El impacto golpea con mayor dureza a los hogares más vulnerables, que destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentos y transporte. Si bien la pobreza general se redujo de 26.8% a 24.3% entre 2019 y 2025, la pobreza extrema aumentó de 5.5% a 7.9%, con el área rural pasando de 6.5% a 11.1%. 

Los salvadoreños conocen bien el peso de la inflación sobre el presupuesto del hogar. Entre diciembre de 2020 y diciembre de 2024, el Índice de Precios al Consumidor acumuló un aumento de 15.6%, y la Canasta Básica Alimentaria subió cerca de 30% entre diciembre de 2020 y abril de 2026. Esto marca una diferencia entre el ingreso y la capacidad de poner comida en la mesa. Los indicadores del primer semestre de 2026 apuntan al inicio de un nuevo episodio, lo que hace urgente entender su origen y las respuestas disponibles.

El origen está, en buena medida, fuera de las fronteras. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciada a finales de febrero de 2026, generó un choque de oferta energética de proporciones históricas. El paso por el Estrecho de Ormuz, por donde transita el 35% del comercio marítimo de petróleo crudo y el 20% del gas natural licuado, se redujo drásticamente. Como resultado, el petróleo WTI escaló 67.3% punto a punto a mayo de 2026. La transmisión hacia los precios internos ya es visible: transporte sube 6.3%, restaurantes y hoteles 4.4%, y alimentos y bebidas 2.9%. La inflación general pasó de -0.2% en mayo de 2025 a 2.5% en mayo de 2026, y la inflación subyacente se triplicó de 0.5% a 1.5%, señal de que el alza comienza a generalizarse. Este no es un fenómeno exclusivo de El Salvador: casi toda Centroamérica y Estados Unidos también registraron alzas en abril de 2026.

La cadena de transmisión no termina en el combustible. Los fertilizantes subieron entre 18% y 34%, anticipando presión sobre los costos agrícolas en las próximas cosechas. El trigo aumentó 12.2% y el maíz 5.3% en mercados internacionales. El fenómeno de El Niño anticipado para 2026, que históricamente reduce las lluvias en Centroamérica, podría agravar la producción alimentaria local.

El impacto golpea con mayor dureza a los hogares más vulnerables, que destinan una mayor proporción de su ingreso a alimentos y transporte. Si bien la pobreza general se redujo de 26.8% a 24.3% entre 2019 y 2025, la pobreza extrema aumentó de 5.5% a 7.9%, con el área rural pasando de 6.5% a 11.1%. El poder de compra del salario mínimo, luego de alcanzar un máximo en agosto de 2021, a mayo 2025 sigue 2.5% por debajo ese máximo. Para muchas familias, cada punto de inflación es un retroceso concreto.

Ante un choque externo de esta magnitud, en el corto plazo, es fundamental que los sistemas de protección social lleguen con precisión a los hogares más pobres, preservando su seguridad alimentaria. En el mediano plazo, la mejor defensa frente a la inflación importada es una economía que genere empleos de calidad y gane en productividad, de modo que los salarios —fuente principal de ingreso de los hogares— crezcan de forma sostenida. El desafío que plantea esta nueva ola inflacionaria es también una oportunidad para afianzar una estrategia de crecimiento inclusivo.