Javier Castro De León
Publicaciones
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Análisis jurídico del anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa
El Análisis señala las principales instituciones comprendidas en cada título, las novedades que estas aportan a la legislación salvadoreña y algunas propuestas de reformas al anteproyecto de Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, elaborado por la Corte Suprema de Justicia, para contribuir a que promuevan seguridad jurídica, condiciones favorables a la inversión y un Estado al servicio de la ciudadanía. |
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Análisis jurídico del anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos
El Análisis señala las principales instituciones comprendidas en cada título, las novedades que estas aportan a la legislación salvadoreña y las observaciones que podemos hacer al anteproyecto de Ley de Procedimientos Administrativos elaborado por la Corte Suprema de Justicia, para contribuir a las propuestas que promuevan seguridad jurídica, condiciones favorables a la inversión y un Estado al servicio de la ciudadanía. |
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Análisis Legal e Institucional No. 194: Los asocios público privados en riesgo por incumplimiento a compromisos de país
En la actualidad, El Salvador está en riesgo de perder la oportunidad de concretar el primer proyecto de Asocio Público Privado en el país, debido a que no existen las condiciones políticas ni normativas adecuadas para llevarlo a cabo. |
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Análisis Legal e Institucional No. 196: Comentarios al anteproyecto de ley de comercio electrónico y retos de la cuarta revolución industrial
En este documento se hará una breve descripción del contenido del proyecto de Ley de Comercio Electrónico y se replicarán las observaciones y recomendaciones remitidas a la Asamblea Legislativa; todo bajo el enfoque planteado por FUSADES en su informe “Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo”, con el que se busca promover el desarrollo del país, aprovechando los beneficios de los avances tecnológicos, es decir, de la cuarta revolución industrial. |
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Análisis Legal e Institucional No. 197: Retos para la libertad de expresión en El Salvador - parte I
En este estudio se analiza la situación de la libertad de expresión en el país, con especial énfasis en la libertad de prensa, así como en algunos retos que se han detectado y respecto de los cuales es necesario llamar la atención y tomar las medidas necesarias para evitar que el ejercicio de este derecho fundamental se deteriore. |
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Análisis Legal e Institucional No. 198: Retos para la libertad de expresión en El Salvador - parte II
Este Análisis Legal e Institucional constituye la segunda parte de un estudio sobre los retos para la libertad de expresión en el país actualmente. Esta parte, se enfoca en los retos que enfrenta la libertad de expresión desde una perspectiva conceptual, con especial énfasis en la libertad de prensa y a partir de algunos ejemplos de restricciones recientemente ocurridas en nuestro país. |
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Análisis Legal e Institucional No. 199: Observaciones a los proyectos de ley de protección de datos personales - parte I
Los “datos” se han convertido en un producto global clave y son considerados en el mundo como el aceite de la economía digital. Los datos se utilizan, procesan, intercambian, y analizan cada vez más en cantidades masivas para potenciar el contenido, los bienes y los servicios digitalizados. Con la evolución tecnológica, se ha vuelto más complejo garantizar el resguardo apropiado de los datos personales y, por ello, la necesidad de dar respuesta a este nuevo reto de la era digital. |
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Análisis Legal e Institucional No. 200: Observaciones a los proyectos de ley de protección de datos personales - parte II
En esta segunda parte del estudio se enfoca en los elementos de los proyectos de ley protección de datos personales presentados por los partidos políticos ARENA y FMLN. |
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Análisis Legal e Institucional No. 201: ¿Dónde ha quedado el mérito en las contrataciones de la Asamblea Legislativa y el Estado?
Este documento analiza los incrementos en número de empleados y gasto de salarios en la Asamblea Legislativa, recalcando la importancia de una Ley del Servicio Público, que asegure que las contrataciones se realizan con base en el mérito de los funcionarios. |
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Análisis Legal e Institucional No. 202: La Sala de lo Constitucional y el destino del endeudamiento público
En 2017, la Sala de lo Constitucional estableció que los préstamos del Estado no pueden usarse para pagar gastos ordinarios, sino solo aquellos que sean de inversión o que sean extraordinarios. Una sentencia más reciente, en diciembre de 2019, ha interpretado que no es necesario –de hecho, que no es constitucionalmente permitido- que se establezcan las partidas presupuestarias específicas a las que se destinarán los préstamos. Entonces ¿Cómo es posible que coexistan, por un lado, el mandato de destinar los fondos provenientes de deuda a gasto de inversión o extraordinario y, por el otro, la prohibición de establecer las partidas presupuestarias que se financiarán? |
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Análisis Legal e Institucional No. 209: Reformas al reglamento de la LACAP son insconstitucionales y un retroceso a la transparencia
Desde el año 2000, El Salvador cuenta con una Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) que, de acuerdo con su exposición de motivos, vino a solventar uno de los problemas que se enfrentaban en el momento, que era la dispersión normativa. Existían varias leyes que contenían procedimientos no homogéneos para las adquisiciones del Estado, que daban pie a arbitrariedades, creando un verdadero obstáculo para establecer un sistema ordenado y coherente. |
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Análisis Legal e Institucional: Estudios sobre el Fortalecimiento de la Justicia 2014. Parte IV. Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Judicatura
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) cumple un papel constitucional determinante en la calidad de la justicia en El Salvador. En primer término, por mandato constitucional, el CNJ propone a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) las ternas para los cargos de jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados de segunda instancia, y además capacita y evalúa a estos miembros de la judicatura. |
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Boletín Anual Obervatorio Legislativo 2009
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, Fusades, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, lanzó en mayo de 2008 el primer observatorio legislativo de esta naturaleza en el país, el cual formó parte del proyecto "Fortaleciendo el Diálogo y las Instituciones Democráticas en El Salvador", llevado a cabo con el apoyo del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas, UNDEF. Al finalizar el 2009, se tiene el agrado de presentar el segundo boletín anual de este Observatorio, en el cual se hace un recuento de la labor que durante todo este año se realizó promoviendo el acceso a la información y la transparencia de la Asamblea Legislativa. |
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Boletín Anual Observatorio Judicial 2009
