*Un blog de Javier Castro
Director Departamento de Estudios Legales
El 1 de mayo de 2021 quedará registrado en la historia de El Salvador, como el oscuro día en el que la nueva Asamblea Legislativa, justo al iniciar su gestión, a través de los partidos afines y dependientes del oficialismo, dio un golpe atroz a nuestra Constitución al destituir de forma inconstitucional a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y con ello violentar el principio de separación de poderes y la independencia judicial. Esta crítica situación ha dejado diezmada a nuestra democracia y en grave riesgo de perderla. Como era de esperarse, se vino una abrumadora condena por parte de la comunidad internacional con vocación democrática.
En una democracia, además de la legitimidad de origen, es imprescindible la legitimidad de ejercicio. Esta requiere ejercer el poder en apego al orden constitucional, sin excesos y sin violentar derechos fundamentales. Pero se hizo lo contrario, comenzó la nueva legislatura y sucedieron los peores escenarios que se pudieran imaginar y quedó claro el irrespeto a las reglas de la democracia. No es ser democrático, pensar que por estar en el poder y tener amplias mayorías, se puede hacer lo que se quiera cometiendo extralimitaciones.
Fue impresionante el catálogo de violaciones sistemáticas a la Constitución cometidas en pocas horas en la plenaria. Primero, con la destitución de los magistrados de la Sala, al invocarse de forma arbitraria y equivocada el Art. 186 Cn., dando la apariencia que la norma es aplicable, cuando no lo es, pues lo que se hizo fue deshacerse del tribunal constitucional para que no haya nadie capaz de frenar las violaciones a la Constitución. No es posible ni viable destituir magistrados por estar en desacuerdo con sus sentencias o no compartirlas, tal como se constató durante la plenaria. Además, no hubo debido proceso. La legítima y única Sala de lo Constitucional, oportunamente y de forma acertada, declaró inconstitucional dichas destituciones.
Pero en clara desobediencia a dicha sentencia, la Asamblea Legislativa cometió otra grave inconstitucionalidad al elegir arbitrariamente a nuevos magistrados, sin cumplir en absoluto el proceso de elección, y construyéndose una serie de argumentos absurdos, como por ejemplo, que se estaba haciendo una “aplicación directa de la Constitución” para no dejarla acéfala y además, bajo “dispensa de trámites”, lo cual no tiene ningún sentido ni base jurídica, pues existe un procedimiento regulado en la Constitución y en la ley que debe observarse. Otra de las argucias escuchadas es que era una “sustitución” y no una elección, lo cual tampoco es aplicable según la jurisprudencia constitucional, y para dato curioso que pone en evidencia el ardid, en ninguna parte del Decreto Legislativo No. 3 se menciona la palabra “sustitución” sino que habla de elección.
La destitución del FGR también fue arbitraria e inconstitucional y sin debido proceso. En la elección del nuevo titular, tampoco se cumplió el procedimiento que debe seguirse para elegir a estos funcionarios.
El golpe a la Constitución ha implicado no solo violaciones a la Ley Fundamental, sino que también a la Carta Democrática de la OEA, y a tratados internacionales sobre derechos humanos. Es urgente restablecer el orden constitucional y renunciar a las conductas antidemocráticas, pues en estos momentos las libertades individuales se encuentran indefensas frente a cualquier abuso de poder.