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No debe haber marcha atrás en transparencia y acceso a la información pública

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Las prácticas de uso discrecional y secreto de fondos públicos, reveladas en recientes publicaciones periodísticas, no pueden continuar. Estas han servido para financiar tanto gastos justificados de defensa nacional o de seguridad pública, como para pago de sobresueldos sin sustento legal.

El 25 de agosto de 2010, previa la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia definitiva de los procesos acumulados de inconstitucionalidad 1-2010/27-2010/28-2010, reconoció  por primera vez como derecho fundamental el acceso a la información pública. En esta sentencia, además, estableció que “las denominadas "partidas secretas", entendidas como aquellas que no están sujetas a control y rendición de cuentas, no tienen asidero constitucional”, puesto que aun aquellos gastos cuya reserva se pueda fundamentar, de manera excepcional y restrictiva, “estarán siempre sujetos a fiscalización, control y rendición de cuentas por las instancias competentes, de conformidad con lo que ordena la Constitución (art. 227 inc. Último)”.

Nuestra Constitución instituyó el principio de división de poderes, el cual implica límites y controles al ejercicio de ese poder y el necesario respeto a los derechos de los ciudadanos, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública, el cual garantiza que la sociedad esté debidamente informada de los asuntos públicos, en particular la forma en que se ejecuta y se rinden cuentas del presupuesto general del Estado.

Para asegurar el respeto a este derecho, se aprobó en 2011 la LAIP y se creó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como su entidad garante. Sin embargo, actualmente la independencia de esta institución está amenazada. 

El proceso de elección de comisionados del IAIP ha sufrido irregularidades, desde que el reglamento de la LAIP se aprobara tardíamente y conteniendo reglas que limitaban la participación por medio de poder, la falta de participación de los sectores que implicó que se retrasara el nombramiento de los comisionados, la falta de suficiente publicidad al proceso, y la decisión del Ministerio de Economía (MINEC) de invitar a participar a entidades cooperativas cuando la LAIP establece que quienes pueden proponer candidatos son las asociaciones empresariales debidamente inscritas. Las publicaciones de Transparencia Activa sobre este tema denotan un interés particular por politizar y controlar al IAIP, institución clave para permitir la contraloría social.

El Grupo Promotor, ante estos hechos, hace un llamado:

• Al MINEC, para que repita la elección de ternas, permitiendo únicamente el voto a quien la LAIP designa.

• Al Presidente de la República, para que nombre a los comisionados propietarios y suplentes en base a su idoneidad, independencia e integridad y a reformar el Reglamento LAIP para facilitar y promover la participación de los sectores, eliminando la prohibición de participar por medio de poder.

• A la clase política salvadoreña, que demuestren su compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas presupuestarias, las cuales son imprescindibles para prevenir y combatir la corrupción. En un momento preelectoral, los hallazgos recientes, que implican a funcionarios de diversos partidos, deben servir para mejorar los sistemas de control y no para sacar raja política.

• A la ciudadanía, a que exijamos a continuar avanzando en materia de transparencia y acceso a la información y que se eliminen prácticas anacrónicas e inconstitucionales.

San Salvador, 31 de mayo de 2017

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