El pasado martes 13 de agosto la Plataforma Ciudadana Electoral (PCE) presentó el primer bloque de reformas para consideración de la Asamblea Legislativa. La PCE es una iniciativa ciudadana en la que participan ocho actores entre los que se encuentran universidades, asociaciones y fundaciones no gubernamentales. Su finalidad principal es el estudio de una reforma electoral integral. La diversidad de pensamiento de sus integrantes no ha dificultado la construcción de los consensos necesarios para armonizar los conceptos en el ámbito electoral.
El primer informe plantea iniciativas de cambio en los siguientes ámbitos: escrutinio en las elecciones legislativas; presupuesto de las elecciones y para el fortalecimiento de los partidos; control del financiamiento político; la configuración de los organismos electorales temporales y la capacitación de sus miembros; las garantías que precisa la observación electoral; la adjudicación de escaños para los candidatos no partidarios; y la ampliación del derecho al sufragio para otros segmentos de la población: discapacitados y privados de libertad no condenados.
En cuanto al escrutinio la PCE demanda el uso obligatorio de tecnología para el conteo de los votos que reciben los partidos y de las marcas a los candidatos. La elección de 2015 y con menor intensidad la de 2018, demostró un déficit preocupante en este aspecto. Las inconsistencias en las actas, que obligó el recuento de los votos en la circunscripción de San Salvador, y los errores en las marcas que correspondían a cada aspirante a diputado, confirmaron el desacierto del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al contratar proveedores sin experiencia o cuestionados para la realización de estas funciones. Por esta razón, la PCE postula la contratación de servicios tecnológicos de primer nivel y que su uso se aplique tanto en el escrutinio preliminar, que ejecutan las Juntas Receptoras de Votos (JRV), como en el escrutinio final en las elecciones legislativas.
La PCE señaló a los legisladores que los partidos deben mantener un programa permanente de capacitación de sus líderes y militantes. Esto requiere de un presupuesto que, en períodos ordinarios fuera de las campañas electorales, le permita a los institutos políticos cumplir con ese cometido. El uso de un porcentaje del dinero público –deuda política- que reciben los partidos, podría ser una alternativa. También se recordó a los diputados sobre la obligación de respetar el presupuesto que presenta el TSE para la celebración de elecciones. En los últimos cuatro procesos se ha recortado lo solicitado por la autoridad electoral sin tener en cuenta que aumentaron sus obligaciones debido a las sentencias de la Sala de lo Constitucional y a las reformas aprobadas en los últimos años.
En materia de control del financiamiento político de los partidos, se sugiere ampliar la auditoría a los fondos que reciben los candidatos. Asimismo, se reitera la debilidad con la que se satisface esta función en la actualidad y se propone la creación de una unidad especializada de fiscalización de los partidos políticos con personal calificado, equipo informático y cruce de datos con otras instancias que vigilan el uso del erario público. Por otra parte, se recomienda elevar la rigurosidad de las sanciones estableciendo penas que planteen la pérdida del cargo para aquellos funcionarios electosque hayan cometido este tipo de infracciones.
La PCE expone su interés de profundizar en la ciudadanización de las JRV. Asimismo, formula la posibilidad de sortear entre los votantes de cada JRV a las personas que la conformarán o recurrir a los universitarios para que los partidos propongan las listas de elegibles que señala el Código Electoral. Respecto de su capacitación se pide mantener una formación continua o ejecutar estatarea por lo menos con un año de anticipación al evento electoral. Dos propuestas adicionales tienen que ver con la observación electoral y con la adjudicación de escaños a los candidatos no partidarios.
La PCE exige establecer en el Código Electoral las disposiciones que por ahora son reglamentarias y que otorgan el derecho a la sociedad civil salvadoreña y a instancias internacionales para observar los procesos electorales con base en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones y Código de Conducta para Observadores Internacionales de Elecciones (ONU, 2005). En la pasada elección presidencial, el TSE negó esa facultad a algunas asociaciones de manera arbitraria. La otra medida es la de admitir la agrupación voluntaria de candidatos no partidarios en planillas sin sobrepasar el número de escaños que corresponden a cada circunscripción electoral. Con esto se evitaría que el voto de un elector termine respaldando involuntariamente una candidatura cuya oferta electoral no es compatible con sus principios y valores.
La ampliación del derecho al sufragio de las personas con discapacidad podría concretarse con el voto domiciliar para aquellas con un 70% de movilidad reducida certificada por la instancia de salud respectiva. La propuesta para los privados de libertad sin condena la retoma la PCE de las recomendaciones de la Unión Europea (UE) en su informe sobre las elecciones de 2019.
La UE fundamenta su respaldo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en experiencias ya aplicadas en Costa Rica, Ecuador, Argentina, Colombia, entre otros países. En el caso salvadoreño se debería plantear el debate sobre si es necesaria o no la reforma del artículo 74, numeral 1° de la Constitución de la República. En las próximas semanas se presentarán propuestas relacionadas con el voto desde el exterior, la profesionalización del TSE y la división de sus funciones, así como el registro electoral, entre otras.