Desde 2009, se ha estado usando deuda de corto plazo para gasto corriente, generando un ciclo en el que se reestructura con bonos –más cara y que se convierte en permanente–. Además, desde 2018, en los presupuestos se autoriza financiamiento para gasto de funcionamiento (US$1,179.7 millones en 2021); lo que hace vulnerable al país, que depende de deuda para operar.
Con la pandemia, todos los países experimentaron un incremento de su endeudamiento; sin embargo, para El Salvador la situación se complicó porque ya era frágil, con una deuda del 71.7% del PIB en 2019; y se requirió empréstitos en exceso. Además, hay señalamientos sobre la calidad del gasto, y la poca o nula rendición de cuentas.
La deuda ha seguido creciendo; con respecto a diciembre se incrementó US$624.9 millones, llegando a US$22,761.4 millones en junio de 2021. Este monto es impulsado, principalmente, por deuda de corto plazo, y todavía no refleja la mayor parte del endeudamiento incluido en el presupuesto 2021 (P2021) (US$1,412.9 millones), ni la deuda adicional autorizada o aprobada durante mayo-julio de este año (US$2,161 millones).
Aparte del alto endeudamiento, hay varios factores que aumentan el riesgo país, y encarecen y limitan los recursos. A partir de mayo, los nuevos legisladores han aprobado todos los préstamos solicitados, sin ningún análisis, sin que se haya reactivado la Ley de Responsabilidad Fiscal, ni exista un programa fiscal. En segundo lugar, la manera como se maneja el presupuesto: el gasto y reorientaciones no siempre se hacen con transparencia o se cumple la normativa, y se declara en reserva la información; hay cambios en el destino de préstamos que son para gastos incorporados en el P2021; y se desconoce el presupuesto para la emergencia. Además, en mayo se destituyó el Fiscal General de la República y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, hay concentración del poder. Para rematar, la aprobación de la Ley Bitcoin no solo encendió las alarmas de los inversionistas, sino, también, complicó el camino para llegar a un acuerdo con el FMI, y la obtención de un préstamo por US$1,300 millones, que serviría para solventar los elevados compromisos de pago de deuda de corto plazo (solo en septiembre US$740 millones).
Ante esta realidad, el precio de los bonos ha venido cayendo desde mayo; y el indicador del riesgo país ha aumentado de 6.49 el 3 de mayo de 2021, a 9.21 el 11 de agosto, encontrándose 7.44 puntos por encima del de Panamá. Moody´s rebajó la calificación crediticia a Caa1.
La concentración del poder, el manejo fiscal y decisiones improvisadas han resultado en un panorama con gran incertidumbre. ¿Podrá el país evitar caer en problemas de liquidez, impago y una crisis fiscal? De lo que sí hay certeza es que para evitarlo se necesita generar certidumbre y confianza, para lo cual hay que restaurar la responsabilidad fiscal (acuerdo con el FMI), aclarar el funcionamiento la Ley Bitcoin y que sea opcional, más eficiencia y transparencia en todos los ámbitos, y que prevalezca el Estado de derecho.