*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en revista El Economista, edición marzo 2023.
Los combustibles
fósiles provienen de la descomposición de materia orgánica; en un ciclo que tarda
millones de años en completarse: petróleo, gas y carbón.
De acuerdo con la
Organización de las Naciones Unidas, la producción y uso de energía son los responsables
de aproximadamente dos tercios de las emisiones de dióxido de carbono en el
mundo; y cerca del 80% de la demanda actual de energía corresponde a combustibles
fósiles. Este organismo ha advertido que, de continuar con la misma proporción
de este tipo de combustibles en la demanda energética, esta casi se duplicará
en 2050, y el nivel de emisiones que se generaría tendría consecuencias
climáticas desastrosas para el planeta.
El cambio
climático se convierte en una gran amenaza, pero, al mismo tiempo, se necesita
el acceso a la energía para asegurar una mejor calidad de vida y el desarrollo
económico. En tales circunstancias, se requiere un uso más eficiente, mayor utilización
de renovables, y tecnologías para reducir las emisiones; y, aunque no se excluye
el uso de combustibles fósiles, ciertamente no se pretende incentivar su uso,
sino reducir su participación.
Sin embargo, durante
varios años, lo que se observa en el ámbito mundial es la existencia de
subsidios al consumo de estos combustibles.
Estos precios subsidiados –que en algunas ocasiones están, incluso, por
debajo del valor del mercado– son un estímulo al consumo de este tipo de
energía, y un tropiezo en la transición hacia energías menos contaminantes.
Para enfrentar la
crisis económica y de salud de 2020 y con la invasión de Rusia a Ucrania en
2022 –que disparó el precio del petróleo y el gas–, la respuesta de los
gobiernos en varios países fue introducir o aumentar los subsidios a la
energía. Esto permitió salvaguardar la economía de los hogares, pero mantuvo
artificialmente competitiva la energía fósil. De acuerdo con la más reciente estimación
de la International Energy Agency (IEA), los subsidios a estos combustibles sobrepasaron
el billón de dólares en 2022. Es un reto
comenzar a eliminar o reducir estos subsidios, por el costo político que esto implica.
En El Salvador,
la respuesta fue fijar el precio de la gasolina y diésel, y del gas; en 2022, estos
dos subsidios representaron un costo adicional de alrededor de US$308.3
millones y US$108.9 millones, respectivamente; también se congeló el precio de
la energía eléctrica.
En los últimos
años, se había avanzado en el proceso de focalizar mejor el subsidio del gas y
la electricidad; pero a partir de 2020 esto se revirtió. Las condiciones particulares de 2020-2022, explican,
en parte, este aumento de los subsidios para proteger contra el alza en el
precio, aunque no su generalización, ya que lo ideal es focalizar con criterios
técnicos. Hacia el futuro, es importante
que se retome el camino para que estos subsidios no se vuelvan permanentes y
generalizados, sino para que lleguen a quienes en efecto lo necesitan.
No solo es
difícil mantener indefinidamente este costo fiscal, sino que, se debe tener siempre
presente que los subsidios a los combustibles fósiles aumentan el peligro del
cambio climático y, por tanto, atentan contra la vida misma, por lo que debe
reducirse la dependencia de los mismos.