Lo que queda claro es que no existe un compromiso real para luchar contra la corrupción, y ello no pasó de ser una promesa electoral.

Este día, 4 de junio de 2021, el nuevo Fiscal General de la República, electo de manera inconstitucional por la actual Asamblea Legislativa, anunció el fin unilateral del convenio de cooperación que tiene la Fiscalía General de la República (FGR) con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para recibir colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).  

Estas acciones son un paso más hacia la opacidad y una muestra del debilitamiento de los mecanismos de control y de lucha contra la corrupción e impunidad, puesto que lo que se buscaba era que apoyara en las investigaciones de casos de corrupción y potenciara las capacidades institucionales de la FGR.

La CICIES fue una de las principales promesas de campaña del Presidente de la República, la cual se constituyó mediante la firma de un acuerdo marco en noviembre de 2019. Luego se firmaron otros acuerdos con instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas de la República y la FGR, y es este último el que se está dejando sin efecto.

La hostilidad del aparato estatal hacia la CICIES inició cuando esta denunció posibles casos de corrupción en el Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia, pero cuando en aquel momento se iniciaron las investigaciones, la Policía Nacional Civil (PNC) obstruyó las diligencias que llevó a cabo la FGR en un allanamiento en dicho ministerio. En abril de 2021, el Presidente de República anunció que no apoyaría una propuesta de varias organizaciones de la sociedad civil presentada ante la Asamblea Legislativa para fortalecer la independencia y capacidades de la CICIES. Lo que queda claro es que no existe un compromiso real para luchar contra la corrupción, y ello no pasó de ser una promesa electoral.

La decisión de la FGR de dejar de recibir la colaboración de la CICIES está dentro de un contexto más amplio de debilitamiento de las instituciones que velan por la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El hecho de que esa tendencia se traslade también a la CICIES –un mecanismo creado por el propio Gobierno con apoyo de la OEA– es una muestra más del desmantelamiento de los controles sobre el poder y la corrupción, y la consolidación de una tendencia hacia la opacidad en El Salvador. Es preocupante que en el país se esté debilitando cada vez más la institucionalidad, encargada de velar por la transparencia, el acceso a la información y la lucha contra la corrupción, los cuales son elementos centrales para el desarrollo de un país, a fin de garantizar que los recursos públicos sean utilizados de forma eficiente, enmarcados dentro de la ley y para el bienestar de los salvadoreños.