*Un blog de Javier Castro
Director Departamento de Estudios Legales
Originalmente publicado en La Prensa Gráfica
El 28 de septiembre, tuvo lugar el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información, momento propicio para reflexionar sobre este valioso derecho fundamental y debido a las circunstancias actuales por la pandemia, hubo interesantes discusiones nacionales e internacionales sobre la relevancia que tiene frente a esta crisis sanitaria. En ocasión de dicha fecha, en el país más que celebrar, el ambiente es de consternación, pues el panorama es sombrío para las manifestaciones de la libertad de expresión, como son el acceso a la información y la libertad de prensa, pues se encuentran amenazadas.
Sin duda, el acceso a la información se vuelve aún más trascendental durante la pandemia, pues cuando se destinan cuantiosas sumas de dinero público para enfrentarla, como ha sucedido en nuestro país, es necesario que existan los mayores niveles de transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas, con el fin de que dichos recursos se utilicen de manera cristalina y sirvan para proteger la salud y la vida de la población, y no se pierdan en actos de corrupción; además, también la ciudadanía necesita datos certeros sobre la evolución de la pandemia, manejados con criterios técnicos y no políticos. La realidad nuestra es que durante la pandemia ha habido altos niveles de opacidad, los procesos ante el IAIP se suspendieron por varios meses, los controles sobre las contrataciones públicas del Gobierno se debilitaron y hay investigaciones en curso en la FGR y el TEG por posibles actos de corrupción, y actualmente existe un asedio notorio contra el derecho de acceso a la información.
En cuanto a la labor de la prensa independiente y el ejercicio profesional del periodismo, es incuestionable que son vitales durante esta crisis sanitaria, por distintas razones: para informar con veracidad a los ciudadanos, pues el flujo de desinformación es cada vez más abundante; para contrastar la información oficial; para que los gobiernos rindan cuentas, dentro de lo que se encuentra el periodismo de investigación, clave para denunciar actos de corrupción y abusos de poder, el cual cada vez más se ha venido fortaleciendo en el país, y que ha puesto al descubierto contrataciones públicas oscuras y altamente cuestionadas en cuanto a su legalidad. Frente a esta labor periodística, la reacción gubernamental ha sido de ataques a la libertad de expresión, con un claro discurso antiprensa y estigmatizante, tal como se constató en la última cadena nacional, y la creación de sus propios “medios públicos”, esquema ya conocido para crear una “verdad oficial”. Además, se han denunciado acciones de censura indirecta mediante tácticas de acoso fiscal, que han llevado a un medio digital a interponer un amparo constitucional.
El contexto es sombrío para la libertad de expresión. Si bien se ha venido avanzando en acceso a la información pública, actualmente se advierten retrocesos; de igual forma, hemos venido teniendo niveles satisfactorios de libertad de prensa, pero ahora hay graves amenazas en su contra. Es necesario que los funcionarios públicos comprendan que están sometidos a la Constitución, la cual juraron respetar y que sus decisiones están expuestas al escrutinio y a la crítica periodística, y que el derecho a saber y rendir cuentas no es opcional, sino que es una obligación.