*Un blog de Javier Castro
Director Departamento de Estudios Legales
Originalmente publicado en La Prensa Gráfica
A 21 días del golpe a la Constitución, el escenario en términos de democracia es muy desalentador, pues ya no es lejano pensar que esta puede perderse por completo, colocándonos en una situación de difícil retorno; es por ello que, luego de los deplorables sucesos del 1 de mayo, el orden constitucional sigue roto y debe restablecerse.
Con el apoyo del aparataje de propaganda estatal, el oficialismo ha dado una serie de explicaciones sin sentido e irrazonables sobre la embestida contra dos instituciones de control que deben ser independientes según la Constitución. Algunas de estas opiniones son sorprendentes, por el doble rasero, pues provienen de funcionarios que han tenido alguna formación jurídica y en el pasado hasta habían cuestionado los ataques contra la institucionalidad y, en particular, contra la Sala de lo Constitucional.
Estas campañas buscan confundir a la ciudadanía y a la comunidad internacional, luego del rompimiento del orden constitucional, para crear la apariencia de que se actuó correctamente o dentro de “áreas grises”. Pero no, las destituciones de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de República constituyen gravísimas violaciones a la Constitución y también son contrarias al Derecho Internacional. Los posteriores nombramientos, por supuesto, también fueron realizados violando la Ley Fundamental. Para destituir a los magistrados y al fiscal, no solo se requiere contar con los votos suficientes, sino que hay condiciones constitucionales que deben observarse, y un debido proceso que respetar, lo cual no se cumplió. Remover magistrados porque son vistos como un obstáculo al ser un freno y contrapeso ante las violaciones a la Constitución, nunca será una razón válida en una democracia, sino que es un atentado contra la misma.
El rechazo de la comunidad internacional con vocación democrática obedece a que comprenden lo que significa atentar contra un tribunal constitucional, la democracia y el principio de separación de poderes. Nadie que se considere ser demócrata puede aplaudir, soslayar, minimizar o trivializar lo que implica remover arbitrariamente a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Al ser los tribunales constitucionales la última barrera en defensa de las democracias, se entiende por qué los regímenes autoritarios, para poder consolidarse, lo que buscan es controlarlos y anularlos. Este libreto ya se ha visto en algunos países de la región y se sabe que acaba destruyendo las democracias.
Derrocar a la Sala de lo Constitucional implica anular la Constitución y resquebrajar los mecanismos de frenos y contrapesos. Al no existir un tribunal constitucional legítimo, no hay un garante efectivo de la Ley Fundamental que la haga valer y, en consecuencia, las libertades y derechos están desprotegidos, y por ende también el sistema republicano.
No debe pensarse que es normal una situación de atentados contra la democracia, que han roto el orden constitucional. Lo que se necesita es que este se restablezca, se respeten las reglas de la democracia y se acate la sentencia de la legítima Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la destitución de los magistrados. No hay otra salida viable, aunque parezca difícil, pues las consecuencias de no optar por este camino pueden significar terminar de cruzar una línea desde donde el retorno a la libertad puede ser muy dificultoso.