*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en El Economista, edición junio-julio 2021.
Durante décadas El Salvador ha gozado de un sistema monetario y financiero estable, permitiendo el intercambio libre de bienes y servicios en los mercados nacionales e internacionales, con una de las tasas de inflación de las más bajas del mundo. En los últimos 20 años dicho sistema ha funcionado con el dólar de los Estados Unidos, gozando los salvadoreños de la estabilidad y certidumbre que ofrece una moneda respaldada por la Reserva Federal de Estados Unidos.
La inestabilidad macroeconómica se origina en las finanzas públicas que alcanzan una deuda de 89.9% del PIB en 2020. Ante los crecientes riesgos de una revisión al último peldaño de parte de las calificadoras de riesgo, el país se encuentra desde hace varios meses en un proceso de negociación de un Acuerdo de Servicio Ampliado con el Fondo Monetario Internacional, del cual se espera una certidumbre de cómo se ordenarán las finanzas y se evita un impago, que termine en una crisis que incrementará la pobreza.
El 8 de junio de 2021, con pocas horas de discusión en la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley Bitcoin en El Salvador, la cual convierte a este cripto-activo en moneda de curso legal en El Salvador (art.1) y obliga su aceptación como medio de pago por la prestación de bienes y servicios (art. 7), quitando el principio de libertad de elección con el cual estas monedas han sido diseñadas.
Las autoridades han manifestado la reducción de los costos de transacción, en especial para el envío de las remesas, y han planteado que se promoverá la inclusión financiera, sin mayor explicación o evidencia. Por la cantidad de transacciones, se crea la necesidad de operaciones de convertibilidad de bitcoin a dólar y viceversa, generando un costo social que actualmente no existe; para cubrir el costo se creará un Fideicomiso por US$150 millones, el cual será pagado por los ciudadanos a través de sus impuestos (no hay almuerzo gratis). Diariamente existe en el país un aproximado de US$300 millones en transacciones, surge la inquietud cómo se ha determinado el monto que debe tener el fideicomiso bitcoin para que sea sostenible en el tiempo, y por qué introducir esta complejidad en un sistema monetario que ha estado funcionando bien.
Hay varias interrogantes sobre su funcionamiento y riesgos, siendo algunos de ellos: el bitcoin registra alta volatilidad sujeto a mucha especulación, por lo que la vuelve inefectiva para realizar intercambio de bienes y servicios de manera estable; el bitcoin, al no estar regulado, se presta para operaciones de compra y venta de bienes ilícitos y lavado de dinero, ya que es difícil de trazar, aunque no imposible; la Reserva Federal y otras autoridades monetarias están evaluando como regular las cripto-monedas.
Para aprovechar los potenciales beneficios hay que estimar los potenciales costos, y sobre esa base de conocimiento tomar la decisión. No hay atajos, ni milagros para el crecimiento inclusivo y sostenible, una sustentación técnica es imprescindible, antes de agregar un desequilibrio monetario y financiero, al fiscal ya existente. El país sí debe montarse en la era digital, y la llegada de cripto-monedas es inevitable, pero debe hacerse de manera ordena, con la guía de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que se especializa en temas monetarios.