El Observatorio Judicial fue lanzado en el mes de febrero de 2009, en el marco del proyecto "Fortaleciendo el Diálogo y las Instituciones Democráticas en El Salvador", llevado a cabo con el apoyo del Fondo para la Democracia de Naciones Unidas, UNDEF. En esta ocasión, al finalizar el año, se tiene el agrado de publicar el primer boletín anual, que presenta, luego de una breve descripción sobre los usuarios del Observatorio Judicial, un resumen de la labor realizada en aras de acercar a los ciudadanos a una de las instituciones más importantes de la institucionalidad del país, pero percibida distante de la ciudadanía: el Órgano Judicial. |
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Boletín Anual Observatorio Judicial 2010
El Observatorio Judicial es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Judicial, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado. La importancia primigenia de esta labor, radica en la necesidad de mejorar la democracia, que se considera la forma de gobierno en la que la libertad y dignidad humana tienen más relevancia y es, por lo tanto, la más deseable. |
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Boletín Anual Observatorio Legislativo 2010
El Observatorio Legislativo es una herramienta de investigación y participación ciudadana que promueve la transparencia y la rendición de cuentas del Órgano Legislativo, presentando de manera objetiva y oportuna el quehacer de este poder del Estado. La importancia primigenia de esta labor, radica en la necesidad de mejorar la democracia, que se considera la forma de gobierno en la que la libertad y dignidad humana tienen más relevancia y es, por lo tanto, la más deseable. |
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Boletín de Estudios Legales No. 100: Diálogo democrático: herramienta fundamental para el fortalecimiento institucional
Los países de América Latina han venido afrontando, en los últimos años, profundos cambios de índole cultural, social, político y económico en el marco de los procesos de consolidación democrática. Los mecanismos de diálogo institucional cada vez son más comunes en el mundo, y Latinoamérica no es la excepción, cada uno con distintos matices y características, ya que éstos han respondido a las distintas realidades y necesidades de los países respectivos. |
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Boletín de Estudios Legales No. 101: Integración centroamericana: un reto ante la coyuntura económica internacional
FUSADES considera necesario estudiar los últimos avances logrados en relación con el proceso de Unión Aduanera Centroamericana. El siguiente boletín presenta la primera parte de una revisión sobre de las bases jurídicas del proceso de Unión Aduanera y su evolución, identificando los principales desafíos que enfrentan los países para conformar un territorio aduanero común. |
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Boletín de Estudios Legales No. 102: Integración centroamericana : un reto ante la coyuntura económica actual
En esta segunda parte se estudiarán los dos últimos instrumentos suscritos en materia de Unión Aduanera Centroamericana. El primero de ellos es el documento base: Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el segundo El Protocolo El Salvador-Guatemala. |
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Boletín de Estudios Legales No. 103: El futuro de las profesiones jurídicas en El Salvador
El presente boletín es un esfuerzo de iniciar un debate a nivel nacional sobre el futuro de las profesiones jurídicas en El Salvador, a la luz de los problemas actuales, los cuales no han sido debidamente atendidos.En este sentido, con esta publicación se pretende identificar los problemas concretos en el ejercicio de la abogacía y del notariado en el país, y que como resultado se redefinan los roles que se desean para ambas profesiones jurídicas en un futuro tan desafiante. |
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Boletín de Estudios Legales No. 106: La innovación: elemento necesario para el desarrollo de un país
"El presente boletín tiene como objetivo dar a conocer sobre el papel que juega la innovación en el desarrollo de un país y cómo la legislación es un elemento fundamental para promover la misma. Se inicia con un análisis del tema de Propiedad Intelectual, los tratados comerciales, programas de apoyo, y en estudio de las actuales políticas de promoción a la innovación que maneja el Gobierno." |
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Boletín de Estudios Legales No. 107: Reformas Fiscales en El Salvador primera parte
En noviembre de 2009, el Ministerio de Hacienda anuncio que iba presentar a la Asamblea Legislativa los anteproyectos sobre la implementación una reforma tributaria, con el fin de aumentar la recaudación fiscal. El siguiente Boletín presenta un análisis jurídico de las reformas tributarias valorando aquellos aspectos que consideramos importantes y que deben ser ampliamente debatidos en el seno de la Asamblea Legislativa. |
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Boletín de Estudios Legales No. 108: Reformas Fiscales en El Salvador segunda parte
En la segunda parte de este boletín, se continúa con el análisis de los proyectos de reformas del Código Tributario, Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y sobre algunos aspectos del Código Penal. Se presenta un análisis concreto de las reformas que ya fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa, incluyendo la Ley de Impuesto sobre Bebidas Gaseosas y Ley Reguladora de la Producción y Comercialización del Alcohol y de las Bebidas Alcohólicas. |
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Boletín de Estudios Legales No. 110: Transición política en Chile. De Pinochet a la Democracia del Bicentenario Segunda Parte
En el presente boletín se desarrolla la continuación del Boletín anterior,“TRANSICIÓN POLÍTICA EN CHILE: DE PINOCHET A LA DEMOCRACIA DEL BICENTENARIO. PRIMERA PARTE”. Se transcriben la segunda parte de la ponencia del ingeniero Longueira, senador del partido Unión Demócrata Independiente, y del ingeniero Solari Saavedra, vicepresidente del Partido Socialista de Chile. |
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Boletín de Estudios Legales No. 111:CAFTA-DR un proceso en construcción
El 1 de marzo de 2010, El Salvador cumplió 4 años de contar con un Tratado de Libre Comercio con su más importante socio comercial y principal inversionista extranjero, Estados Unidos de América. El CAFTA-DR es el tratado más importante en la historia de la política comercial salvadoreña, contribuyó a la liberalización comercial, y a la modernización del marco legal, sin embargo se trata de un acuerdo cuyos beneficios se encuentran aun en proceso de construcción. |
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Boletín de Estudios Legales No. 112: La alfabetización y la ley salvadoreña
El siguiente boletín presenta un análisis del anteproyecto denominado “Ley Transitoria Para La Alfabetización Nacional”. Recientemente se ha discutido un proyecto de alfabetización de jóvenes y adultos, el cual merece un análisis desde la perspectiva jurídica, ante el debate sobre la necesidad de nuevas normas o la urgencia de nuevos programas de trabajo. |
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Boletín de Estudios Legales No. 114: La delincuencia organizada: Un reto a la institucionalidad
El siguiente boletín explora las opciones disponibles dentro del marco legal salvadoreño para hacerle frente a uno de los problemas más importantes que presenta el país actualmente, la inseguridad ciudadana. Se aborda la temática del crimen organizado en general, del terrorismo y las pandillas en particular, y las estrategias de combate que podrían implementarse para combatir estas manifestaciones de la criminalidad. |
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Boletín de Estudios Legales No. 77: Reconversión de los esquemas de Zonas Francas en programas compatibles a la normativa OMC
