Desde el Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), consideramos que el acceso a la información es el “oxígeno de la democracia” y hemos trabajado durante años para hacer valer este derecho fundamental. La aprobación de la LAIP marcó un hito importante en nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas, por ello vemos con preocupación los graves retrocesos que se están dando en este ámbito.
En los últimos días, se conocieron reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública (RELAIP), aprobadas de forma inconsulta por la Presidencia de la República, las cuales vulneran los principios de legalidad y publicidad, así como de la competencia normativa de la Asamblea Legislativa y de los límites a la potestad reglamentaria. Adicionalmente, las reformas aprobadas obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a la información, eliminan facultades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y debilitan el proceso de elección de los titulares de dicha entidad. Por esa razón, ayer integrantes del Grupo Promotor, en su calidad de ciudadanos, presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas al RELAIP.
Las reformas al reglamento no son las únicas acciones que se han dado para menoscabar la fortaleza e independencia del Instituto y el derecho de acceso a la información. Pese a los señalamientos que se han realizado para denunciar irregularidades en los procesos de elección de Comisionados del IAIP, esta semana el Presidente de la República nombró al Comisionado Propietario y Suplente por parte del sector de periodistas, a partir de una elección ilegal, carente de transparencia y sin participación ciudadana.
Lamentamos la falta de compromiso de la Presidencia de la República para fortalecer la transparencia y respetar la institucionalidad. Como organizaciones de la sociedad civil que velamos por el derecho de acceso a la información pública, rechazamos las acciones orientadas a menoscabar y debilitar al IAIP, e invitamos a la ciudadanía a permanecer vigilantes para no permitir retrocesos en el ejercicio de nuestros derechos y en el combate a la corrupción.
San Salvador, 11 de septiembre de 2020