*Un blog del Departamento de Estudios Sociales

Se amplía más sobre esto en la Serie de Investigación “Presupuesto Nación 2021: Una fórmula para más pobreza y desempleo”

Para 2021, se propone destinar US$3,082.7 millones en desarrollo social, sin tomar en cuenta los fondos para pensiones, lo que corresponde a US$568.1 millones más, en comparación con el año anterior. La mayoría de esta inversión es asignada a áreas prioritarias como educación (42.8%) y salud (33.6%). Esta incluye gastos en activos fijos cuatro veces mayores, debido a las adecuaciones que se realizarán para brindar dichos servicios en un contexto pospandemia.

Sin duda, los incrementos propuestos en el área social son deseables, pero por sí mismos no constituyen una garantía. El contexto de crisis económica, recaudación fiscal limitada y alto endeudamiento es una barrera para su viabilidad. En este sentido, el desafío principal para que el presupuesto público sea una herramienta para el desarrollo es lograr un balance entre atender las necesidades de las personas y la frágil situación financiera del país. Este se relaciona con cinco retos particulares.

El primero es la factibilidad y sostenibilidad de la inversión social. Las restricciones fiscales y la necesidad de responder a una deuda cada vez más alta ponen en riesgo la disponibilidad de recursos y, por ende, la sostenibilidad de esta inversión. ¿Tendrá el Estado la capacidad financiera para asumirla? ¿Quedarán proyectos sin poderse ejecutar y áreas prioritarias desfinanciadas o será necesario recurrir a más deuda?

El segundo es el establecimiento de prioridades. Pareciera que el proyecto de presupuesto de 2021 prioriza áreas afectadas por la pandemia como salud y educación, pero deja desatendidos aspectos sociales que también se han visto perjudicados. Por ejemplo, no se contemplan acciones para mitigar los rezagos educativos, el abandono escolar y la profundización de las desigualdades en el acceso a la escuela.

El tercero es la definición de criterios de inversión. No queda claro si fueron considerados criterios de factibilidad, costo-eficiencia y focalización con base en prioridades para definir las líneas de acción en la inversión social propuesta. Por ejemplo, en 2021 se destinarán US$214.7 millones para dotar de computadoras a los estudiantes de todo el sistema educativo, cuando no todos tienen acceso a electricidad o internet para hacer uso de las plataformas virtuales que ha habilitado el Ministerio de Educación.

El cuarto es la dispersión de recursos. Existe una duplicidad e ineficiencia en el gasto público para la administración y dirección institucional entre diferentes instancias que abordan una misma temática. Prueba de ello son este tipo de asignaciones realizadas entre el FISDL y el Ministerio de Desarrollo Local.

El quinto es la falta de planificación estratégica, transparencia y rendición de cuentas. Todavía no hay un plan social y los de áreas como salud y primera infancia son información reservada. Sin el conocimiento público de la ruta de trabajo y metas perseguidas en la inversión social, difícilmente se puede evaluar la eficiencia del presupuesto y la gestión pública.

Ciertamente, en la discusión del Presupuesto General de la Nación como un instrumento catalizador del desarrollo del país, particularmente en un contexto de crisis, se debe tener en cuenta cómo estos desafíos obstaculizan el camino hacia el progreso. Paralelamente, se debe priorizar una política social integral, centrada en las personas, que brinde igual importancia a la protección social, políticas sectoriales y medidas de promoción social. Solo de esta manera, los salvadoreños podremos resolver nuestras necesidades diarias y adquirir capacidades que nos permitan alcanzar bienestar y anticiparnos así a los problemas futuros.