En el presente boletín se hace un estudio sobre el Proyecto de Ley de Servicios Internacionales. Dicha ley tiene como objeto principal regular el establecimiento y funcionamiento de Parques y Centros de Servicio, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollen administren o usen los mismos. |
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Boletín de Estudios Legales No. 83: Denominaciones de origen e indicaciones geográficas: herramientas de innovación y competitividad
En el presente estudio analizaremos como herramientas legales en el marco de la propiedad intelectual, permiten tener una mayor competitividad a nivel mundial. El objeto del análisis parte del estudio de las llamadas denominaciones de origen e indicaciones geográficas. |
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Boletín de Estudios Legales No. 84: La gobernanza: una perspectiva compleja
Los esfuerzos para alcanzar el desarrollo sostenible en El Salvador deben responder a un sistema complejo, cuyos componentes son: interdependientes, deben de ser integrados y complementarios. El presente documento pretende examinar conceptos sobre la gobernabilidad, sus indicadores y posibles usos a la luz de la gobernanza. |
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Boletín de Estudios Legales No. 85: El proyecto de Código Procesal Penal: ¿Se necesita una nueva legislación procesal penal? Parte I
Se han identificado deficiencias en el sistema de justicia penal vigente, como respuesta la Asamblea Legislativa ha presentado El Proyecto de Código Procesal Penal. El presente Boletín es la primera parte de un estudio hecho por FUSADES, sobre la necesidad de una reforma integral de la justicia penal y los contenidos generales del proyecto presentado por la Asamblea Legislativa. |
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Boletín de Estudios Legales No. 86: El proyecto de Código Procesal Penal: ¿Se necesita una nueva legislación procesal penal? Parte II
En esta segunda parte del estudio al Proyecto de Código Procesal Penal, se abordarán los tema sobre los sujetos procesales, la estructura del proceso penal actual, y el nuevo que presenta el proyecto. La nueva normativa pretende ser una herramienta para responder de manera eficiente el problema de inseguridad actual. |
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Boletín de Estudios Legales No. 87: El proyecto de Código Procesal Penal: ¿Se necesita una nueva legislación procesal penal? Parte III
En esta parte final del estudio al Proyecto del Código Procesal Penal, se expondrán las etapas procesales de primera instancia previstas en el proyecto, y se concluirá con algunas recomendaciones generales al proyecto. Este proyecto es una nueva oportunidad para discutir con transparencia los grandes problemas actuales de seguridad ciudadana y de administración de justicia. |
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Boletín de Estudios Legales No. 90: Consideraciones sobre el Derecho Marítimo Salvadoreño
Esta publicación tiene como objetivo reflexionar sobre el Derecho Marítimo en El Salvador ya que es indiscutible que, en el mundo globalizado en el cual vivimos, esta rama del Derecho se vuelve un elemento vital para la competitividad y desarrollo de los países. Es importante de contar con marcos jurídicos de primer mundo a fin de responder a las exigencias internacionales en temas de navegación y transporte marítimo. |
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Boletín de Estudios Legales No. 91: Hacia un régimen de concesiones armónico y transparente reflexiones sobre la regulación salvadoreña parte I
Este boletín presenta una primera parte del estudio realizado por el Departamento de Estudios Legales sobre el esquema de concesiones actual en El Salvador, el cual se centra en el marco legal vigente y el tipo de concesiones que se regulan. También, se analizan propuestas de cómo la empresa privada puede trabajar en proyectos con el gobierno de interés general. |
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Boletín de Estudios Legales No. 92: Hacia un régimen de concesiones armónico y transparente reflexiones sobre la regulación salvadoreña parte II
En el presente boletín se continúa con el estudio del régimen de concesiones en El Salvador. Se analizara el desarrollo del procedimiento para otorgar una concesión, el contenido de los contratos, y la importancia de la capacidad técnica de la Administración Pública para evaluar las ofertas. El estudio culmina con algunas consideraciones y recomendaciones sobre la actual Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, y los Asocio Público Privado. |
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Boletín de Estudios Legales No. 93: El comercio internacional y su relación con el derecho laboral
La relación entre comercio y derechos laborales, ha sido uno de los temas que ha suscitado un intenso debate entre los países miembros de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El Salvador debe seguir trabajando hacia el fortalecimiento de una política comercial, orientada a promover la prosperidad, la justicia social y el desarrollo sostenible basado en un comercio abierto, justo y ausente de distorsiones y barreras encubiertas. |
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Boletín de Estudios Legales No. 99: Reformas a la Constitución y las cláusulas pétreas
En el presente boletín se desarrolla un análisis del proceso de reforma constitucional, y un estudio de las cláusulas pétreas, cuál es su alcance y cuáles han sido algunas de las interpretaciones que se han hecho sobre sus implicaciones. Al momento presente, hay seis acuerdos de reformas constitucionales, entre ellos, el aumento del período de los diputados y de los miembros de los concejos municipales, la autorización de las intervenciones telefónicas para la investigación del delito y la prohibición del matrimonio homosexual. |
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Comentarios a la reciente elección de magistrados suplentes de la CSJ
A pesar de contar con la legitimidad para realizar la elección, la Asamblea Legislativa no cumplió con los parámetros establecidos en la jurisprudencia constitucional para su realización. Para esta y todas las elecciones de segundo grado, tanto de funcionarios propietarios como suplentes, la Asamblea Legislativa tiene la obligación de demostrar que ha realizado un proceso que permita acreditar la moralidad y la competencia notorias de los funcionarios electos, incluyendo un baremo o tabla de evaluación, así como la obligación de motivar la decisión adecuadamente. |
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Comentarios a las propuestas de reformas legales para fortalecer la Corte de Cuentas de la República
Es positivo que actualmente la CCR empiece a asumir sus funciones de fiscalizar con mayor rigor y eficacia el uso de los fondos públicos. Los entes sujetos al control de la CCR deben respetar la independencia de esta institución. |
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Cómo está El Salvador
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Continúan los graves retrocesos en la autonomía e independencia del IAIP
Son preocupantes los retrocesos en el IAIP, que generan una afectación al principio de progresividad del derecho fundamental de acceso a la información pública, que es clave para el fortalecimiento de nuestra democracia. |
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Desnaturalización del rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil
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El CNJ debe seleccionar candidatos a magistrados de la CSJ idóneos e independientes con la debida motivación
El proceso que lleva a cabo el CNJ para seleccionar el listado de 15 candidatos que completan el listado de 30 que cada 3 años se debe enviar a la Asamblea Legislativa, de conformidad con el art.186 Cn., es quizá la etapa de todo el proceso de selección de candidatos y elección de magistrados para la CSJ que más cambios positivos ha experimentado en los últimos años, debido a las modificaciones normativas, pero también a la buena voluntad que ha habido en el Pleno actual para realizar un proceso que permita |
