*Un blog de Ana Marcela López Torres

Investigadora del Departamento de Estudios Sociales


Las desigualdades estructurales pueden agudizar los efectos directos e indirectos de la crisis por COVID-19. En concreto, en el Informe de Coyuntura Social 2019-2020, se identifican tres grandes áreas con profundas brechas entre la población: empleo, educación y salud.

Con respecto al empleo, las personas en vulnerabilidad económica se encontraban en una situación laboral precaria desde antes de la crisis: nueve de cada diez trabajadores informales pertenecían a este grupo, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2019. Esto implica que ellos enfrentan la emergencia con poco acceso a la protección social contributiva, es decir, sin beneficios en salud, seguridad social y pensiones. Asimismo, los sectores laborales en los que se concentra la mayoría de la población en situación de vulnerabilidad económica –servicios de hotelería, alimentación y comercio– han sido los más afectados a causa de las medidas de distanciamiento social. Estos también son los menos “teletrabajables”; por lo tanto, los trabajadores se encuentran más vulnerables al virus que quienes laboran de manera remota. Además, existen grupos específicos más expuestos a los impactos de la crisis en el empleo, como los jóvenes y las mujeres, dado que, según la EHPM 2019, ambos se concentran en los sectores más golpeados de la economía.

En relación con la educación, desde antes de la pandemia ya existían marcadas brechas en el acceso a esta. En promedio, las personas en situación de pobreza apenas terminaban la primaria, mientras que aquellos con ingresos arriba de US$300 al mes lograban finalizar la educación secundaria. Las pérdidas de capital humano pueden darse a través de varios mecanismos. De manera directa, las dificultades que implica la educación a distancia incentivan el abandono escolar, particularmente entre la niñez y juventud provenientes de familias con ingresos bajos o medios. Por ejemplo, solo una de cada cinco personas en situación de vulnerabilidad económica tiene acceso a internet. Mientras que, de forma indirecta, los problemas de salud, nutrición o violencia que antes de la pandemia los docentes eran capaces de identificar –especialmente en las comunidades más pobres– ahora son invisibilizados debido a las medidas de distanciamiento social.

En cuanto a la salud, es importante considerar que los trabajadores esenciales más expuestos –a excepción de los profesionales de salud– son quienes se encuentran predominantemente en ocupaciones con salarios más bajos. Desde antes, las personas en vulnerabilidad económica tenían peores resultados de salud: según los datos de la EHPM 2019, la prevalencia de enfermedad en las personas del quintil más bajo de ingresos es casi el doble que la del quintil más rico. Asimismo, ante la reducción de ingresos y alza en precios de alimentos, los hogares pobres se ven forzados a recurrir al consumo de productos básicos, lo cual, según el Programa Mundial de Alimentos ha derivado en 475.5 mil personas en inseguridad alimentaria como causa de la emergencia por COVID-19.   

Ciertamente, es importante reconocer las desigualdades previamente expuestas, dado que esto permite atender las mayores vulnerabilidades de grupos socioeconómicos específicos. De esta manera, es posible construir respuestas más efectivas y equitativas para los desafíos asociados al contexto actual. Si se asume que la crisis afecta a todos por igual, las brechas estructurales sentidas desde antes de la pandemia se verán profundizadas, lo cual dejaría a los más vulnerables aún más desprotegidos.

 

Nota: Se amplía más sobre esto en el Informe de Coyuntura Social 2019-2020, el cual está disponible en:

http://fusades.org/publicaciones/ICS_19_20.pdf