados, concluyendo que, si bien desde 2015 se ha avanzado en la adecuación de las leyes a la jurisprudencia constitucional, a un año de las elecciones legislativas y municipales de 2018 todavía existen algunos aspectos incompletos que deben solventarse con prontitud. Esto es indispensable para que el Tribunal Supremo Electoral pueda planificar las elecciones con certeza sobre el derecho aplicable. 

Transparencia:

En 2016, y en particular en el segundo semestre del año, se dio un impulso decidido a la lucha contra la corrupción, dándose a conocer múltiples investigaciones.  De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, de Transparencia Internacional, la percepción de dicho flagelo aumentó en el país, obteniendo 36/100 puntos y la posición 95 de 176 países, bajando 3 puntos y 23 posiciones con respecto a 2015, lo cual no es de extrañar en un período en el que se descubren escándalos de corrupción. 

En 2016, también se elevó la valoración del trabajo de la FGR por parte de las personas entrevistadas s para la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES, lo que hace eco del mayor trabajo que realiza esta institución en materia de lucha contra la corrupción.  También debe resaltarse un mayor porcentaje de investigaciones penales iniciadas de oficio por dicha institución. Sin embargo, otras instituciones continúan con una mala evaluación; su deficiente desempeño demuestra que aún tienen mucho que aportar en la promoción de la transparencia y en la lucha contra la corrupción, como el TEG y la CCR. 

En materia de acceso a la información pública, el segundo semestre de 2016 culminó con incertidumbre respecto a unas reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RLAIP), las cuales fueron aprobadas en enero de 2017.  La elección de los comisionados del IAIP fue suspendida en enero del año en curso, puesto que los sectores no pudieron presentar la documentación requerida en el plazo estipulado. Es importante que los sectores académicos y empresariales ejerzan adecuadamente el rol encomendado por la ley y propongan a personas calificadas e independientes para integrar el IAIP; sin embargo, hay elementos cuestionables de las reformas y que pueden afectar la participación de los en las elecciones de los comisionados del IAIP, tales como un proceso de impugnación de candidaturas mal diseñado y el limitar la participación por medio de apoderados.

En enero de 2017, se cumplió un año de la presentación y admisión de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Probidad. No obstante, durante ese período la Sección de Probidad, la Corte Plena y la FGR han realizado un importante trabajo de lucha contra el enriquecimiento ilícito, aplicando una ley que se mantiene viva por medio de una medida cautelar. Luego de la sentencia, se espera contar con un nuevo marco legal en materia de probidad, el cual debe potenciar ese trabajo y no permitir que se vuelva a la inactividad que por más de 50 años se impuso en esta materia. 

En materia de libertad de expresión, el país ha sufrido un deterioro en indicadores como el Índice de Estado de Derecho, elaborado anualmente por el Proyecto de Justicia Mundial, en el cual la protección a esta libertad se valora con 0.59/1.00, bajando 4 puntos en relación con los informes de 2015 y 2014, cuando se obtuvo 0.63/1.00. 

Clima de Negocios y Seguridad Ciudadana:

En el Eje Clima de Negocios y Seguridad Ciudadana, es de señalar que en septiembre, el Foro Económico Mundial (FEM) publicó su Índice Global de Competitividad 2016 - 2017, IGC, que evalúa el desempeño de competitividad de 138 países en doce aspectos distintos, como la institucionalidad, infraestructura, ambiente macroeconómico, entre otros.  De acuerdo con este informe, El Salvador se ubicó en la posición 105 sobre la base de 138 naciones evaluadas; ocupando el último lugar en Centroamérica incluyendo a Panamá, cuando en 2003, El Salvador era el líder de la región centroamericana y una de las naciones más competitivas de Latinoamérica. De acuerdo con el IGC, los aspectos más problemáticos para hacer negocios en El Salvador son: la criminalidad, seguido de la corrupción y la ineficiencia burocrática de las instituciones.

En El Salvador, la inversión extranjera directa (IED) ha venido cayendo, mientras que en el resto de Centroamérica se registra una tasa promedio anual de inversión del 24.4% sobre el PIB, entre los años 2010 y 2015; en El Salvador, la misma tasa apenas ha logrado llegar a 14%, lo cual es un reto, ya que existe una clara desventaja con el resto de la región. En aras de cerrar la brecha, y poder alcanzar mayores niveles de inversión, es necesario como país crear las condiciones para lograrlo. 

 

En este semestre, hubo una serie de acontecimientos que afectaron el clima de negocios, al haber causado incertidumbre jurídica; entre estos, cabe mencionar la amenaza del Gobierno de estatizar el sistema de ahorro para pensiones y aprobar una ley para el cobro de deudas y multas a favor del Estado sin respetar el debido proceso. FUSADES ha reiterado su rechazo a la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de pensiones, por considerarla inconstitucional e inconsulta, ya que vulnera derechos fundamentales de los trabajadores como el de propiedad privada y el de seguridad social. Asimismo, ha reiterado que si bien el sistema puede mejorarse, esto no debe hacerse afectando derechos de los trabajadores, requiriéndose una reforma técnica, integral, sostenible y respetuosa de la Constitución.  

 

En cuanto a la seguridad ciudadana, 2016 cerró con más de 5,278 víctimas de homicidios. Los datos muestran que el total de personas que perdieron la vida es menor en un 21% respecto a 2015, lo que pone de manifiesto que si bien es positivo que haya una baja en los homicidios, las cifras aún son muy elevadas. Las extorsiones continuaron afectando a las familias y a las empresas salvadoreñas a lo largo de 2016. La seguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema que tiene El Salvador y es por ello que deben realizarse esfuerzos efectivos por parte del Estado para reducir de forma sostenida los altos índices de criminalidad.  

Antiguo Cuscatlán, 23 de febrero de 2017.


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