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El ejercicio del poder conforme con la Constitución, 2021-2024
¿Cómo será el ejercicio del poder político a partir del 1 de mayo de 2021, cuando el presidente de la república tenga en la Asamblea Legislativa, por primera vez desde la vigencia de la Constitución, apoyo de la mayoría calificada sin necesidad de negociar con otros partidos políticos? No es posible saberlo con certeza, pero sí es posible establecer, a partir de nuestra Constitución, cómo debería ser. Ese es el propósito del presente trabajo. |
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Estudios Estratégicos 1-2019: Análisis de la Ley de Zonas Económicas Especiales
El objetivo de este análisis es promover la transparencia y discusión en la Asamblea Legislativa a fin de asegurar que la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales sea el resultado de un debido proceso de discusión, análisis y divulgación de los aspectos legales, económicos y sociales de la misma; considerando las mejores prácticas internacionales y sensibilizando a la sociedad sobre el contenido de la Ley, en sus factores positivos, negativos y recomendaciones. |
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Ilegalidad del bloqueo de redes sociales de funcionarios
Las redes sociales se han convertido en mecanismos o plataformas para compartir fotos, memes, puntos de vista, críticas y todo tipo de información u opinión, pero también sirven como un medio para la discusión o debate público y/o privado, propio del ejercicio de facultades ciudadanas en un entorno democrático, ya que muchas personas e instituciones lo usan para posicionarse respecto de un tema o para compartir información que consideran importante, incluyendo instituciones públicas que lo usan como medio de comunicación oficial. |
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Importancia de la elección de magistrados de la Corte de Cuentas, basada en el mérito y la idoneidad
La elección de los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) ha sido una de las elecciones más impugnadas en sede constitucional en los últimos años. Entre 2014 y 2017, la elección realizada por la Asamblea Legislativa se declaró inconstitucional varias veces, por diversos motivos, partiendo de la sentencia de inconstitucionalidad 49-2011 del 23 de enero de 2013, un referente obligatorio para esta elección, en la que se establecen criterios imprescindibles sobre la forma cómo debe evaluarse a los candidatos, cómo deben acreditarse ciertos requisitos, así como la prohibición de cualquier tipo de vinculación político-partidaria de los candidatos, en la medida que dicho vínculo puede afectar su independencia al momento de ejercer el cargo. |
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Informe Coyuntura Legal e Institucional I semestre de 2017
En el primer semestre de 2017 continuaron las denuncias de afectaciones a derechos fundamentales. La PDDH informó que en los primeros seis meses de 2017 recibió 185 denuncias por esta causa contra la PNC y 25 contra la FAES. La Inspectoría General de Seguridad Pública respondió a una solicitud de acceso a información señalando que recibió 340 denuncias para iniciar procesos disciplinarios por presuntos abusos o violaciones a derechos humanos. En enero del presente año, la Sala de lo Constitucional dio lugar a un habeas corpus sobre la desaparición de tres jóvenes en Armenia, Sonsonate, atribuida a militares. La FGR reportó que hubo 19 condenas penales contra miembros de la PNC, pero dentro de esas ninguna fue por delitos relativos a derechos y garantías fundamentales de la persona considerados en el Código Penal, pero sí hubo condenas por delitos de cohecho propio e impropio, agrupaciones ilícitas, extorsión, robo, amenazas, tráfico ilícito, entre otros. Los derechos fundamentales no pueden limitarse si no es en los casos y alcances legales y mediante procedimientos preestablecidos y, por ello, en el combate a la delincuencia no deben tolerarse actuaciones extrajurídicas. |
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Informe Coyuntura Legal e Institucional II semestre de 2016
En el segundo semestre de 2016 hubo numerosos acontecimientos que incidieron en el Estado de derecho. En materia de respeto a la separación de poderes, los ataques orquestados contra la Sala de lo Constitucional han arreciado, provocando la reacción de la sociedad civil y de funcionarios internacionales que exigen que cesen cuanto antes. Por primera vez, los magistrados han denunciado amenazas contra su integridad, lo cual demanda una pronta investigación. |
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Informe de Coyuntura Legal correspondiente al Primer Trimestre de 2018
En el primer semestre de 2018 han ocurrido dos sucesos de gran importancia para el Estado de derecho: Las elecciones de diputados y alcaldes y el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En cuanto a las elecciones municipales y legislativas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cumplió con los mandatos legales y jurisprudenciales de que los candidatos no partidarios participaran en bloque, a efecto de asignar votos para lograr escaños. El TSE también cumplió con la implementación de organismos electorales ciudadanizados, si bien esto no estuvo exento de problemas y críticas. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional del segundo semestre de 2017
El proceso de elección de diputados y concejos municipales, así como el de selección de cinco magistrados de la CSJ, han englobado los principales sucesos sobre Estado de derecho en el segundo semestre de 2017. Ambos acontecimientos están muy relacionados, en cuanto que los diputados que resulten electos tendrán la última palabra sobre quiénes serán los nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional del segundo semestre de 2017
El proceso de elección de diputados y concejos municipales, así como el de selección de cinco magistrados de la CSJ, han englobado los principales sucesos sobre Estado de derecho en el segundo semestre de 2017. Ambos acontecimientos están muy relacionados, en cuanto que los diputados que resulten electos tendrán la última palabra sobre quiénes serán los nuevos magistrados del máximo tribunal de justicia en El Salvador. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional primer semestre de 2011
Las acciones concretas que se han realizado para limitar el control constitucional afectan la separación de poderes al debilitar el sistema de frenos y contrapesos. Esto es una muestra de que debe fortalecerse la cultura política para profundizar la conciencia democrática en el país. Las acciones concretas que se han realizado para limitar el control constitucional afectan la separación de poderes al debilitar el sistema de frenos y contrapesos. Esto es una muestra de que debe fortalecerse la cultura política para profundizar la conciencia democrática en el país. El semestre se ha caracterizado por una serie de confrontaciones institucionales entre la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia con el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo, las cuales al cierre de este informe continúan sin resolverse. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional primer semestre de 2012
El semestre se ha caracterizado por la grave afectación al Estado de derecho, provocada por la desobediencia de la Asamblea Legislativa a dos sentencias de inconstitucionalidad emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un irrespeto al sistema de frenos y contrapesos que caracteriza un sistema republicano, cuyo elemento esencial es la limitación recíproca del poder entre los órganos fundamentales como mecanismo para impedir los abusos. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional primer semestre de 2013
