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Zonas Económicas Especiales, concesión puerto La Unión y grandes proyectos de infraestructura: requieren transparencia

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La falta de transparencia en proyectos estratégicos nos aleja del desarrollo. Todo el esfuerzo en el diseño e implementación de políticas públicas debe estar orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, para lo cual es importante estar de acuerdo en “qué objetivos se persiguen” y “cómo se piensa alcanzarlos”. Sobre el desarrollo de la zona oriental del país, FUSADES está de acuerdo en los objetivos de reducir la pobreza, crear más empleo formal y aumentar el crecimiento económico; pero, la forma opaca como se han presentado iniciativas de parte del gobierno, limita las evaluaciones técnicas, nos alejan de las mejores prácticas internacionales, y han develado otros intereses diferentes al desarrollo sostenible de los ciudadanos del oriente del país.

Las políticas públicas enfocadas en el desarrollo de los territorios, deben pasar por un proceso de recopilación de información y de consulta con los ciudadanos, lo cual permite identificar los problemas que más afligen a la población. También, deben cumplir con un método técnico que permita plantear las mejores propuestas, y pasar por una evaluación de las mejores prácticas internacionales, con el fin de evitar repetir errores.

A diferencia de lo anterior, la súbita presentación del proyecto de Ley de Zona Económica Especial para el Desarrollo de la Región Sur Oriental, coincide con una serie de hechos previos y posteriores que parecían aislados, pero que al ordenarlos cronológicamente, revelan su concatenación:

1. En febrero de 2018, un empresario de la República Popular de China visitó La Unión, con el interés de comprar la isla Perico, arrendar zonas extraportuarias del puerto La Unión (PLU), y expresó interés en participar en la licitación del PLU. 

2. En febrero de 2018, funcionarios de CEPA y PROESA viajaron a China para negociar un contrato para arrendar zonas extraportuarias con Asia-Pacific Xuanhao Project Investment (APX), empresa que instalaría un centro de almacenamiento y logística, aun sin que CEPA haya abierto la concesión del puerto La Unión. 

3. En junio, CEPA anunció que para fin de año se habría adjudicado la concesión del PLU; sin divulgar los términos de las bases de licitación, y que a la fecha todavía no se conocen. Hasta el momento, ni siquiera se ha hecho una serie de visitas a potenciales inversionistas internacionales especializados en puertos (roadshow); esto deja en duda que sea un proceso transparente (se dan a conocer las bases de competencia) y competitivo en el que participan los mejores operadores. 

4. En julio, se presentó el proyecto de Ley de la Zona Económica Especial de la Región Sur Oriental de El Salvador, pero ni en la región oriental –que se supone que sería favorecida– los habitantes conocían que se estaba elaborando este proyecto, y que, por tanto, no fue consultado. No hay un método técnico que establezca por qué esos 26 municipios mencionados en la ley, y qué sucede con los otros municipios más pobres al norte de la región oriental.

5. En agosto, el presidente de la República anunció en cadena nacional que nuestro país rompe relaciones diplomáticas con Taiwán, y las abre con la República Popular China. Un suceso empañado por intereses partidarios de cara a las elecciones del próximo año; ya que no fue casual que el secretario general del partido FMLN acompañó al canciller de la República a la firma de apertura de relaciones diplomáticas con China.

6. En septiembre, una delegación del gobierno viajó para negociar un acuerdo comercial parcial, sin el acompañamiento del sector privado.  

La apertura de relaciones con China es un hito fundamental en la historia de las relaciones internacionales de El Salvador, especialmente si se tiene en cuenta que se está haciendo en un momento de tensión en las relaciones entre Estados Unidos y China en el plano del comercio internacional, el liderazgo militar y el liderazgo tecnológico mundial.

En FUSADES proponemos una agenda de acciones enfocadas en incrementar el desarrollo de la zona oriental, basadas en: transparencia de las decisiones de políticas públicas; competencia, para que las mejores empresas nacionales e internacionales sean los socios de inversión de largo plazo en el país; inclusión de la consulta a los actores beneficiados en el territorio; e, instituciones fuertes que aseguren respeto a la Constitución y al Estado de derecho.

Basados en las recientes experiencias internacionales, se sugieren las siguientes estrategias:

• Concesión del puerto La Unión. Tener en cuenta que la concesión es para 50 años, si se realiza mal, el país entero tendrá que afrontar serios problemas en el próximo medio siglo. Por esto, es crucial contar con asesoría internacional experta en concesiones de puertos, para que apoye en elaboración de las bases de licitación, y en el diálogo y atracción de los mejores inversionistas internacionales, garantizando un proceso transparente y competitivo. Previo a esto, es necesario resolver observaciones realizadas por operadores internacionales precalificados interesados en el PLU: definir el modelo de financiamiento para cubrir costos de dragado del canal de acceso, debido al azolve en la zona; definir la vocación conjunta de los puertos de La Unión y Acajutla, entre granel, líquidos y contenedores para poder establecer claramente la demanda futura de los puertos y sus necesidades de inversión. Complementar con inversiones en el canal seco para extender la zona de influencia del PLU hacia Honduras, que ya avanzó en la carretera de cuatro carriles desde puerto Cortés hasta el Golfo de Fonseca. 

• Ley de Zonas Económicas Especiales. Es necesario modificar el proyecto actual, que adolece de inconstitucionalidad y no debe ser aprobado tal cual está. Asegurar que la Ley de Zonas Económicas Especiales respete el marco constitucional, que brinde igualdad de oportunidades para inversionistas nacionales e internacionales, y que tenga las condiciones claras para garantizar brinde seguridad jurídica. Por otra parte, es importante que esta sea una ley marco, que defina una metodología con criterios claros y técnicos a través de los cuales se define la dimensión de una zona económica especial. Considerando el rezago social y económico de la zona oriental y los altos costos de operación, se recomienda elaborar un plan de desarrollo que permita identificar las inversiones críticas para cerrar las brechas sociales y competitivas, y vuelva más atractiva la zona para la inversión; por otra parte, realizar estudios de factibilidad económica para desarrollar nuevas cadenas de valor productivas con potencial de exportación de bienes o servicios.




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