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Informe de Coyuntura Social noviembre 2019

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Afianzar un proyecto de país que promueva mejor calidad de vida para los salvadoreños y sus familias, requiere fomentar desarrollo desde las comunidades, articulando diferentes servicios para responder a necesidades presentes en los territorios.

El Informe de Coyuntura Social del Departamento de Estudios Sociales sostiene que el avance en los procesos de desarrollo territorial requiere mejorar los componentes de la cohesión social. Para ello, se debe trabajar en los aspectos de oportunidades económicas y sociales, legitimidad institucional, vínculos sociales y valores.

Los territorios son el lugar donde germina y se fortalece la voluntad de las personas para cooperar por el desarrollo sostenible de la sociedad. Aunque las condiciones de vida de los salvadoreños han ido mejorando paulatinamente, el progreso no se ha manifestado de manera uniforme en todas las regiones del país. Corregir este aspecto es importante para generar confianza en la población con sus pares y arraigo hacia sus lugares de origen.

A partir del análisis realizado, en este informe se argumenta que integrar esfuerzos de múltiples actores es primordial para facilitar que la población haga realidad sus proyectos de vida. Al mismo tiempo, fundamentar el progreso en educación de buena calidad, pues esta incrementa las probabilidades de desarrollo, a la vez que procura su sostenibilidad.

Las oportunidades de desarrollo deben desconcentrarse del área metropolitana para que las personas tengan mayor acceso a servicios y mejoren su calidad de vida en los territorios.

El acceso a derechos básicos y la igualdad de oportunidades han ido aumentando en el país, pero la evidencia disponible sugiere que no ha sido de manera uniforme en todos los territorios. Comparada con otras regiones, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) cuenta con el mejor entorno en cuanto a oportunidades económicas y sociales: sus habitantes tienen mayor acceso a servicios públicos y privados, más años de escolaridad y mejores condiciones laborales, así como también menos personas se encuentran en situación de pobreza. Sin embargo, el área metropolitana también enfrenta desafíos en la misma magnitud o más graves que otros territorios. Prueba de ello es la tasa de desempleo juvenil del AMSS, la cual es 13.4% de la población económicamente activa de 16 a 29 años, mientras que la nacional es de 11.3%.

Además del aspecto socioeconómico, hay limitaciones en la eficacia de las instituciones y de la coordinación entre ellas que dificultan asegurar mayor igualdad de oportunidades en los diferentes territorios del país. En el ámbito nacional se percibe poca confianza en el cumplimiento de las normas sociales y de los contratos y una alta incidencia de la violencia. Al menos tres de cada cuatro personas que viven en Mejicanos, San Salvador y Santa Tecla consideraron que no hay una probabilidad alta de que sea sancionado un delito. Esto expone la necesidad de que las instituciones sean eficientes y respeten el Estado de derecho, para evitar que su funcionamiento afecte la certidumbre jurídica, el clima de inversión y la participación ciudadana.

Por tanto, es necesario llevar a cabo acciones en las dimensiones social, económica y político-institucional para mejorar la calidad de vida de las personas en sus lugares de origen. En consecuencia, se deben incentivar estrategias de desarrollo territorial que permitan responder a las demandas sociales localmente, siendo la base el fortalecimiento de la cohesión social.

Facilitar el acceso de la población a oportunidades de desarrollo, a través de sinergias entre diferentes actores sociales, produce esperanza y arraigo hacia sus lugares de origen.

Desde finales de octubre de 2018 han partido de El Salvador al menos 10 caravanas de migrantes en busca de mejor calidad de vida. Los municipios de los que parten la mayoría de estas personas enfrentan obstáculos en varios aspectos: pobreza, territorialidad de pandillas, débil demanda laboral, acceso limitado a servicios sociales básicos, salud y educación, entre otras. Múltiples retos en diferentes áreas requieren, en consecuencia, de diversos tipos de intervenciones para darles una respuesta oportuna.

El marco institucional salvadoreño valora como importante emprender acciones para suscitar desarrollo al interior del territorio nacional. Para lograr esto, incluso se ha considerado pertinente establecer sinergias entre niveles de gobierno y otras instancias externas al ámbito público. También se ha recurrido a estrategias como la creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES) y otras instituciones especializadas en este tema como el Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM). No obstante, más de un tercio de los salvadoreños continúan evaluando la opción de salir del país, pues creen que en sus lugares de origen no hay condiciones para llevar a cabo sus proyectos de vida. 

En este contexto, el reciente cambio de gobierno y su propuesta de transformar al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) en un nuevo Ministerio de Desarrollo Local constituyen una oportunidad para dinamizar los territorios. Lo fundamental es consolidar un compromiso de nación sólido y genuino por incrementar los niveles de desarrollo territorial. Asimismo, establecer condiciones para el trabajo articulado de diversos actores sociales, pues las necesidades en los municipios son variadas y requieren de diversos tipos de atenciones.

La regionalización de la educación es importante y tiene potencial para reducir inequidades y mejorar la calidad de este servicio en los territorios.

En los últimos cuarenta años se desconcentraron funciones del nivel central del Ministerio de Educación (MINED) hacia instancias regionales, departamentales y locales. Se estableció la supervisión educativa, la cual ha sido más bien reconocida en la práctica como asistencia técnica a escuelas. Además, se introdujeron formas participativas de gestión educativa y redes escolares que han contribuido a fomentar la autonomía escolar. La administración descentralizada ha aumentado la cobertura y la permanencia de los estudiantes en las escuelas; sin embargo, no ha logrado asegurar el aprovisionamiento adecuado de insumos y servicios a las escuelas para que puedan operar con estándares2 mínimos de calidad.

Mediante la implementación del Plan Cuscatlán se busca transformar el modelo educativo considerando sus particularidades desde el territorio. Esto supone diseñar e implementar una estrategia de regionalización a partir de la creación y desarrollo de áreas educativas identificadas en un mapa. Teniendo en cuenta los esfuerzos anteriores del MINED, la nueva política debería estar orientada no solo a mejorar qué y cómo se enseña en las aulas, sino también garantizar que los procesos de enseñanza y aprendizaje cuenten con los insumos y servicios necesarios para producir buenos resultados. Por ejemplo, asistencia técnica, infraestructura y equipamiento y distribución de materiales educativos, entre otros.

Se puede mejorar la eficacia de estos sistemas de apoyo a las escuelas mediante la descentralización de la provisión de algunos de estos. También, se propone establecer áreas educativas, principalmente, en zonas vulnerables y con mayor rezago educativo. Esto evitaría la atomización del territorio, promovería mejor asignación de recursos humanos y materiales, y crearía economías de escala que ayudarían a mejorar la eficiencia de la inversión. Al mismo tiempo, en este nuevo esfuerzo, la asistencia técnica a escuelas tiene el potencial de convertirse en un elemento articulador de otros servicios de apoyo que también influyen en los aprendizajes.

En conclusión, el Informe de Coyuntura Social valora los esfuerzos realizados por mejorar la situación social del país, a la vez que se señala retos pendientes de superar. En términos generales, se constata que el trabajo por mejorar la calidad de vida de los salvadoreños y sus familias comienza por atender las necesidades de las comunidades.

Desde los territorios se debe promover la consolidación del Estado de derecho, la confianza en las instituciones, el acceso a oportunidades y la provisión de servicios de calidad. Para garantizar los buenos resultados de este proceso, es clave el rol de la participación ciudadana y la articulación de esfuerzos de múltiples actores.

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