Un tema sustancial en el Informe de Coyuntura Legal e Institucional es el monitoreo de los eventos que inciden en la consolidación o debilitamiento del Estado de derecho en El Salvador. Muchos son los elementos del Estado de derecho que se analizan en este Informe, pero el primer semestre de 2013 se ha caracterizado por la continua situación de desafío al cumplimiento de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, en especial por la Asamblea Legislativa, así como los retrasos en la elección de funcionarios públicos; otro hecho característico han sido las reformas y acontecimientos relacionados con el tema electoral, una tendencia propia de los años previos a las elecciones. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional primer semestre de 2015
Algunos indicadores internacionales sugieren que en condiciones sociales de delincuencia puede disminuir el apoyo al Estado de derecho, pues algunos ciudadanos pueden verse impulsados a legitimar actuaciones fuera de la legalidad con tal de que se les provea seguridad. Lo cierto es que el combate a la delincuencia requiere del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, porque tan delicada tarea debe enmarcarse dentro del respeto estricto de la ley y las garantías fundamentales |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional primer semestre de 2016
En el primer semestre de 2016, destacan los problemas para elegir a tiempo a los funcionarios que dirigen instituciones importantes. El caso más emblemático es el atraso en la elección de los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura, una institución que al cierre de este informe lleva más de nueve meses sin poder cumplir sus funciones constitucionales, lo cual genera disfuncionalidades, por ejemplo, la falta de nombramiento de los jueces para las vacantes existentes. Junto al CNJ, la Procuraduría General de la República tuvo su titular el 14 de abril de 2016, con tres meses de retraso, afectando una institución con funciones trascendentales, como la defensa pública en materia penal. Finalmente, el nombramiento de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República fue declarado inconstitucional porque la Asamblea Legislativa omitió documentar la no afiliación partidaria de dos de los magistrados y porque no se justificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales de los tres profesionales que fueron elegidos. Las instituciones son los mecanismos que el Estado emplea para cumplir sus funciones, de modo que cuando no se designa conforme con el ordenamiento jurídico a los titulares de estas, el Estado falla a sus ciudadanos. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional segundo semestre de 2010
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional segundo semestre de 2014
Las mediciones internacionales sobre temas de Estado de derecho permiten resumir mucho de lo que sucede en el país sobre este tema. Este semestre encontramos que en el Índice de Estados Frágiles, de entre los 178 Estados evaluados, aparecen casi 100 Estados peor que El Salvador, 1 en igualdad de pLas mediciones internacionales sobre temas de Estado de derecho permiten resumir mucho de lo que sucede en el país sobre este tema. Este semestre encontramos que en el Índice de Estados Frágiles, de entre los 178 Estados evaluados, aparecen casi 100 Estados peor que El Salvador, 1 en igualdad de posiciones, y 77 que están mejor. Muchos de los factores que integran esta medición están relacionados con la justicia, un asunto sobre el cual queremos señalar dos desafíos: el primero es que se aproxima una nueva elección de magistrados de la CSJ, cual tiene la particularidad de ser la primera que deberá cumplir todos los nuevos criterios incorporados al ordenamiento jurídico por medio de la interpretación constitucional, orientados principalmente a fortalecer la idoneidad y la independencia de quienes resulten elegidos. osiciones, y 77 que están mejor. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional segundo semestre de 2015
El tema más destacado en materia de Estado de derecho e institucionalidad en el segundo semestre de 2015 fue la necesidad de que la Asamblea Legislativa eligiera a los titulares de instituciones fundamentales del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura e iniciara el proceso para el titular de la Procuraduría General de la República. En esto ha habido altibajos, desde atrasos con respecto a los plazos legales, pasando sobre la calidad del cumplimiento de sentencias que establecen los estándares del proceso, hasta el hecho de que muchas de las discusiones sobre los candidatos no recaigan tanto sobre el mérito de los candidatos como sobre sus vinculaciones políticas. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional, primer semestre 2020
El primer semestre de 2020 ha sido turbulento en diferentes áreas de la vida y, sin lugar a dudas, ha sido hostil en materia de Estado de derecho. Sus principios más básicos –separación de poderes, respeto a los derechos fundamentales, gobierno abierto y funcionarios sometidos a la ley y la Constitución- han sido sistemáticamente desconocidos, principalmente por el Órgano Ejecutivo. Por el otro lado, instituciones como la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos han tratado de proteger, dentro de sus posibilidades jurídicas y materiales, los derechos fundamentales de los salvadoreños. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional, primer semestre de 2014
En esta edición del Informe de Coyuntura Legal e Institucional se hace referencia a los acontecimientos que han impactado la situación del Estado de derecho en el primer semestre de 2014, y se relacionan con las perspectivas que generan, utilizando un enfoque sencillo, en el que se describe la situación en cada tema y su importancia para el sistema jurídico e institucional que debe estar al servicio de los ciudadanos.En esta edición del Informe de Coyuntura Legal e Institucional se hace referencia a los acontecimientos que han impactado la situación del Estado de derecho en el primer semestre de 2014, y se relacionan con las perspectivas que generan, utilizando un enfoque sencillo, en el que se describe la situación en cada tema y su importancia para el sistema jurídico e institucional que debe estar al servicio de los ciudadanos. Las áreas del Estado de derecho con mayor actividad en este semestre han sido la administración de justicia y el sistema jurídico electoral. |
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Informe de Coyuntura Legal e Institucional, segundo semestre 2020
El segundo semestre de 2020 se caracteriza por la continuación de acciones antidemocráticas y contrarias al Estado de derecho realizadas por el Órgano Ejecutivo. En diversos informes internacionales, publicados en el segundo semestre de 2020 e inicios de 2021, se señalan violaciones a derechos fundamentales en la respuesta estatal al COVID-19 y riesgos para la democracia que se extiendan más allá de la pandemia. |
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Institucionalidad, diálogo democrático y políticas públicas
Este documento es el fruto de dos años de trabajo con las representantes y los representantes de los diversos sectores de la sociedad salvadoreña que participaron del proyecto, cuyo objetivo principal fue fortalecer las instituciones democráticas a través del dialogo y la generación de consensos. Para que haya un crecimiento eocnómico y social sostenible deben existir instituciones democráticas fuertes que respondan a las necesidades de la población. |
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Instituciones Democráticas en El Salvador II Elecciones y sistema electoral (Capitulo VIII)
