*Un blog de José Andrés Oliva

Investigador Departamento de Estudios Económicos

Originalmente publicado en Southern Voice

Como para muchos otros centroamericanos, la vida de Rafael cambió en marzo de 2020 debido a la pandemia. Perdió su trabajo en una fábrica. Muchos meses después, sigue desempleado y necesita pedir ayuda para conseguir el sustento para sus dos hijos.

Para responder a la crisis social resultante de las pérdidas económicas y la emergencia de salud pública que afectó a personas como Rafael, Fusades y el Commitment to Equity Institute [Centro de Estudios para la Equidad] (CEQ), con el apoyo de una beca de Southern Voice, aunaron fuerzas. El objetivo era investigar las complejas secuelas sociales de la pandemia. Queríamos medir el impacto del COVID-19 en la pobreza y la desigualdad y analizar la eficacia de las políticas aplicadas durante la cuarentena.

Medidas adoptadas en los tres países

Cuando comenzó la pandemia, los gobiernos del Triángulo Norte de América Central (TNAC) – El Salvador, Guatemala y Honduras – implementaron medidas drásticas, que prácticamente paralizaron la economía. En ese momento, se creía que era la única manera de detener la propagación del COVID-19.

Se impuso un cierre forzoso de las actividades que se consideraban no esenciales. El 16 de marzo de 2020, Guatemala cerró sus fronteras y suspendió las actividades no esenciales. Un día antes, Honduras declaró un toque de queda nacional. Y El Salvador cerró sus fronteras y escuelas el 11 de marzo, decretando una cuarentena obligatoria unos días después.

Las medidas de confinamiento para los ciudadanos y las empresas en los tres países duraron aproximadamente cuatro meses. Tuvieron profundas consecuencias en el bienestar de las familias. No fue sino hasta el 12 de julio que Honduras inició una reapertura progresiva de las actividades, mientras que Guatemala reanudó su economía el 26 de julio. El Salvador inició la primera fase de su reapertura a principios de junio.

Los cierres resultaron en una severa conmoción para la economía. La inactividad y el cierre de las fronteras perjudicaron gravemente la productividad. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas economías se contraerán en un -9% en El Salvador, un -6,5% en Honduras y un -2% en Guatemala. Este escenario afectará las cifras de empleo, ingresos y pobreza. Además, estos países carecen de redes de protección social para hacer frente al impacto del COVID-19. Tienen un espacio fiscal limitado para generar respuestas que mitiguen o neutralicen los efectos económicos del COVID-19 a largo plazo.

Nuestros hallazgos

Los resultados de nuestra investigación conjunta indican que la pandemia y las decisiones políticas afectaron a todos los sectores sociales, y sus efectos se percibieron en todos los niveles de ingreso, desde muy bajos hasta la clase media; la crisis afecta a todos, no solo a los pobres. Un porcentaje sustancial de la población pasó de una situación de no pobreza a la pobreza, lo que afecta directamente al logro del primer Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (fin de la pobreza) en esta región.

Nuestro análisis utiliza dos tipos de escenarios extremos: 1)    Una proporción menor de hogares pierde cantidades relativamente grandes de ingresos de riesgo. Esto se denomina “pérdidas concentradas”. 2)    Muchos hogares pierden una cantidad relativamente pequeña. A esto se le llama “pérdidas dispersas”. El Salvador registró el mayor aumento de pobreza de los tres países. Según el escenario de pérdidas concentradas, hubo un aumento del 9,8% de la pobreza extrema. En Honduras, el aumento fue del 5,5%. Mientras que, en Guatemala, la pobreza creció un 2,1%. Los resultados muestran que el COVID-19 ha creado más pobreza en el Triángulo Norte, aún con la ayuda gubernamental.  En todos los casos, los porcentajes de indigencia son más altos que antes, incluso tomando en cuenta los programas de subsidios. Por ejemplo, en el año 2020, en el escenario de pérdidas concentradas, si utilizamos una línea de pobreza de 3,2 dólares por día, El Salvador, Guatemala y Honduras, tendrán una tasa de pobreza del 11,5%, 33,6% y 50%, respectivamente, aún después de la entrega de los apoyos sociales que se han entregado.  En resumen, la ayuda social tuvo un efecto positivo en la reducción del impacto en la pobreza, pero no fue suficiente para mantener la tasa en los niveles previos a la pandemia. Concluimos que lo que se ha hecho hasta ahora no es suficiente.  Se necesita más apoyo para reconstruir una economía más inclusiva y sostenible y destinar más ayuda a los grupos vulnerables. La expectativa de “poner fin a la pobreza extrema en todas sus formas en todo el mundo” para el año 2030, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, parece ahora muy lejana para esta parte de América Central. Rafael, y otros en la misma situación, necesitan soluciones rápidas para escapar de la pobreza.