El crecimiento acelerado de los ingresos tributarios apunta a una visión que persigue otorgarle al sector público un papel más amplio en la economía, acompañado también de un fuerte incremento del gasto público. Esto vuelve aún más importante la transparencia en la utilización de los recursos públicos, así como la eficacia y eficiencia con que se ejecutan.

El Presupuesto General del Estado (PGE) votado para 2021 alcanzó US$7,453 millones; aumentando en 14.8% en relación con el de 2020. Para 2022 se proyecta un monto para el gobierno central de US$7,697.7 millones, es decir, 6.9% más alto que el anterior. En ambos casos las variaciones son superiores al crecimiento nominal de la economía, que tomando los aumentos porcentuales oficiales se expandiría en 11.7% y 4.7% en 2021 y 2022, respectivamente.

Como la principal fuente de fondos, la recaudación de impuestos acumulada hasta septiembre de 2021 aumentó en 27.1% respecto al año pasado, con lo cual se logró superar, incluso, lo recaudado en 2019, un año “normal” o sin pandemia. Asumiendo una recaudación estable para el último trimestre de 2021, se prevé que se alcanzarán US$5,715.4 millones al finalizar el año, lo que implica, ante un aumento de 11.7% en el Producto Interno Bruto (PIB) nominal, una carga tributaria de 20.8% en 2021, el porcentaje más alto en la historia salvadoreña.

Más aún, la previsión de ingresos tributarios para 2022 en el PGE totaliza US$6,318.24 millones o 10.5% adicionales, es decir, una carga fiscal de 21.9%. Dejando de lado si están considerando o no aumentar impuestos o aplicar nuevos, esto deja entrever un incremento como porcentaje de PIB o ajuste fiscal de, al menos, 3.7% en tres años, provenientes de los aportes de consumidores y empresas.

Los recursos captados por medio de deuda ejecutada, dejando de lado la deuda aprobada que aún no se ha materializado, también son muy altos. En 2020, el déficit fiscal o la parte financiada del gasto público ascendió a US$2,477 millones, adicionalmente para 2021 el Ministerio de Hacienda estima un déficit fiscal de US$2,091.76, es decir, un total de US$4,573.6 millones acumulados en dos años.

Lo que fácilmente puede constatarse es el fuerte traslado de recursos hacia el sector público, pero eso no es lo fundamental, sino ¿cuál sería el beneficio en términos de bienestar para la población? ¿se han tenido mejores resultados? También surgen otras preguntas: ¿por qué, con esta cantidad de recursos disponibles, el sector público debe seguir endeudándose? ¿es el crecimiento económico estructuralmente más alto como para justificar aumentos permanentes en el gasto? ¿la sociedad manifiesta que está recibiendo más y mejores servicios públicos?