Partiendo de la premisa de que para alcanzar el progreso económico y social, dentro de un auténtico estado de derecho, es requisito esencial que la institucionalidad del país funcione y se consolide, de forma tal que las instituciones, especialmente las políticas, respondan a las aspiraciones que demanda la sociedad, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, a través del Departamento de Estudios Legales, ha incluido dentro de sus actividades, el tema del fortalecimiento de la institucionalidad en El Salvador. |
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La elección de la FEDAES representa una gran responsabilidad para los abogados, ya que el país necesita magistrados independientes
La elección de 15 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), cada 3 años, es una de las mayores responsabilidades y privilegios que tienen los abogados del país, desde la reforma del art. 186 de la Constitución (Cn.) en 1991. Esta elección es organizada desde sus inicios, por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES), ya que el citado artículo de la Constitución establece que la mitad del listado que se envía a la Asamblea Legislativa cada 3 años, debe provenir del resultado de una elección organizada por las entidades representativas de todos los abogados autorizados; y en el Acuerdo de Paz de 1992, quedó establecido que debía ser la FEDAES. |
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La violación a derechos constitucionales durante la emergencia acarrea consecuencias patrimoniales y penales
La pandemia por el COVID-19, ciertamente es un riesgo para la salud pública, y por ello los servidores públicos tienen una gran responsabilidad para proteger a la población. Esta labor demanda eficacia –lo cual se relaciona con capacidad técnica y estratégica-, pero también un compromiso con el respeto a los derechos fundamentales. |
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Las restricciones a las libertades siempre deben ser justas y claras
El Ministerio de Salud ha declarado la restricción total de la libertad de circulación y reunión, salvo algunas excepciones. Para ello, ha emitido el Decreto Ejecutivo No. 12, titulado: “Medidas extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario, a fin de contener la pandemia COVID-19” (en adelante, decreto de cuarentena domiciliar). Aunque se enuncian los casos en los que se puede circular, no se establecieron de manera clara, coherente y oportuna las vías para poder demostrarlo ante las autoridades, lo cual ha generado mucha confusión en la población, trabajadores y empleadores, así como preocupación de que se lleven a cabo detenciones arbitrarias, llamadas eufemísticamente “retenciones”. Es necesario y urgente tomar medidas de distanciamiento social para frenar la amenaza de COVID-19, pero siempre debe buscarse la mínima afectación posible a los derechos fundamentales. |
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Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: una ley desde la sociedad civil salvadoreña
La Constitución de la República no contiene una disposición que garantice de manera expresa el derecho de acceso a la información, pero existe una base constitucional que permite reclamar este derecho. La propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se base en el principio de máxima publicidad. |
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Limitaciones al acceso a la información pública durante la pandemia de COVID-19
El 14 de marzo de 2020, la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, mediante el cual, entre otros aspectos, se suspendieron “los términos y plazos legales concedidos a los particulares y a los entes de la Administración Pública en los procedimientos administrativos y judiciales en que participan, cualquiera que sea su materia y la instancia en la que se encuentren […]”. Días después, el 20 de marzo, se reformó el referido decreto, estableciendo de manera expresa, que debían suspenderse los plazos y celebración de audiencias en sede administrativa, incluso las programadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). El Estado de Emergencia Nacional se ha prorrogado en dos ocasiones, manteniendo vigente la suspensión de términos y plazos procesales. |
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Los decretos de cuarentena mantienen restricciones a derechos y sanciones sin base legislativa
El 13 de abril de 2020, el Ministerio de Salud emitió el Decreto Ejecutivo No. 19 en el que, nuevamente, regula el resguardo domiciliar obligatorio para todas las personas del país1 , salvo las excepciones. Antes de este, habían sido emitidos con similares propósitos, el D. E. No. 14, del 30 de marzo, y el No. 12, del 21 de marzo, ambos de 2020. Se trata, por lo tanto, de la tercera regulación sobre este tema en menos de un mes, lo que provoca inseguridad jurídica por la velocidad con la que se cambian las obligaciones y derechos de las personas, por la ambigüedad y falta de claridad de los mensajes que los acompañan y por empezarse a aplicar antes de que sean publicados en el Diario Oficial. |
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Necesidad de certeza jurídica y orden para la legislación de la emergencia
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Ni desproteger la salud, ni tolerar violaciones a la Constitución
El 8 de junio de 2020, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales una serie de decretos ejecutivos y legislativos que regulaban suspensiones y limitaciones de derechos fundamentales (Inc. 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020.)2. Las razones, a grandes rasgos, son dos: En cuanto a los regímenes de excepción decretados por la Asamblea Legislativa, porque no acreditó que, en el momento que los dictó, existían los presupuestos constitucionales para hacerlo; y en cuanto a los decretos ejecutivos, porque el Órgano Ejecutivo no tiene facultades para limitar o suspender derechos constitucionales. |
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Para no perder las libertades, debe restablecerse el orden constitucional
Las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República, realizadas por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 2021, son contrarias a la Constitución y son parte de la sistemática escalada autoritaria que está viviendo El Salvador. Representan una acumulación ilegítima de poder que limita la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a una justicia imparcial para defender sus derechos. |
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PARTE I: Funcionamiento de los tribunales durante la pandemia de COVID-19 y la evidente necesidad de su modernización
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PARTE II: Funcionamiento de los tribunales durante la pandemia de COVID-19 y la evidente necesidad de su modernización
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Posición Institucional No. 108: Necesidad de ampliar el plazo para postular candidatos a magistrados de CSJ
Recientemente el CNJ convocó para postular a aspirantes a candidatos de la CSJ. La convocatoria ha tomado por sorpresa a las asociaciones de abogados por la brevedad del plazo otorgado, lo cual puede causar que existan muy pocos abogados que participen en el proceso. Por ello, es necesario que el CNJ otorgue un tiempo adicional para facilitar la participación. |
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Posición Institucional No. 109: FEDAES debe aplicar filtros a candidaturas CSJ
En años recientes, los cuestionamientos hacia las actuaciones y procedimientos implementados por las asociaciones de abogados y por la FEDAES se han incrementado, en función de la jurisprudencia constitucional en materia de elecciones de segundo grado –incluida la elección de magistrados para la CSJ3– en la cual se establecen criterios para mejorar la idoneidad de los candidatos, en la medida que obligan a verificar la competencia y moralidad notorias, requeridas en la Constitución, así como la independencia de los candidatos, corolario indispensable para sustentar su legítimo desempeño en el tribunal. |
