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Informe de Coyuntura Legal e Institucional Primer semestre de 2019

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El 28 de agosto de 2019, el Departamento de Estudios Legales de Fusades presenta el Informe de Coyuntura Legal e Institucional correspondiente al 1er semestre de 2019, en el cual destacan los aspectos que se señalan a continuación:

En el Eje de Estado de Derecho se reporta que existen sentencias de la Sala de lo Constitucional que están pendientes de cumplirse, como la que ordena una nueva ley de reconciliación nacional y la que manda a atender el desplazamiento forzado interno. El uso de la Fuerza Armada en tareas de seguridad ciudadana continuará en el nuevo periodo presidencial. Esto es permitido por la Constitución, pero hay requisitos jurídicos que no se han cumplido y que el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de respetar,  por ejemplo, informar a la Asamblea Legislativa luego de cada periodo para el que se autorizó la participación de la FAES en tareas de seguridad. 

La nueva integración de la Sala de lo Constitucional ha mantenido el criterio jurisprudencial de despartidizar a las instituciones de control, como el TSE, lo cual es positivo. Las elecciones de la Procuradora General de la República y de los magistrados del TSE  reflejan irrespeto a los procedimientos requeridos por la jurisprudencia constitucional. Es necesario insistir en la reforma al Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa para detallar estos procesos, y en la voluntad política para cumplirlos. Las elecciones presidenciales fueron democráticas y la entrega del poder fue pacífica. No se debe perder de vista que estos son logros que se deben defender en el futuro.

En Transparencia hay varias leyes que regulan a las instituciones en materia de lucha contra la corrupción y acceso a la información pública que es necesario reformar, comenzando con la Ley de Acceso a la Información Pública,  para fortalecer el derecho de acceso a la información, la estabilidad de los Oficiales de Información y el proceso de elección de comisionados.  La CCR debe realizar sus funciones de forma más efectiva. Es necesario, además, que cumpla con su mandato de auditar cualquier partida de fondos públicos, incluyendo los gastos reservados de Presidencia. Urge aprobar una Ley de Probidad que incluya herramientas efectivas para prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito, que regule también los conflictos de interés y que cumpla con la jurisprudencia constitucional sobre el tema. Además, es necesario que exfuncionarios y funcionarios cumplan con la Constitución y presenten sus declaraciones de patrimonio.  Para fortalecer la lucha contra la corrupción en el país, se necesita un Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, por lo que se espera que el Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción se vaya consolidando para convertirse en un verdadero sistema.

Los indicadores internacionales muestran que la libertad de expresión en el país ha disminuido en los últimos años y llaman a fortalecerla y a respetarla en los casos de críticas al poder público, evitando situaciones de persecución y acoso en contra de particulares y periodistas por sus opiniones disidentes.

Se destaca cierta mejora en la percepción del clima de negocios, tal como lo advierte la Encuesta Dinámica Empresarial de FUSADES del segundo trimestre de 2019.  El reto es que esto continúe y sea sostenible en el tiempo, pues aún hay aspectos que se deben mejorar.  El ingreso de El Salvador al Centro de Desarrollo de la OCDE es una oportunidad relevante para El Salvador, ya que permitirá llevar a cabo un Estudio Multidimensional de País, en el cual se identificarán los “cuellos de botella” que están limitando el desarrollo; permitirá determinar en cuáles áreas se va a priorizar y cómo la OCDE podrá apoyar parar superarlos. Por consiguiente, se contará con una agenda de país con una visión de largo plazo, que va más allá de un período presidencial, y traza una ruta al desarrollo inclusivo y sostenible. Este es un esfuerzo que deberá ser impulsado por el nuevo Gobierno. 

La reforma integral al servicio público sigue siendo una deuda pendiente en el país. Se requiere iniciar, urgentemente, la discusión del proyecto de Ley de Servicio Público por parte de la comisión ad hoc en la Asamblea Legislativa, considerando las opiniones de todos los sectores involucrados, para que priven criterios técnicos y objetivos en la toma de decisiones. Los legisladores deberán emitir una nueva ley con la que se cumplan los parámetros constitucionales de mérito y aptitud, creándose finalmente una carrera administrativa que dignifique al servidor público y acerque el Estado a la ciudadanía a través de servicios eficientes y de calidad.

Se espera que el Gobierno actual logre consolidar una agenda de país, enfocada en modernizar, volver eficiente al Estado y mejorar así su relación con los ciudadanos y los servicios que les presta. La digitalización tendría un efecto positivo en la desburocratización y en la eficiencia administrativa. En este sentido, es importante que este esfuerzo sea liderado por el Órgano Ejecutivo y que las leyes que se elaboren estén enmarcadas en esta política de país. 

Durante el semestre se ha visto una importante reducción en los homicidios. El nuevo Gobierno está llamado a darle sostenibilidad a esa tendencia a la baja y además se deben implementar acciones efectivas para reducir otros delitos como las extorsiones. Además, las cifras de las personas desaparecidas continúan siendo cercanas al total de víctimas de homicidio durante el semestre que se reporta, reflejando la necesidad de enfrentar adecuadamente esta situación. Es positivo notar los esfuerzos de la FGR por crear una unidad especializada para la investigación de estos casos, así como la conformación de una mesa bipartita con la PNC para homologar datos. La creación de información estadística confiable será fundamental para que las autoridades tomen las medidas adecuadas.

 

 

Antiguo Cuscatlán, 29 de agosto de 2019

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Coyuntura Legal 1-2019-agosto.pdf4.58 MB
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