*Un blog de Luis Mario Rodríguez

Director Departamento de Estudios Políticos

Doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona

 

La inequidad en la competencia electoral, las denuncias infundadas sobre un posible fraude electoral, la vulnerabilidad del TSE si no se cumplen los “pronósticos” que anuncian el presidente y el partido de gobierno, las dudas acerca del rol que cumplirán la PNC y la Fuerza Armada antes, durante y después de los comicios, la violencia política, el ventajismo oficial y la lenta aplicación de la justicia electoral son algunos de los aspectos críticos en los que deben concentrarse los observadores electorales nacionales e internacionales.

La campaña a favor de los candidatos del oficialismo supera por creces a la de los partidos de oposición. Las reglas para fiscalizar el financiamiento político impiden conocer en tiempo real el origen de los fondos utilizados por los institutos políticos. Una regla de oro en todo proceso electoral es el de la igualdad de condiciones para disputar el poder. El solo hecho de no entregar el anticipo de la deuda política que establece la Constitución para que todos los partidos promocionen su oferta electoral y a sus candidatos califica los comicios del próximo 28 de febrero como inequitativos.

Varios funcionarios de gobierno, el presidente y los candidatos de N insisten en que habrá fraude electoral. Sus seguidores podrían reaccionar con brusquedad si los resultados no los favorecen con las mayorías a las que aspiran. El asedio que sufrieron los miembros de dos Juntas Electorales Departamentales y el mismo Tribunal Supremo Electoral por parte de militantes de dicho partido podría repetirse en una dimensión exponencialmente mayor. Ya hemos dicho que factores como el sistema electoral establecido en la Constitución, la fórmula electoral, el nivel de participación, el tipo de listas que permite “cruzar” el voto, entre otros factores, influirán en el desenlace electoral. La realidad podría, o no, acercarse a las predicciones de las encuestas.

La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 y la desobediencia del director del cuerpo policial ante los pedidos de auxilio de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República y el TSE, justifican la incertidumbre acerca del comportamiento que exhibirán la Fuerza Armada y la Policía Nacional. A estas instituciones les corresponde, entre otras obligaciones, custodiar los paquetes electorales que serán distribuidos en los centros de votación, brindar la seguridad perimetral en los alrededores y al interior de estos últimos y asegurar que, al momento del repliegue, cuando termine la elección, las actas, las papeletas y los equipos utilizados sean trasladados, sin contratiempo, para su resguardo en los lugares establecidos por la autoridad electoral.

Los hechos del pasado domingo, en el que murieron asesinados dos militantes de uno de los partidos mayoritarios confirman el temor de varios actores políticos sobre un peligroso brote de violencia política. El suceso se habría quedado como un inaceptable acto de intolerancia de no haber sido protagonizado por dos agentes de seguridad de uno de los ministerios del Órgano Ejecutivo. Las diligencias de investigación deben concluirse por parte de la FGR antes del evento electoral de tal forma que se revele el móvil, se judicialice el caso y los culpables reciban el justo castigo por sus actos.

El ventajismo oficial y el clientelismo político también abonan a la inequidad de las elecciones. Se trata de una conducta en la que incurrieron anteriores administraciones. El uso de recursos del Estado para promocionar a los candidatos del partido oficial y el aprovechamiento de los programas sociales con fines electorales tiene que ser objeto de una estricta regulación y de severas sanciones por parte del organismo electoral. La actuación del árbitro electoral ha debido ser más enfática y diligente durante el presente proceso electoral. La medida cautelar que ordenó retirar el último anuncio en el que el mandatario realiza una clara manifestación de política partidaria prevaleciéndose de su cargo, debió aplicarse con la misma celeridad al resto de casos durante el último mes. En lo que resta de la campaña, el TSE tiene la responsabilidad de agilizar los procesos con la finalidad de aplicar pronta y cumplida justicia. En materia electoral, resolver con retraso puede significar un engaño a la voluntad popular.

La información acerca de los protocolos de bioseguridad que implementará el TSE en los centros de votación para resguardar la salud de los votantes, la auditoría de la tecnología que se utilizará para la transmisión y el procesamiento de resultados a través de una comisión independiente, la celeridad que podría obtenerse si se autoriza que el conteo en el caso del PARLACEN se realice hasta el momento del escrutinio final y las medidas que adoptará el TSE cuando un votante presente síntomas de COVID, son otros asuntos no menos importantes que deben atenderse.