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Posición Institucional No. 110: Retos del CNJ en el proceso de elección de magistrados CSJ
El proceso de elección de magistrados de la CSJ ha experimentado una serie de cambios positivos en años recientes, producto de una serie de sentencias de la Sala de lo Constitucional que han ido mejorando los filtros, eliminando el secretismo y prohibiendo algunas formas de vinculación que restan independencia a los candidatos. El proceso que se está llevando a cabo actualmente se encuentra en la etapa que corresponde diligenciar al CNJ, puesto que la mitad del listado que corresponde elegir a los abogados ya fue determinada el pasado 10 de marzo en la elección organizada por la FEDAES. Entre ambos procesos hay diferencias muy profundas, en la medida que el primero se lleva a cabo sin mayores filtros, producto de una elección basada en las preferencias de los abogados. El CNJ, en cambio, sí está obligado normativamente a seleccionar a los candidatos con base en méritos y a motivar su decisión a través de un proceso público. |
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Posición Institucional No. 113: Retos para la fase legislativa de la elección de los magistrados de la CSJ
El carácter representativo de los legisladores les impone una serie de cargas al momento de llevar a cabo esta y cualquier otra elección de segundo grado. Los diputados también deberán tener especial cuidado de cumplir con las obligaciones derivadas de la jurisprudencia constitucional y que constan esencialmente en previas sentencias de inconstitucionalidad, para realizar una elección conforme con la Constitución. |
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Posición Institucional No. 114: El retraso en la elección de CSJ viola derechos fundamentales de la población
La Asamblea Legislativa y concretamente la Comisión Política, ha tenido tiempo para completar la documentación, entrevistar y evaluar a los candidatos, previo a elaborar el dictamen. Sin embargo, casi 3 meses después, dicha comisión no ha elaborado el dictamen, causando, además del atraso, graves consecuencias para la administración de justicia y para los ciudadanos. |
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Posición Institucional No. 115: Es necesario restablecer la credibilidad de El Salvador en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción
El 24 de septiembre de 2018, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de El Salvador1 fue suspendida del Grupo Egmont, por no cumplir algunos estándares internacionales en materia de lavado de dinero y activos. Si el país no adecúa la legislación a los estándares requeridos antes de julio de 2019, será expulsado definitivamente del Grupo Egmont. |
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Posición Institucional No. 118: Importancia de la elección de comisionados del IAIP
Esta documento analiza el proceso de elección de comisionados del IAIP entre diciembre 2018 y febrero 2019. Además incluye recomendaciones para futuras elecciones en este organismo. |
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Posición Institucional No. 120: Sin mérito no hay Estado eficiente. El Salvador necesita una nueva Ley del Servicio Público
Un país se desarrolla en la medida que cuenta con buenas políticas públicas que respondan a las necesidades de la población, y para ello es necesario contar con los mejores funcionarios para que las elaboren y a su vez que las implementen. El país requiere de un marco jurídico que asegure que las personas ingresan, se mantienen y ascienden con base en el mérito, y que asegure que existirá una capacitación continua para los empleados públicos, que habrá evaluaciones de desempeño, y que se garantizará el desarrollo de una verdadera carrera administrativa. |
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Posición Institucional No. 121: No debemos dejar de defender el derecho de acceso a la información pública
En 2017, el Presidente de la República debía elegir a dos comisionados propietarios (y sus suplentes) del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Uno debía provenir de una terna propuesta por la Universidad de El Salvador y las universidades privadas debidamente autorizadas (cuya elección organiza el Ministerio de Educación), y el otro propuesto por las asociaciones empresariales debidamente inscritas (cuya selección organiza el Ministerio de Economía). |
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Posición Institucional No. 122: Importancia de fortalecer la autonomía de los oficiales de información
La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) regula la figura de los Oficiales de Información como el vínculo entre los ciudadanos que solicitan información sobre el quehacer del Estado y las instituciones obligadas a entregarla. FUSADES ha venido sosteniendo que es importante que se reforme la LAIP, para dotar de mayor autonomía y estabilidad a los Oficiales de Información. Esto, debido a que es importante que la labor que desempeñan se realice con independencia y que no esté expuesta a presiones de los superiores jerárquicos dentro de los entes obligados |
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Posición Institucional No. 123: El acuerdo migratorio suscrito entre los Estados Unidos y El Salvador debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa
El Gobierno de la República de El Salvador ha suscrito un instrumento denominado “Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de El Salvador para la colaboración en el examen de reclamos de protección” (en adelante, el Acuerdo). Su texto no se ha conocido en idioma español, de modo que esta Posición Institucional se basa en la version en inglés. |
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Posición Institucional No. 124: Recomendaciones para la creación de una autoridad de protección de datos personales
A pesar de la importancia que la protección de datos ha adquirido actualmente en el mundo, El Salvador no tiene todavía una Ley de Protección de Datos Personales. Existe una dispersión de 6 normas, pero sus contenidos no son armónicos, están llenas de vacíos y, más que nada, no responden a las necesidades de un mundo digitalizado. Los avances que se han logrado en materia de protección de datos personales en el país, vienen sobre todo de la jurisprudencia constitucional, la cual ha ido actualizando algunos aspectos del derecho a la autodeterminación informativa, derivados del art. 2 de la Constitución, en el cual se establece que las personas tienen una serie de derechos, incluyendo el derecho a la intimidad y a ser protegidos en la defensa y conservación de los mismos, así como a la seguridad jurídica, garantizada por el mismo artículo. |
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Posición Institucional No. 125: LACAP: una herramienta para el desarrollo de un país, no la debilitemos
Que los recursos del Estado alcancen para cubrir las necesidades de sus ciudadanos, es uno de los mayores retos con los que se enfrentan todos los países en el mundo, y, El Salvador, no es la excepción. Por ello, garantizar que exista eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en el gasto público es un aspecto esencial de la política fiscal y un elemento indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo de los países. Un componente clave del gasto público lo constituyen las compras y contrataciones del Estado, representando en 2018 en El Salvador el 6.7% del PIB, es decir US$1,746.6 millones1. |
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Posición Institucional No. 126: ¿Puede el Consejo de Ministros convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa?
