*Un blog del Departamento de Estudios Económicos
Originalmente publicado en El Economista
El 30 de septiembre de 2020 el ejecutivo presentó un proyecto de presupuesto para 2021 que: no conduce al desarrollo humano, incumple con la Constitución, y lleva a una crisis macroeconómica con altos costos sociales.
El presupuesto general de la nación debe ser un instrumento para el desarrollo de El Salvador, un paso para que el país salga adelante luego de la pandemia, y que sea mejor que antes. La pobreza y el hambre han aumentado, el desempleo también aumentó y varios pequeños negocios han quebrado; los niños que asistían a las escuelas están sufriendo un gran rezago en su proceso educativo; muchas enfermedades diferentes al COVID-19 y los programas de vacunas se han quedado rezagados en su atención. Los ciudadanos tenemos derecho a conocer los planes y que nos expliquen sus objetivos y su viabilidad; contrario a lo esperado, el 10 de septiembre de 2020 el Ministerio de Salud declaró “El Plan Nacional de Salud” (incluyendo anexos) como información reservada. Los incrementos en áreas claves, como salud, educación y seguridad son sustanciales, US$674.9 millones –algo que todos deseamos–, pero ¿es viable cuando el país está sufriendo una crisis económica y está altamente endeudado?
También debe cumplir con la legislación y conducir al fortalecimiento de la institucionalidad y el Estado de derecho. En 2017, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el presupuesto de ese año, por no prever la totalidad de los gastos, y violar el principio de equilibrio presupuestario. El proyecto 2021 repite e incrementa las mismas fallas: las devoluciones de IVA e impuesto sobre la renta se subestiman en alrededor de US$70 millones; se omiten US$71.4 millones en pago de intereses de títulos nacionales; tanto al Órgano Judicial como a las alcaldías, no se les asignan el 6% y 10% de ingresos corrientes que manda la ley, estimándose una omisión de US$157.9 millones; no se incluye ninguno de los préstamos aprobados por la emergencia y a ejecutarse en 2021, lo cual suma US$1,337 millones; y hay una sobrestimación en la recaudación tributaria de US$625.1 millones. Lo anterior da lugar a un desequilibrio presupuestario de US$2,261.5 millones.
Este proyecto pone al país en ruta a una crisis fiscal, que puede causar sufrimiento social y altos costos al desarrollo humano. En 2020 el déficit fiscal alcanzaría los US$2,644.58 millones o 10.5% del PIB, y en 2021, con todas las omisiones, el déficit sería de US$3,901.5 millones o 15.2% del PIB. En esta ruta, la deuda pública rondará pronto el 100% del PIB. Pero más grave aún, por las omisiones y los vencimientos de deuda de corto plazo, para 2021, hay una brecha no financiada de US$1,570.3 millones. ¿Quién prestará al gobierno esta suma de dinero y a qué costo? ¿Qué pasará si las autoridades no consiguen este financiamiento? El riesgo de deuda soberana ya subió a niveles récord, el 15 de octubre de 2020 el EMBI para El Salvador fue de 9.37, comparado con 1.79 en Panamá.
Es urgente que el Ejecutivo y el Legislativo antepongan la supervivencia del país a sus proyectos individuales y lleguen a un acuerdo de nación para aprobar un presupuesto que sea realista y sostenible, utilizando los préstamos ya aprobados. La sociedad civil, la comunidad internacional, el FMI y la banca multilateral deben apoyar esfuerzos en esta dirección.