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La calidad de los servicios sociales depende de las políticas y el buen uso de los recursos

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El Informe de Coyuntura Social del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES presenta los problemas sociales y ambientales que afectan a la población y generan opinión pública, con el propósito de contribuir a provocar ideas y debate informado sobre las políticas y acciones que son necesarias y más efectivas para elevar el nivel de bienestar de los salvadoreños.

Durante el segundo semestre de 2014, sucedieron diferentes hechos que pusieron al descubierto dos desafíos vinculados con las políticas sociales y ambientales. El primero de ellos está relacionado con la capacidad para prevenir y mitigar los impactos negativos de fenómenos naturales, como la sequía, en la población más pobre. El segundo desafío se refiere a cuáles medidas se deben adoptar para mejorar la calidad de los servicios de educación y salud, más allá de lograr incrementos en el presupuesto público para las escuelas y los hospitales.

En relación con el primer desafío, los impactos de la sequía en la agricultura y los hogares evidencian una realidad: que el desarrollo y el crecimiento de El Salvador ha coexistido siempre con fenómenos naturales cíclicos, y que debido al grado de vulnerabilidad, estos generan altos costos. La sequía ocurrida entre julio y agosto de 2014 afectó la producción de granos básicos, provocando aumentos en los precios del maíz y el frijol. Se estima que 103,589 productores en 105 municipios y 12 departamentos sufrieron pérdidas de sus cosechas, las cuales ascendieron a US$70.1 millones. Por otra parte, la falta de alimentos o de capacidad económica para comprarlos causó que 17,086 hogares productores agrícolas (85,430 personas) no tuvieran suficiente para comer, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria y nutricional; y, otros 18,873 hogares (94,365 personas) estuvieran muy cerca de sufrir la misma situación.

A pesar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), por medio del Observatorio Ambiental, desarrolló y generó valiosa información para poder realizar acciones concretas de prevención y mitigación de riesgos asociadas con la sequía, la capacidad de respuesta de la política pública se concentró en atender la emergencia. El Ministerio de Agricultura y Ganadería distribuyó paquetes de semillas de maíz y sorgo, así como fertilizantes para incentivar la siembra extraordinaria. Adicionalmente, agencias internacionales apoyaron con alimentos a cerca de siete mil familias en inseguridad alimentaria.

Aunque estas acciones fueron oportunas, es claro que existe un espacio para fortalecer la prevención de riesgos naturales y mejorar el desempeño de las redes de protección social en el resguardo de la seguridad alimentaria. La clave está no solo en fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias, sino también en contar con políticas que permitan anticiparse y mitigar los impactos negativos de los fenómenos naturales en la vida de las personas y la actividad económica. Al respecto, desde la política social, se recomienda establecer un sistema de alerta temprana apoyándose en la información ambiental existente; así como la definición de programas que puedan activarse rápidamente para lidiar con los impactos de distintos fenómenos naturales. Por otra parte, desde la política ambiental, si bien es cierto que es importante continuar fortaleciendo el Observatorio Ambiental y la información sobre recursos naturales, es imprescindible avanzar en los esfuerzos de protección de cuencas hidrográficas; para ello se propone el establecimiento de esquemas de compensación por servicios ecosistémicos, los cuales contribuirán a disminuir la pobreza, fomentar una agricultura resiliente a climas extremos y mitigar los riesgos naturales.

El segundo desafío de políticas públicas que se deriva de este informe de coyuntura social, se refiere a cómo la provisión de los servicios de educación y salud pueden mejorarse haciendo un uso más eficiente de los recursos públicos.

En educación, aunque la inversión pública ha aumentado, la asignación de los fondos no es eficiente, en el sentido que no corresponde con el desafío de mejorar la calidad. De 2000 a 2014, el presupuesto del MINED se ha casi triplicado, pasando de US$358 millones ejecutados en 2000 a US$917.7 millones asignados en 2015. Pero, los incrementos presupuestarios se han orientado más a mantener la provisión de servicios existentes que a superar la baja calidad. Escasamente se asignarán US$0.33 centavos de cada cien dólares a proyectos de inversión, entre ellos infraestructura escolar. Y, solamente un dólar de cada cien será para mejorar los procesos de aprendizaje en el aula. También prevalece una débil articulación entre los principales problemas educativos y la distribución de los recursos. Al examinar la relación entre dos indicadores de resultado (la tasa neta de matrícula en secundaria y el puntaje promedio en matemática en 6º grado) y el gasto por estudiante, se infiere que el país no está invirtiendo lo suficiente, ni adecuadamente, los fondos públicos.

En el debate han hecho falta cuestionamientos serios sobre cuánto más es necesario invertir para lograr metas educativas concretas, y cómo se deben asignar los recursos para obtenerlas al menor costo posible. Dadas las presiones en las finanzas públicas, un mayor apoyo financiero a la educación debería estar condicionado a la búsqueda de una mayor eficiencia de la inversión. Para avanzar en esta dirección, se sugiere realizar estudios para determinar la eficiencia de la inversión y justificar la sostenibilidad de algunos programas, según su capacidad para resolver problemas educativos. También es fundamental centrar la atención en cómo se utilizan los recursos para mejorar la infraestructura escolar, apoyar la profesionalización de los docentes –más allá de considerar incrementos salariales– y estimular el buen desempeño de las escuelas, los docentes y los estudiantes.

En el sector salud, la entrega de servicios de atención sanitaria de calidad no solo está relacionada con la disponibilidad de fondos públicos sino también con una eficiente administración de los centros de salud. En el informe, los retos que enfrenta la red de hospitales nacionales se ilustran a partir de los problemas que experimenta el Hospital Nacional Rosales, entre los cuales se destacan: la escasez de medicamentos e insumos, la deteriorada infraestructura, equipos en permanente mal estado, una limitada capacidad para satisfacer la demanda de atención hospitalaria oportuna y de calidad y las constantes discrepancias entre las autoridades y el personal médico.

En los hospitales, las fallas administrativas, usualmente se traducen en riesgos sustanciales para la salud de las personas. Por ejemplo, una consulta médica realizada en menos de 10 minutos es inaceptable porque supone riesgos tanto para el paciente como para el médico. Aunque son loables los esfuerzos de reforma del sector salud, los cuales incluyen la definición de documentos normativos orientados a mejorar los servicios hospitalarios, es imperativo fortalecer la administración de los hospitales públicos. Para lograrlo, se recomienda implementar un sistema de indicadores de gestión que permita evaluar el desempeño y asegurar la eficiencia de los servicios. Además, es importante seleccionar a funcionarios con conocimiento en administración para ocupar cargos de dirección en los hospitales públicos. En conclusión, el sector salud deberá reconocer la urgencia de identificar las particularidades de su actual entorno e innovar, transformar y responder eficazmente a la creciente demanda de servicios asistenciales de calidad, con el fin de garantizar la satisfacción de las expectativas de la población.

A partir de la lectura del Informe de Coyuntura Social del segundo semestre de 2014 se derivan dos lecciones de política pública: 1. en un país tan vulnerable como El Salvador, es importante contar con políticas para prevenir y mitigar los impactos de los fenómenos naturales en la vida de las personas y la actividad económica; y, 2. la calidad de los servicios de educación y salud puede mejorar si hay una asignación más eficiente de los recursos y una buena gestión administrativa.

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