La facultad de convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa está de forma expresa en la Constitución, y por ello debe determinarse cuál es la forma correcta de entenderla. Desde 1950, la Asamblea no ha estado en receso ni un solo mes, salvo los períodos en que los gobiernos de facto la eliminaron, por tanto, si está funcionando ordinariamente no puede ser convocada extraordinariamente |
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Posición Institucional No. 128: Importancia de la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción en situaciones de emergencia
Nuestro país, junto a una gran mayoría de países, enfrenta actualmente una crisis sanitaria sumamente compleja y grave. Las medidas para limitar el impacto de la epidemia de COVID-19 son urgentes y nadie pretende menoscabar la necesidad de poderlas implementar de forma rápida y eficaz. Para tal efecto, la Asamblea Legislativa ha autorizado al Ejecutivo poderes “extraordinarios” de forma temporal y limitada, en el marco de lo que la Constitución señala para los momentos de crisis nacional. También se ha autorizado al Ejecutivo para disponer de cuantiosas sumas de dinero a fin de enfrentar la epidemia. |
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Posición Institucional No. 134: El respeto al debido proceso en materia penal tributaria
De acuerdo con el estudio Seguridad Jurídica e Inversiones, elaborado por el INCAE, el PNUD y la Universidad Complutense de Madrid, el significado central de la seguridad jurídica “está asociado a la idea de suministrar certeza sobre lo que es derecho en cada momento y lo que previsiblemente será en el futuro”1. Es por ello que, en El Salvador, se considera como un principio fundamental del Estado democrático de derecho, generando estabilidad en las reglas del mercado y, por ende, en las inversiones nacionales y extranjeras, pues la certeza es lo que fomenta un clima de negocios favorable. |
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Posición Institucional No. 135: En la elección de los magistrados de la CSJ, elegibilidad no es sinónimo de idoneidad
El 26 de septiembre del año en curso, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) publicó el “Registro Especial de Abogados Elegibles para candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con observancia de los requisitos constitucionales para optar al cargo”, en cumplimiento del art. 50 de la Ley del CNJ. Esto constituye el punto de partida del proceso de postulación, preselección y elección de los 5 magistrados que deberán elegirse por la Asamblea Legislativa para el periodo que inicia el 1 de julio de 2021 y concluye el 30 de junio de 2030. |
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Posición Institucional No. 136: Desnaturalización del rol de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil
La Fuerza Armada ha obstruido 4 diligencias ordenadas por un juez en el proceso penal conocido como “El Mozote”, relacionado con el acceso a archivos militares sobre operativos de la guerra civil1. La desobediencia frontal a una resolución judicial es alarmante. El Presidente de la República utilizó una cadena nacional para anunciar que desclasificaba los documentos, pero en caso que entregara alguna cosa, se trata, de todas formas, de una estrategia de publicar lo que él quiera y no lo que la justicia requiere. |
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Posición Institucional No. 138: Riesgos de las instrucciones de la SSF sobre terminación unilateral de relaciones comerciales
Existe una situación real que atender: balancear las acciones que los entes obligados pueden y deben tomar en vistas a prevenir el lavado de activos, con la privación de acceso a servicios financieros que pudiera ser injustificada. |
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Posición Institucional: El proceso de elección de la PGR debe cumplir con la jurisprudencia institucional
El 13 de abril de 2019 concluye el plazo para el cual fue electa en el cargo la actual Procuradora General de la República (PGR), Sonia Cortez de Madriz, por lo que el 15 de enero del presente año, el Pleno de la Asamblea Legislativa dio por iniciado el proceso para elegir al nuevo Procurador General de la República, cargo de suma importancia para garantizar el acceso a la justicia y la defensa técnica de los ciudadanos, entre otros. |
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Posición Institucional: La presunción de inocencia y el trato a los imputados
Discute sobre la relación entre los derechos a la presunción de inocencia, al honor y a la propia imagen de los imputados en un delito con la práctica de las autoridades de exhibirlos ante los medios de comunicación, dando lugar a posibles vulneraciones a los mencionados derechos. |
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Posición Institucional: Perfil de los candidatos para la CSJ 2015-2024
Art. 176.-“ Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo” |
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Posición Institucional: ¡No más atentados contra la independencia de la Sala de lo Constitucional!
Los magistrados electos en 2009 en la Sala de lo Constitucional cumplirán 6 años en el cargo el mes de julio próximo. Sin embargo, este ha sido un recorrido lleno de obstáculos. |
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Precedente constitucional para la creación de tributos: inconstitucionalidad de la Ley CESC
En noviembre de 2015, entró en vigencia la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (LCESC), con el objetivo de crear un nuevo tributo para financiar actividades estatales de seguridad ciudadana, con una vigencia prevista de 5 años. Con ello, las actividades relacionadas con la adquisición o utilización de servicios de telecomunicaciones, así como la compra de bienes que permitieran utilizar tales servicios fueron gravadas con el 5% de su valor. |
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Reformas al Reglamento de la LACAP son inconstitucionales y un retroceso para la transparencia
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Sala de lo Constitucional: la privación de libertad requiere aprobación legislativa
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Serie de Investigación 2-2019: Desarrollo digital, leyes modernas, agenda digital y visión de país
La digitalización es solo uno de los componentes dentro de la cuarta revolución industrial, sirviendo como un instrumento para elevar el nivel de vida de todos los salvadoreños. Alcanzar la digitalización nacional no es la finalidad, sino que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben convertirse en un medio para impulsar, implementar y desarrollar políticas públicas efectivas que promuevan: a) un sector empresarial moderno y digitalizado; b) el desarrollo de la industria TIC; c) tener un gobierno digitalizado, d) un sistema educativo público y privado que se adapte a los nuevos cambios, y e) propiciar una cultura de la digitalización en todo el país. |
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Teletrabajo: una herramienta para el desarrollo del país
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Todas las compras públicas durante la emergencia requieren transparencia y rendición de cuentas
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Una década de procesos de elección de magistraturas de la CSJ
El Departamento de Estudios Legales de Fusades presentó este viernes 6 de noviembre, los hallazgos más relevantes de estudio denominado “Una década de procesos de elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador” realizado con apoyo del Programa Estado de la Nación de Costa Rica y del Centro para el Estudio del Derecho Internacional y la Justicia –CEJIL. Luego de la presentación, se llevó a cabo un conversatorio en el participaron: - Claudia Umaña, vicepresidenta de Fusades, -Úrsula Indacochea, Directora del Programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y - El abogado constitucionalista y exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González. El conversatorio fue moderado por Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales. Alberto Mora, Coordinador de Investigación del Informe Estado de la Región del Estado de la Nación de Costa Rica ofreció el contexto del estudio y una breve perspectiva centroamericana. El estudio también incluye con una serie de propuestas para fortalecer el proceso de elección de las magistraturas de la CSJ para 2021. |
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Urge aprobar la Ley del Servicio Público para poner fin a las contrataciones sin mérito
Cualquier abuso o irregularidad en las contrataciones de servidores públicos en el Estado es un acto de corrupción. Es por ello la importancia de poner fin a toda práctica abusiva en los procesos de ingreso a la carrera administrativa. |
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¿Dónde ha quedado el mérito en las contrataciones en la Asamblea Legislativa y en todo el Estado?
De acuerdo con esta investigación periodística, al 31 de enero de 2019 habían contratados en la Asamblea Legislativa 2,210 empleados, en abril dicho número subió a 2,308, en julio a 2,340, llegando a 2,367 empleados al 31 de octubre de 2019. Asimismo, se señala que ha habido un crecimiento desordenado y desbordante año con año, que responde a intereses políticos, puesto que el personal político y de confianza de la Asamblea pasa por razones de mera conveniencia a engrosar el área institucional sin ninguna limitación ni control. |