Bajo ninguna circunstancia deben instrumentalizarse con fines políticos la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial. Es indispensable que los jueces puedan actuar libremente, sin presiones ni interferencias indebidas.

Ante las recientes detenciones de exfuncionarios a quienes se les acusa de haber cometido distintos delitos relacionados con el ejercicio de sus cargos, es necesario reiterar:

  1. En todo Estado de derecho el sistema de justicia debe funcionar estrictamente conforme con el orden constitucional y las leyes que regulan sus facultades para que no haya impunidad, pero tampoco abusos de poder. El debido proceso y los derechos fundamentales siempre deben ser respetados.
  2. Bajo ninguna circunstancia deben instrumentalizarse con fines políticos la Fiscalía General de la República y el Órgano Judicial, lo cual incluye iniciar procesos solo cuando existan indicios suficientes de que se ha cometido un delito.
  3. La Constitución de la República y diversos tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Interamericana de Derechos del Hombre, reconocen la garantía de que todas las personas se presuman inocentes mientras no sean vencidas en juicio, y deben ser tratadas acorde a ello, respetando en todo momento su dignidad e integridad física y sicológica. Asimismo, deben ser oídas de forma imparcial y pública ante los tribunales de justicia, asegurándoles la oportunidad real de defenderse.
  4. El derecho al debido proceso debe ser un auténtico instrumento al servicio del ser humano sobre la base de justicia, equidad y bien común, pues implica un trato imparcial e igualitario para todas las personas, sin importar su condición ni el posible delito por el que se les acuse. Es indispensable que los jueces puedan actuar libremente, sin presiones ni interferencias indebidas.

 

Antiguo Cuscatlán, 23 de julio de 2021